| 5/15/2009 12:00:00 AM

Infraestructura: manos a la obra

<br><br> 'La imaginación es el límite', observa el consultor Carlos Gustavo Arrieta sobre las amplias posibilidades que tienen ahora los privados para proponer obras al Estado.

El Gobierno ya no tiene el monopolio para proponer obras de infraestructura clave para el desarrollo del país. Desde noviembre de 2008, con la expedición del decreto 4533, también los particulares han podido participar en la concepción, prefactibilidad y propuesta de las grandes obras que se requieren para garantizar competitividad y desarrollo.

Esto abrió la puerta para que los empresarios presenten ante el Gobierno las denominadas 'obras por iniciativa privada' y para la obtención del visto bueno a la participación en la respectiva licitación para elegir el encargado de sacar adelante la propuesta.

Desde su puesta en vigencia se han presentado ocho propuestas del sector privado para sacar adelante obras de interés general, principalmente viales. En ellas se enmarcan dos de las denominadas 'megaobras': la Ruta de los Comuneros, para conectar a Bogotá con la frontera venezolana, y la Ruta de las Américas, que unirá los corredores viales de la Costa Atlántica, desde la frontera con Panamá hasta Paraguachón en límites con Venezuela.

Francisco Suárez, vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, explica que el hecho de que sean los privados quienes propongan obras estratégicas al gobierno central, departamental o municipal no es totalmente nuevo, estaba contemplado en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, nunca hubo un decreto que reglamentara el tema y estableciera bajo qué condiciones las entidades del Estado podrían estudiar y dar vía libre a este tipo de iniciativas.

La idea revivió hace unos meses, cuando comenzó a hablarse de 'megaproyectos' a partir de la integración de obras y concesiones ya existentes planteadas por particulares. En ese momento se vio la necesidad de definir los parámetros bajo los cuales operaría en el país el sistema de 'obras por iniciativa privada', que han probado su éxito en naciones desarrolladas, y más recientemente en Chile, Costa Rica y Perú.

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Obras por

iniciativa privada

El consultor independiente Carlos Gustavo Arrieta explica que se trata de un sistema que permite a los empresarios proponer ante la respectiva entidad del Estado obras de interés para la comunidad. La propuesta debe estar acompañada de una descripción básica de la obra, su costo y etapas en las que se desarrollará, análisis de riesgos, estudios de prefactibilidad técnica y financiera, del impacto ambiental que pueda generar, así como una valoración de los costos asumidos por el proponente en esta etapa.

A partir de la presentación de la obra, la entidad estatal tiene 90 días para anunciar su interés, en cuyo caso puede convocar una licitación en la cual el proponente podrá presentarse en igualdad de condiciones con otros empresarios que tengan interés en desarrollar el proyecto. Si el empresario que presentó la iniciativa no resulta ganador, quien la obtenga tendrá que reconocerle el valor de los estudios realizados, de acuerdo con unos parámetros establecidos en el decreto 4533.

Carlos Alberto Ramírez, gerente de la concesión Santa Marta-Paraguachón explica que el decreto "sin ser la panacea, desarrolla el tema y establece unas condiciones claras a los particulares sobre cómo participar en estos proyectos".

Desde el punto de vista de los empresarios, el sistema de obras por iniciativa privada no solo genera oportunidades interesantes de negocios para el sector privado, sino que además ayuda al Estado a identificar soluciones a cuellos de botella en el área de la infraestructura.

Sin embargo, Ramírez se queja de que la reglamentación concede escasos beneficios al proponente de la obra ya que no le otorga prerrogativas adicionales frente a otros proponentes. "En otros países las legislaciones contemplan que el gestor de la iniciativa tenga ventajas competitivas frente al resto, pero en Colombia me parece que no se establece una ventaja clara para el proponente porque es uno más en una licitación", asegura.

Arrieta, sin embargo, defiende la posición del Estado al dar igualdad de oportunidades a todos los empresarios, pues señala que esto permite dar participación equitativa a quienes deseen participar en estos procesos y va con el espíritu de la Ley 80 de evitar la contratación directa, así como de generar competencia a través de la licitación.

Para el vicepresidente de la CCI, la normatividad tiene un lunar: los plazos acordados para el estudio de las propuestas y la convocatoria para la licitación de las obras "son excesivamente cortos para la magnitud de muchas de las obras que se están planteando". Suárez señala que iniciativas como la 'Ruta de las Américas' son de una complejidad tal que tres meses pueden ser poco para evaluar la gran cantidad de información que tiene que suministrar el proponente. También cree que es muy corto el plazo de la segunda etapa, el 'corazón del proceso', según afirma.

Carlos Gustavo Arrieta, por su parte, destaca que la legislación abre grandes oportunidades para el sector privado ya que, como está contemplado en el decreto, los empresarios podrán proponer cualquier obra pública susceptible de ser "construida, mantenida y operada mediante un contrato de concesión". En su opinión, "la imaginación es la que pone los límites para que el sector privado desarrolle todo tipo de obras" y por este sistema pueden ser construidas desde autopistas y carreteras hasta colegios, hospitales y todo tipo de infraestructura de impacto social.

La iniciativa ya comenzó a tomar vuelo y ahora son los empresarios los encargados de darle alas a las nuevas obras que requiere el país.

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