| 10/15/2004 12:00:00 AM

Esta vez quién paga

La ciudad de Barranquilla está al borde de una nueva crisis fiscal, disparada por la lentitud en la revisión de algunos gastos y porque el Distrito no sabe quién le debe ni cuánto valen sus ingresos.

La situación fiscal para el Distrito Especial de Barranquilla está cerca de hacer una nueva explosión. Demoras en la revisión de la legalidad de las pensiones y sombras en la información de ingresos se unen al creciente retraso en los pagos a los acreedores, en una mezcla demasiado peligrosa para las finanzas del Distrito.

Desde cuando suscribió un programa de ajuste fiscal en junio de 2001, que fue seguido por un acuerdo de acreedores en Ley 550 en diciembre de 2002, Barranquilla ha incumplido permanentemente sus compromisos de recaudos y de pagos.

En 2002 les entregó a sus acreedores $4.600 millones menos de lo programado, en 2003, $20.600 millones menos y a junio de este año al rezago se suman otros $23.200 millones.

Por el lado de los recaudos, la situación no es mejor. Mientras que en la programación para la Ley 550 se esperaba que los ingresos no tributarios sumaran $7.000 millones anuales, solo se recaudan $700 millones cada año.

Las consecuencias de estos incumplimientos son serias. En el escenario más leve, la capital del Atlántico no podría financiar proyectos como el sistema de transporte masivo TransMetro. En un escenario más duro, los acreedores que no hayan recibido sus pagos oportunamente podrían solicitar la terminación del acuerdo de la Ley 550 y esto judicializaría de nuevo las deudas de la ciudad, lo que les costaría sumas enormes a la ciudad y a la Nación. Hoy las deudas valen cerca de $500.000 millones.

Detrás de esta situación hay dos problemas de fondo. Uno en el lado de los gastos. La administración de Humberto Caiaffa, el anterior alcalde, había estimado que una porción de las pensiones a cargo del Distrito no debía pagarse. Estas jubilaciones, que valen cerca de $15.000 millones, no reunían los requisitos de ley para ser cobradas o debían ser asumidas parcialmente por otros fondos de pensiones. Para evitar su pago, se debía hacer una revisión que hasta ahora, a juicio del Ministerio de Hacienda, no se ha hecho con ningún rigor. De hecho, la cifra de pensiones no se ha rebajado ni un peso. La tarea no es sencilla, porque los administradores municipales les temen a las amenazas que se recibirían si se 'revuelven' esas cuentas.

Pero el faltante fiscal de La Arenosa, que este año valdrá $31.000 millones, se debe cerrar además con aumentos de ingresos. La razón es que el desorden en la información de los recaudos está llegando a niveles de alarma. Las cifras de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio y de la empresa que recauda impuestos en Barranquilla no son iguales.



El problema de los ingresos

"Los impuestos predial y de industria y comercio han tenido un crecimiento vegetativo. Aumentan más por efecto de indexación que por una política de eficiencia en los recaudos", le dijo a Dinero el alcalde Hoenigsberg. Esa afirmación se puede verificar en las cifras de los recaudos que llegaron a la Tesorería y que registra la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, en su informe anual, la firma Métodos y Sistemas (M y S), concesionaria del recaudo de impuestos en Barranquilla, señala que los ingresos tributarios aumentaron 59% entre las vigencias 2001-2002, y 12% entre 2002-2003, que son cifras mayores a las de un crecimiento vegetativo.

Desenredar la diferencia no es fácil. Por ejemplo, en 2003 Métodos y Sistemas reportó recaudos por impuesto predial por $50.689 millones, mientras que el Ministerio de Hacienda señala que el municipio recibió ese año apenas $39.649 millones. En industria y comercio la disparidad es similar, pero en sentido contrario: $52.100 millones informados por M y S, contra $54.700 millones del Ministerio de Hacienda.

Un cálculo sencillo dificulta más la interpretación de los números. Con datos del Instituto Agustín Codazzi (Igac) -actualizados a 1998-, los 268.700 predios urbanos de Barranquilla están avaluados en $7,4 billones. Si a ese valor se le cobrara la tarifa promedio que se paga en la ciudad, que según el alcalde es de 3,5 x 1.000, el recaudo de predial debería ser de $26.000 millones anuales. M y S informa en su página de internet que el recaudo de impuesto predial en 2003 fue de $50.689 millones, lo que daría una tarifa efectiva (recaudo/avalúo) promedio de 7 x 1.000. Con esto, Barranquilla sería la ciudad con una de las mayores tarifas promedio del país.

El desconcierto sobre la información aumenta cuando se encuentra que, hasta septiembre, los tributos por impuestos de industria y comercio superaron los del predial, una situación que no ocurre en ningún otro municipio del país. A esa fecha, con datos de la Secretaría de Hacienda de Barranquilla, se habían recaudado $51.668 millones en predial y $60.252 millones en industria y comercio.

No es sencillo saber qué ocurre, porque M y S tiene las bases de datos de los contribuyentes de Barranquilla. "Hoy no se sabe cuántos son los contribuyentes, ni cuánto valen las cuentas por cobrar ni los recaudos efectivos", le dijo a Dinero un funcionario de la Contraloría Nacional.

Consultada sobre el tema, Claudia Díaz, gerente técnica de M y S, afirmó que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen la posibilidad de acceder en tiempo real a esa información y que la fiduciaria La Previsora tiene el encargo de vigilar y seguir las cifras de recaudos. Sin embargo, el alcalde de Barranquilla dice que la información de M y S no siempre es oportuna y que es imposible establecer el saldo de cartera. "M y S reconoció que la base de datos es propiedad exclusiva del Distrito y han empezado a entregar parcialmente la información", manifestó.



Antes de que estalle

Las condiciones de Barranquilla no dan mucha espera. Hasta ahora, los bancos venían refinanciando las deudas de la ciudad, pero el Ministerio de Hacienda les recordó que esas operaciones modifican los términos del acuerdo de la Ley 550 y por ello están prohibidas.

El alcalde Hoenigsberg solucionará formalmente el problema de incumplimiento, al cambiar las proyecciones de ingresos y gastos con sus acreedores como lo prevé la Ley 550 y para ello realizará en noviembre una asamblea de acreedores. Pero el lío fiscal de Barranquilla no se resuelve solo con la modificación de las metas, sino -por lo que parece- con la revisión de las pensiones y de la información sobre el recaudo.
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