La búsqueda de recursos por más de $2 billones, que planea hacer el Gobierno con un proyecto de reforma tributaria de tan solo 12 artículos, podría resultar más compleja de lo que muchos esperan.

La iniciativa contempla tres cambios sustanciales: establecer un impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas cuyo patrimonio líquido supere los $3.000 millones; reducir del 40% al 30% las deducciones sobre el valor de las inversiones en activos fijos productivos y eliminar la aplicación concurrente de este beneficio para las empresas ubicadas en zonas francas, cuya tarifa de renta es de 15%.

Los cálculos ya están hechos para las dos primeras decisiones: por el nuevo impuesto al patrimonio se recaudarán $1,3 billones y por la reducción en las deducciones unos $700.000 millones. Y aún está por verse cuánto generará la eliminación de doble beneficio para las empresas en zonas francas, que algunos calculan en $500.000 millones.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, defiende su iniciativa de 'ajuste tributario' para financiar los gastos recurrentes de la Política de Seguridad Democrática de 2011 a 2014, los cuales se concentran en pie de fuerza, mantenimiento de equipos y manejo de víctimas y desplazados. En 2010 termina el cobro del actual impuesto al patrimonio, cuya tarifa es 1,2%, y se cobra sobre una base fija de patrimonio de $3.000 millones a enero de 2007.

Como la mayoría de reformas tributarias, esta también ha sido blanco de todo tipo de críticas, incluidas las de analistas económicos, académicos, ex ministros, empresarios y congresistas, quienes consideran que ni sus características ni el momento actual son propicios para sacarla adelante.

Para comenzar, la presentación de esta iniciativa se da a la par con el comienzo de las campañas para elegir senadores y representantes y cuando el Ejecutivo acaba de sufrir un fuerte revés en el manejo de sus mayorías en el Congreso (perdió las mesas directivas). Como si esto fuera poco, en 2009 la economía colombiana ha sentido el rigor de la crisis financiera, a la que se han sumado nuevas dificultades con los países vecinos.

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, cree que la reforma es inoportuna y tiene sus reservas frente al impuesto al patrimonio, creado como un impuesto temporal en 2002 y que busca ahora su tercera prórroga, porque en su opinión "no es técnico y desalienta la inversión".

El asesor de asuntos legislativos, Javier Hoyos, explica que, aunque el nuevo impuesto reduce la tarifa del 1,2% al 0,6%, se cambió la base gravable, que ahora tendrá en cuenta la riqueza poseída al primero de enero de cada año. Esto, en su opinión, significa que para 2014, cuando está previsto que termine este gravamen, estarán pagándolo quienes hoy tienen un patrimonio líquido de $2.500 millones, por ajustes inflacionarios.

Un tema que le preocupa a Hoyos son los excesivos controles en los casos de disminución patrimonial o adquisición de deuda, planteados en la reforma para evitar que por la vía de fraccionamiento o contratación de nuevos créditos se reduzca el patrimonio. Hoyos considera que "la norma debe ser matizada pues, si bien su intención es evitar fraudes, no se pueden castigar de manera general las operaciones económicas legales que tengan sus soportes documentales y contables correctos".

Los expertos coinciden en la conveniencia de reducir los abultados beneficios fiscales vigentes, como las deducciones para activos productivos, las zonas francas y los amparados por contratos de estabilidad jurídica, cuyo costo se calcula en $7,5 billones.

Restrepo destaca que la reforma "está bien orientada al reducir las gabelas y privilegios tributarios que se han venido acumulando y tienen un costo extravagantemente alto".

El presidente de Anif, Sergio Clavijo, va más allá y, en su Informe semanal, aseguró que "la estabilidad tributaria para unos pocos, manejada de forma discrecional, es un camino seguro hacia la inestabilidad tributaria para la mayoría".

Un debate duro

Ni la proximidad de las campañas regionales ni la dispersión que han tenido algunos congresistas que apoyan la coalición del Gobierno le generan temores al senador Gabriel Zapata frente a la aprobación del proyecto de Reforma Tributaria, pues asegura que esta "no toca a la clase media colombiana".

Zapata cree que, tanto los partidos de oposición como quienes apoyan al Gobierno ven la necesidad de aprobar esta iniciativa por la urgencia de obtener los recursos para garantizar la política de seguridad democrática a partir de 2011, cuando termina la vigencia del actual impuesto al patrimonio. "Aquí hay que ser muy disciplinados al interior de las bancadas para lograr el acompañamiento en un tema que necesita el país", explica.

Sin embargo, la reforma no será fácil. Para comenzar, en la Comisión Tercera del Senado se incumplió el pacto en la elección de vicepresidente, pues le correspondía el turno a Piedad Zucardi, del partido de la U, y en su lugar fue elegido el liberal Guillermo García Realpe, de la oposición. En la presidencia fue elegido el conservador Germán Villegas Villegas. En la Cámara, la Comisión Tercera nombró como presidente a Carlos Chavarro, del partido Conservador y a Orlando Montoya, de Alas Equipo Colombia, como vicepresidente.

Nadie duda de que este será uno de los temas más controversiales de la legislatura y que los partidos de oposición y los que apoyan al Gobierno volverán a medir sus fuerzas en los debates de la reforma tributaria. Sin embargo, el país espera que el resultado permita enfrentar los faltantes fiscales y no genere nuevas dificultades al aparato productivo.