| 4/19/2010 7:00:00 AM

Gasto estatal, en regla

La regla fiscal busca generar equilibrio entre los ingresos y gastos de la Nación, señalar el nivel máximo de endeudamiento y adoptar mecanismos de ahorro para poder hacer política anticíclica en época de 'vacas flacas'.

Los tiempos de los gobiernos 'gastones' y endeudados por encima de sus posibilidades están a punto de acabarse en el país. La adopción de una ley de 'regla fiscal' podría darle la estocada final a un estilo de manejo fiscal que en el pasado ha generado largos periodos de déficit, dificultades macroeconómicas y riesgo de incumplimiento del Estado en honrar sus deudas.

Desde finales del año pasado, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, ha utilizado varios foros de discusión y análisis para destacar la importancia de adoptar la regla fiscal que les dé estabilidad a las finanzas públicas, defina las reglas de juego en materia de deuda y auspicie el ahorro en épocas de bonanza para enfrentar los tiempos de crisis de la economía colombiana.

Sin embargo, expertos como Sergio Clavijo, director de Anif, consideran que antes de establecer una regla fiscal, el gran desafío para el nuevo gobierno será "avanzar en los cambios estructurales que se han venido aplazando en los últimos años y que deben tener prioridad", principalmente los relacionados con reformas a los sistemas de salud y pensiones.

La nueva administración, sostiene Clavijo, "deberá ocuparse más de los ajustes estructurales -de los paños menores- que del 'pulimento fiscal' del smoking".

Pero, ¿en qué consiste la regla fiscal y qué podría esperarse de su adopción? Básicamente se trata de una norma que parte de la proyección de unos escenarios de ingresos y gastos que generará un país en el largo plazo, con base en la cual se definen el nivel máximo de endeudamiento que se puede permitir, el superávit al que se comprometerá en un periodo específico y los mecanismos para ahorrar, de manera que el Gobierno tenga recursos para hacer política contracíclica en épocas de 'vacas flacas'.

Su aplicación permite darle transparencia al manejo de los recursos públicos y generar confianza en el mercado sobre el uso racional de los ingresos y gastos.

Ya otros países de la región, como Chile, México, Brasil, Perú y Argentina, han acudido a la regla fiscal para mantener la disciplina macroeconómica, algunos con mejores resultados que otros.

El caso de Chile, por ejemplo, ha sido destacado porque allí la regla fiscal fue adoptada por el gobierno y hubo un consenso nacional que mostró muy buenos resultados, pues permitió acumular ahorros importantes -a través de fondos como el del cobre- para épocas de crisis como la que acaba de pasar. Sin embargo, en otros países como Argentina su adopción no fue afortunada porque se fijaron estrictos parámetros desde un principio en materia de ahorro y déficit, que fueron incumplidos y generaron desconfianza.

En Colombia, desde noviembre de 2009, el ministro Zuluaga convocó un grupo de trabajo para avanzar en el diseño de la regla fiscal 'a la colombiana' y se estima que para finales de mayo estará listo un borrador con el proyecto de ley que será presentado a consideración del Congreso de la República para su aprobación. La regla definirá el nivel de superávit al que aspira el país, así como la creación de fondos para ahorrar los excedentes de liquidez que se podrían obtener con las esperadas bonanzas de petróleo y minerales en los próximos años.

Un momento clave para adoptarla

Aunque algunos expertos han señalado que el final de un gobierno no es el momento más propicio para introducir una ley como la regla fiscal, funcionarios de Minhacienda defienden la iniciativa al señalar que dos normas anteriores, la ley de Marco Fiscal y la de Responsabilidad Fiscal, fueron planteadas al final del gobierno de Andrés Pastrana y se aprobaron durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Con la regla fiscal existe confianza en que a partir de la socialización de la iniciativa se logrará el apoyo de los legisladores y de los colombianos en general.

Para el Ministro de Hacienda, una consideración fundamental para avanzar en su adopción tiene que ver con las expectativas de aumento en los ingresos generados por la explotación de recursos básicos como petróleo y minerales que, así como son una bendición para las finanzas del país, pueden terminar afectando el desempeño de otros sectores productivos -principalmente de la industria- si no se da un manejo adecuado a las abundantes divisas que se generan con las bonanzas de estos productos que tienden a profundizar la revaluación.

El ex ministro e investigador de Fedesarrollo, Guillermo Perry, asegura que para el país resulta fundamental adoptarla, "porque esta bonanza que acabamos de tener de 2005 a 2008 la manejamos muy mal: se gastaron todos los recursos excedentes y cuando hubo necesidad de hacer una política contracíclica no se pudo hacer mayor cosa porque no había con qué".

Perry considera que la regla fiscal adoptada por Chile debe servir de ejemplo para Colombia, aunque con algunos ajustes. El primero de ellos que, a diferencia de Chile, donde la regla se define sobre el balance fiscal total al ser la deuda de este país solo 4% del PIB, en Colombia tendría que hacerse solo sobre el balance primario -es decir, sin tener en cuenta el servicio de la deuda- ya que la deuda externa colombiana se acerca al 40% del PIB.

Otro tema para ajustar es la elaboración de las proyecciones de largo plazo sobre precios de los productos primarios pues, mientras en Chile es un panel de expertos externos el encargado de hacer estos cálculos, en Colombia el Gobierno ha estado en contra de contratar con terceros el cálculo de proyecciones.

Perry sugiere solucionar este tema encargando al Banco de la República de realizar dichas estimaciones, dado que es una entidad autónoma y con la experiencia para hacerlo.

Frente a la definición de la regla, Sergio Clavijo propone un consenso social "sobre la necesidad de generar anualmente un superávit primario del orden del 1% del PIB de forma sistemática y consistente".

El Gobierno es consciente de que una regla fiscal le 'amarra las manos' en materia de gasto. Sin embargo, los beneficios de su adopción saltan a la vista, pues no solo contribuirá a sanear las finanzas públicas, sino que dará claridad y garantía sobre el manejo eficiente de los recursos del Estado.

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