| 3/26/2010 12:00:00 AM

Energía: hora de reducir las cargas fiscales

Un estudio de Fedesarrollo señala que el sistema de subsidios y contribuciones a la energía cumplió una buena labor, pero no es el instrumento adecuado para lograr la equidad.

La ventaja comparativa de tener una gran riqueza hídrica, que le permite al país generar abundante energía a bajo costo, no ha sido suficiente para que las industrias colombianas sean competitivas con las tarifas que pagan por este servicio.

La alta carga impositiva sumada al costo de la energía está llevando a que la tarifa final se convierta en un factor que le resta competitividad al sector productivo del país, como explica Daniel Romero, director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Andi. El tema cobra especial relevancia en momentos en que los parámetros internacionales indican que hay una correlación positiva entre el desarrollo económico y la demanda de energía.

Un documento del Consejo Privado de Competitividad señala que "a medida que una economía crece, la importancia de la energía para su desarrollo aumenta". Por eso sostiene que, si el país quiere mantener tasas de crecimiento elevadas en forma sostenida necesita contar "con la suficiente infraestructura y las capacidades para generar la energía necesaria para suplir una creciente y cada vez más variada demanda".

La discusión sobre el alto costo de la energía tiene enfrentados en este momento al sector privado y al Gobierno, pues aunque desde tiempo atrás los empresarios han insistido en la urgencia de modificar los excesivos impuestos que se cobran, entre ellos la denominada 'contribución de solidaridad', en la práctica solo se han obtenido promesas de una revisión que todavía no se ha cumplido.

¿Qué tan competitivo es el precio de la energía en Colombia y cómo afecta el desempeño de las empresas? Las conclusiones de un reciente estudio realizado por Fedesarrollo, por encargo de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y la Asociación de Generadores (Acolgen), arrojan nuevos elementos para la discusión.

El estudio señala que, si bien el precio de generación en el mercado mayorista resulta eficiente, "el precio al usuario final no es tan competitivo por problemas asociados a la existencia de contribuciones e impuestos muy altos en el sector, y por algunas decisiones de la regulación que han afectado a otros componentes de la cadena, especialmente transmisión, distribución y comercialización".

La presidente de Acolgén, María Zulema Vélez, destaca cómo el estudio ratificó que la generación de energía es altamente competitiva pero no así el precio al consumidor industrial. "Nosotros acompañamos a la Andi en que es necesario revisar los precios al usuario final que, como en el caso de la industria, no tiene los precios más competitivos".

Para el Consejo Privado de Competitividad, el elevado precio frente al patrón internacional tiene efectos nocivos sobre la competitividad de las empresas, dado que para muchas industrias, "la energía no es un servicio público, como lo es para los hogares, sino un insumo básico de producción".

Uno de los impuestos más onerosos es la contribución de solidaridad, que alcanza una tarifa de 20%, y que para los expertos debe revisarse. El estudio encontró que los precios de la energía en Colombia solo son superados por el sistema interconectado del Norte Grande de Chile, pero están por encima de los que registran países como Venezuela, Argentina, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Brasil y el resto de Chile. En Estados Unidos los precios de la energía que pagan las compañías equivalen a 68% de lo que paga una empresa colombiana.

El cargo por contribución busca que los empresarios y los habitantes de estratos residenciales 5 y 6 paguen tasas adicionales para financiar la energía a los estratos más pobres de la población. Para Romero, "estos mayores costos nos dejan fuera de competencia en precio de kilovatio por hora pero, por otro lado, son subsidios que no están llegando a quienes realmente los necesitan por algunas fallas que persisten en la estratificación".

El estudio de Fedesarrollo concluye al respecto que "el sistema de subsidios y contribuciones cumplió una buena labor, pero ya no es el instrumento adecuado para lograr la equidad".

Aparte del cargo por solidaridad, los empresarios pagan aportes al Fondo de Apoyo Financiero para la Electricidad de zonas rurales interconectadas (Faer), al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas no Interconectadas (Fanzi), y al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), los cuales suben a cerca de 25% las cargas por impuestos.

La consecuencia inmediata de tener baja competitividad en las tarifas industriales se nota en la ausencia de industrias que incorporan alto valor agregado y que consumen grandes cantidades de electricidad, pues se 'espantan' con las tarifas vigentes.

Para el presidente de Electroporcelana Gamma, Mauricio Yepes, "la ventaja de tener energía hidráulica no se transforma en una ventaja competitiva para la industria y esto hace que ciertos sectores altamente consumidores de energía no encuentren a Colombia viable para desarrollar sus negocios o hacer proyectos con alto valor agregado".

En otras palabras, el alto costo de este insumo está ahuyentando la inversión en industrias intensivas en uso de energía, en momentos en que el Gobierno desarrolla una agresiva política para atraer nuevos capitales que potencien el desarrollo del sector productivo en el país. Entre los sectores altamente consumidores de energía están los de fundición, aluminio, metalmecánica, herrajes, papel y petroquímica.

Daniel Romero resalta que hoy muy pocos países tienen impuestos para la energía, "porque entienden que esto es nocivo para el desarrollo". Y, aunque reconoce que el Ministerio de Minas ha escuchado los clamores de los empresarios, hasta el momento encuentra que esto no se ha traducido en decisiones concretas para desmontar los impuestos.

Para el Gobierno, el desmonte de estos tributos no resulta fácil en momentos de restricciones fiscales. Por eso tendrá que hacer una revisión a fondo de las alternativas para obtener los recursos que destina a subsidiar los estratos bajos de la población o, incluso, pensar en su desmonte en un plazo no muy lejano.

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