| 7/22/2005 12:00:00 AM

En busca de la profesionalización

Después de varios intentos fallidos por sacar adelante una ley para el desarrollo del mercado de valores, el gobierno puede cantar victoria.

Por años, el gobierno había venido trabajando en un proyecto de ley para el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores sin mucho éxito. La razón, un proyecto de esta naturaleza tenía innumerables opositores que se beneficiaban del complejo sistema de normas que regulaban el mercado de valores en el país.

Si bien la ley que acaba de ser sancionada es menos ambiciosa de lo que se previó inicialmente, es un avance en la medida en que ordena la normatividad y la pone al día, profesionaliza la actividad y establece las bases para una mayor protección de los inversionistas minoritarios. Desde 1993, cuando la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Estatuto Orgánico de Valores, el mercado de valores se quedó sin un marco regulatorio. Sus normas estaban dispersas en diferentes leyes, decretos y regulaciones. Tampoco había claridad respecto a su vigencia ni un catálogo claro de infracciones. El procedimiento sancionatorio era complejo y engorroso.

Adicionalmente, la legislación se había quedado rezagada frente al desarrollo del mercado de capitales de los últimos años y frente a las exigencias que se deriven de la próxima integración de las superintendencias Bancaria y de Valores.

La Nueva Ley

La Ley 964 sancionada por el presidente Álvaro Uribe el 8 de julio de 2005, en sus primeros cinco artículos ordena la compilación de las normas referentes al mercado de valores en un estatuto orgánico, define el concepto de valor y establece cuáles son las actividades del mercado de valores. Establece también la forma en que el gobierno debe intervenir en el mercado. Para tal fin, elimina la Sala de Valores de la Supervalores y deja la intervención y regulación del mercado en cabeza del gobierno por medio del Ministerio de Hacienda.

Entre los objetivos de la intervención que establece la ley están la protección de los derechos de los inversionistas, la promoción, desarrollo y eficiencia del mercado de valores, la prevención y manejo del riesgo sistémico, la preservación del buen funcionamiento, la equidad y la transparencia.

En los artículos siguientes, esto es, del sexto en adelante, la ley establece las normas de carácter ordinario para el mercado de valores, como la supervisión, el desarrollo del Sistema Integrado de Información del Mercado de Valores (SIMEV), el establecimiento de los sistemas de compensación y liquidación y depósitos, el funcionamiento ordenado del mercado, la protección a los inversionistas y las infracciones y sanciones administrativas.

En contraste con la normatividad anterior que regulaba y vigilaba por razón del sujeto, la nueva ley lo hace por actividad. Es decir, cualquiera que negocie con valores será sujeto de la vigilancia de la Superintendencia de Valores o cualquier entidad que la sustituya. La supervisión por sujeto y no por actividad daba lugar a un arbitraje regulatorio como era el caso -por ejemplo- de los fondos de valores que eran vigilados por la Supervalores y los fondos fiduciarios vigilados por la Superbancaria.



Un mercado más seguro

Para garantizar la seguridad en las negociaciones y en el sistema de pagos, se deberá crear un sistema moderno de información del mercado de valores. Adicionalmente, se establecen normas destinadas a elevar los estándares y profesionalizar los agentes, mejorar la infraestructura del mercado, otorgar seguridad a las operaciones, proteger a los inversionistas y regular la negociación.



Compensación y liquidación

Quizás uno de los mayores logros fue haber establecido por ley la obligatoriedad de los sistemas de compensación y liquidación para los diferentes administradores -cámaras de riesgo central de contraparte, bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de commodities, Banco de la República y depósitos centralizados de valores-. (Mediante la compensación se determina lo que las partes se deben entre sí y por liquidación el pago de esas deudas).

Para los fines de la compensación se establece el principio de finalidad, es decir, las órdenes de transferencia de fondos o valores que se deriven de las operaciones sobre valores serán firmes, irrevocables, exigibles y oponibles frente a terceros. De igual forma, se establece que las garantías entregadas en un sistema de compensación y liquidación de operaciones no podrán ser objeto de reivindicación, embargo, secuestro, retención o cualquier otra medida cautelar.

Para la prestación del servicio de compensación y liquidación, se establece la figura de las Cámaras de Riesgo Central de Contraparte. Podrán ser socios de estas cámaras hasta en el 10%, los intermediarios de valores, los establecimientos de crédito, las compañías de seguros, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las bolsas de valores, las bolsas agropecuarias, las sociedades administradoras de sistemas de negociación y los depósitos de valores. También las entidades del exterior autorizadas por la Supervalores.



Un mercado ordenado

En cuanto al funcionamiento ordenado del mercado, la ley extiende las inhabilidades previstas en las normas vigentes para los administradores de las bolsas de valores a los administradores de las sociedades administradoras de sistemas de negociación y a los administradores de las bolsas de productos agropecuarios, agroindustriales y commodities.

Crea la figura del Contralor Normativo para las sociedades comisionistas de bolsa con el fin de que vele por el cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, así como por las medidas internas de buen gobierno. El contralor debe ser nombrado por la junta directiva, debe ser independiente y debe asistir a la junta directiva con voz pero sin voto.

Se adopta el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la constitución de entidades en el mercado de valores.

La autorregulación que hasta el momento era exclusiva de las sociedades comisionistas de bolsa se hace extensiva a cualquiera que realice actividades de intermediación de valores. La autorregulación debe hacerse por medio de organismos especializados en el tema, los cuales a su vez estarán supervisados por la Supervalores.



Los minoritarios

Uno de los mayores obstáculos que se presentaron en el proceso de lograr una ley para el mercado de valores fue el relacionado con la protección a los minoritarios. No obstante, la ley avanzó en el tema, lo cual es fundamental para atraer inversionistas nuevos al país.

En cuanto a la protección directa a los accionistas, la ley estableció la obligatoriedad por parte de la junta directiva de considerar y dar respuesta a las propuestas que sean presentadas por un número plural de accionistas que represente, al menos, el 5% de las acciones suscritas. De igual forma, cada vez que una sociedad quiera readquirir acciones lo deberá hacer mediante mecanismos que garanticen la igualdad de condiciones para todos los accionistas.

Los acuerdos entre accionistas, por su parte, deberán divulgarse al mercado inmediatamente sean suscritos, por medio del Registro Nacional de Valores y Emisores. Los que se hayan suscrito antes de la ley deberán inscribirse dentro de los tres meses siguientes a su expedición.

En cuanto al gobierno de los emisores de valores se estableció que podrán tener entre 5 y 10 miembros en sus juntas directivas, de los cuales el 25% debe ser independiente. Los suplentes deben ser personales y los representantes legales no podrán ser presidentes de la junta directiva.

Por último, la ley define claramente las infracciones, así como las sanciones que deben aplicarse.
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