| 10/29/2010 12:00:00 AM

Hora de modernizar los tributos en Bogotá

Los escándalos políticos que enfrenta la Administración de Bogotá podrían terminar enredando la discusión del proyecto de modernización fiscal.

La compleja estructura fiscal que opera en Bogotá no solo la ha convertido en una de las ciudades menos competitivas para hacer negocios, ocupó el puesto 19 entre 21 capitales en el último reporte Doing Business –del Banco Mundial–, sino también ha llevado a decenas de empresas a iniciar procesos de deslocalización y búsqueda de mejores condiciones tributarias para sus negocios.

Esta realidad motivó a la administración distrital a diseñar el proyecto de simplificación y modernización del sistema tributario distrital, que busca corregir buena parte de las falencias y hacer más sencillos los trámites, tasas y condiciones tributarias que desaniman a muchos empresarios.

La iniciativa tendrá que ser aprobada en el Concejo antes del 31 de octubre –cuando terminan las sesiones extraordinarias– o, corre el riesgo de quedar archivada. La ruptura entre el Polo y el Partido de la U, y los escándalos políticos por la contratación en Bogotá, hacen temer por el futuro de este proyecto, cuya importancia nadie discute. ¿Qué cambios plantea y cuáles son las preocupaciones que genera?

La secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, explica que el objetivo central de esta iniciativa “es mejorar la progresividad de los impuestos que se cobran en la capital y hacer más simple el pago de tributos como el Impuesto Predial y el Impuesto de Industria, Comercio y Avisos (ICA)”.

Para lograr este propósito, se ‘aplanan’ varias tarifas en el caso del ICA; se elimina el impuesto de publicidad exterior; se modifica el cobro del impuesto predial –no tendrá en cuenta el estrato socioeconómico de los predios sino el número de metros construidos, junto con el avalúo catastral–, y se crean incentivos para empresas de sectores con alto componente de tecnología y de generación de empleo.

En el caso específico del ICA, de ocho tarifas vigentes se pasa a tres y se reducen para actividades como edición de libros, periódicos y revistas; servicios prestados por una profesión liberal; comisionistas y corredores de bolsa; servicios de aseo, vigilancia y temporales de empleo; así como servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media. Solo suben las de actividades financieras y venta de cigarrillos, cervezas, licores y joyas.

Otro cambio importante es que simplifica el ICA para los pequeños empresarios, cuyo pago se hará una vez al año y no bimestralmente, como hasta ahora. El cálculo de este impuesto se hará con base en unos ingresos presuntos que se calcularán con base en el costo del arrendamiento del local y el número de trabajadores de la empresa, entre otros aspectos.

Aunque el espíritu de la norma ha tenido acogida, algunos de los cambios que incorpora han levantado críticas por parte de gremios, empresarios y expertos. Para el asesor legislativo, Javier Hoyos Arboleda, aunque la administración ha insistido en que la esencia del proyecto es modernizar la estructura tributaria, los cambios planteados generarán aumento en el recaudo, que podría llegar a $22.000 millones por impuesto predial y $50.000 millones por ICA.

“Creemos que este proyecto no es realmente una modernización tributaria, sino una reforma tributaria que busca aumentar los recaudos distritales. No tiene sentido incrementar los tributos mientras los industriales y comerciantes están migrando a otros municipios que ofrecen claras gabelas tributarias por instalarse en sus territorios”, explica Hoyos.

Por su parte, el director de la Andi Bogotá, Camilo Llinás Velásquez, sostiene que la iniciativa tiene aspectos interesantes, como el esfuerzo por hacer más progresivo el impuesto predial, al calcularlo con base en el avalúo catastral y el tamaño de la propiedad, pero cree que se queda corto en su ambición de lograr atraer empresas innovadoras que generen más empleo y agreguen valor. “Es un proyecto tímido y de corto alcance en el tema de modernización. Hubiéramos querido un mayor nivel de ambición para atraer más empresas de servicios y de industrias creativas”, sostiene Llinás.

De otro lado, la confusa redacción del proyecto presentado por la Administración es una de las mayores dificultades que encuentra Clara Lucía Sandoval, concejal del Partido de la U, pues, en su opinión, “no permite a los contribuyentes entender fácilmente cuál es el mecanismo para liquidar sus impuestos”. La concejal, ponente de la iniciativa, propone además cambiar el tema de ingresos presuntos para calcular el ICA para pequeños comerciantes –que contempla el proyecto de la Alcaldía–, y hacerlo con base en los ingresos reales.

Así mismo, Sandoval no cree conveniente tramitar el impuesto al deporte –que tras una demanda se cayó por un fallo del Tribunal de Cundinamarca–, pues en su opinión debe esperarse el concepto del Consejo de Estado, donde fue apelado. Su ponencia plantea también ampliar los beneficios tributarios para universidades que otorguen becas en el país –solo están contemplados para las que las otorguen en el exterior– y para entidades no educativas que hagan investigación en ciencia y tecnología.

Si bien hay que destacar el esfuerzo de la capital por modernizar su estructura fiscal, volverse más atractiva para la inversión y no entrar en una batalla de ‘canibalismo tributario’ con los municipios vecinos, lo cierto es que la iniciativa que cursa en el Concejo tiene muchos lunares que deberían corregirse para que su aprobación redunde en mejores condiciones para todos los bogotanos.

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