| 8/6/2004 12:00:00 AM

En privado

La Nación pretende recoger $5 billones por la venta de su participación en empresas productivas para sanear el déficit fiscal de 2004 y 2005. ¿Son buenas intenciones o es un programa viable?

La buena noticia, el programa de privatizaciones para 2004 y 2005 está más claro en las oficinas del gobierno de lo que creen los banqueros de inversión. La mala, el manejo del plan tendría que ser demasiado preciso para cumplir medianamente las expectativas del gobierno para disminuir el déficit de 2004 y 2005.

El gobierno espera recoger $5 billones por la venta de empresas en 2004 y 2005. Esto es el 21% de los $24 billones que vale en libros la participación estatal en empresas productivas. Por disposición del Conpes en abril, con el dinero de la venta se pagarán pasivos de la Nación para recortar de manera permanente el déficit fiscal.

La jugada tiene una justificación financiera sencilla y contundente. La rentabilidad de los activos es inferior al costo de la deuda. Así, por ejemplo, la rentabilidad de ISA para el Estado es de 3% anual, cuando el costo promedio de la deuda interna es 11,8% y de la externa en 8,6%. También tiene una justificación estratégica, por cuanto la mayoría de las participaciones estatales no permite el control de la empresa, por lo que no hay una razón importante para comprometer más recursos públicos allí.

El papel que se les asignó a las privatizaciones en el cierre del hueco fiscal de 2004 se ha ido achicando. El Conpes estableció que la venta de activos debería valer como mínimo 1% del PIB ($2,4 billones), el plan financiero bajó la meta a $500.000 millones. Sin embargo, las cuentas del gobierno muestran que en 2005 se venderían $4,4 billones, una cifra que parece demasiado optimista.



Los de 2004

El criterio y el calendario de ventas están bastante definidos. De una parte, las inversiones estratégicas, como Ecopetrol, no saldrán a venta. Por eso, ningún presupuesto oficial contempla la posibilidad de acercarse siquiera a vender una parte sustancial de los $24 billones que vale la participación estatal en distintas empresas.

Para este año, el programa ya está en la mesa. Corfinsura tiene el mandato para vender el 8% de las acciones de ISA y se espera que en octubre las ofrezca a grupos solidarios y de empleados, como ordena la ley de privatizaciones. El mandato incluye también la venta del 35% de Transelca, una empresa en la que Ecopetrol tiene una inversión minoritaria.

Además, se venderá la participación que tenía el IFI en cerca de 25 empresas como la Corporación Financiera del Valle, Davivienda, Propal y Proban. Son activos de venta más sencilla, para los cuales ya hay algunos clientes seguros. La operación de Proban, por ejemplo, está bastante cerca de culminarse.

También se espera cerrar el negocio de la Electrificadora del Tolima, proceso que terminaría con la cancelación de pasivos con la FEN, y con particulares y no le daría caja nueva a la Nación.

Posiblemente se concluya la operación de los fondos ganaderos antes de fin de año, lo mismo que ya se cerró la del Banco Aliadas.



Acelerador a fondo

Una segunda etapa quedaría definida a principios de 2005 cuando Planeación Nacional presente un nuevo documento Conpes, con un calendario de ventas muy ambicioso. Este incluiría la enajenación de Ecogas, para la cual ya se firmó el contrato para valoración con Santander Investment y en diciembre debería empezar su venta. Este, junto con la Electrificadora del Nordeste (Santanderes y Boyacá) que también saldrá a venta, son los activos más valiosos del portafolio estatal.

Se vendería Cisa, el colector de cartera mala de los bancos de Fogafin, para la cual habría fondos del exterior interesados y sería una compra barata por cuanto se descapitalizará en $300.000 millones; el 25% de la Chec (Caldas manifestó en principio su interés de compra); electrificadoras, posiblemente Cundinamarca, Meta; Granahorrar, Bancafé y Fidufes.

Se ofrecería además el 51% de ISA, una vez se saquen de esa compañía el Centro Nacional de Despacho, que administra la operación de interconexión eléctrica en el país, y la operación del mercado mayorista de energía.

El cronograma para la enajenación de las inversiones no estratégicas de Ecopetrol en la Empresa de Energía de Bogotá, Termotasajero e Invercolsa no está bien establecido aún, pero es prioritario. La Ley del Plan señala que cualquier inversión en refinación (crucial para que la industria petroquímica nacional sobreviva con el TLC) está sujeta a la venta de esas empresas o a que haya nueva inversión privada. Estas empresas valen en libros $800.000 millones.



¿Se venderán?

Los problemas prácticos del plan son muchos. El primero es que los banqueros de inversión consultados por Dinero no conocen el plan del gobierno, sorprendentemente, ni en sus líneas gruesas. "El mercado no sabe qué va a privatizar ni siente que el gobierno haya tomado las decisiones completas", dice uno de los banqueros.

Además, hay bastante incredulidad sobre la capacidad del gobierno para cumplir plazos. Mencionan que la negociación del mandato de venta de Ecogas tardó cinco meses y que hoy, el Comité de Aprovechamiento de Activos Públicos, grupo creado desde abril para mover el programa, se ha reunido apenas cuatro veces.

Se requiere una decisión política más fuerte, porque las mismas empresas del programa pueden resistirse al proceso. Por eso, sugieren fortalecer la gerencia del plan de privatización, con más personas y un mayor presupuesto. Armando Montenegro, del banco Rothschild, recuerda que en los 90 el gobierno contó con dinero del BID para adelantarlo.

Parece haber mercado para las empresas. "En términos generales, el apetito por activos debería ser suficiente para colocarlos. Las opiniones sobre Colombia son buenas y el ambiente de negocios ha mejorado", sostiene Bruce MacMaster, del banco de inversión Inverlink.

Sin embargo, hay más temores sobre varias firmas específicas. Es el caso de Monómeros, por ejemplo, que se ha tratado de vender desde 1990 con toda clase de fórmulas. También se dificultará vender por debajo del valor en libros los bancos de Fogafin, a pesar de que el mercado no esté dispuesto a pagar esas sumas. El temor a investigaciones posteriores de la Contraloría por detrimento patrimonial, los haría invendibles.



El problema del gasto

El programa de ventas, si funcionara, sería un puntal importante para mejorar el balance del Estado. "En general, el gobierno no hace ningún papel teniendo esas inversiones", señala el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes.

El gran problema es qué se va a hacer con ese dinero. "Es mucho más productivo y sensato pagar la deuda, que usarlo en gasto corriente", opina. "Si se dedicara a invertir en colegios y clínicas, quizás, pero si se trata del pago de maestros, médicos o, peor, burocracia, lo dudaría", añade el ex ministro Hommes. Incluso sugiere que el ahorro de intereses se podría usar para gasto social.

Andrés Escobar, investigador de la Universidad de los Andes, concuerda con la necesidad de que se reduzca la presión fiscal con el pago de deuda, pero advierte que tal vez haya mucho optimismo en que se vendan los activos. "Están contando demasiado con la plata". De hecho, la Ley ya establece que el 10% del producto de las ventas debe invertirse en proyectos de desarrollo regional en el sitio donde esté ubicada la actividad principal de la empresa que se venda.

Para vender se debe acelerar el ritmo de apertura de procesos, pero además se debe abrir cuanto antes la discusión sobre el uso detallado que se dará a los recursos. Desde 1991, el país vendió medio centenar de empresas que le reportaron casi US$5.000 millones. Es necesario que se afinen los planes para que dentro de unos años no haya que preguntarse qué se hicieron los US$1.900 millones de este nuevo proceso.
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