| 9/19/2010 9:25:00 AM

El reto de la formalización laboral

Aunque hay coincidencia en destacar el objetivo del proyecto de ley para fomentar el empleo y formalizar las empresas, crecen las críticas por algunos de los caminos escogidos para conseguirlo.

El miércoles 7 de septiembre, durante el Congreso Nacional de Comerciantes, en Neiva, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, les hizo un llamado a los empresarios allí reunidos para apoyar el trámite del proyecto de ley de Formalización y Primer Empleo en el Congreso de la República.

"Necesitamos de todos los sectores, y muy especialmente de ustedes los comerciantes, para que nos ayuden a apoyar el tránsito de la ley en el Congreso y para que luego se acojan a sus beneficios", subrayó Santos en su discurso.

Muchos interpretaron el mensaje del Presidente como un 'empujón' a la iniciativa radicada hace un par de semanas en el Congreso. Pero hay quienes creen que cada día se hace más evidente la preocupación del alto gobierno frente a la suerte que podría correr esta iniciativa en el Legislativo, a raíz de las continuas críticas lanzadas en distintos sectores a los instrumentos allí contemplados.

El proyecto hace parte de las iniciativas del Gobierno que buscan crear 2,5 millones de empleos en cuatro años y formalizar por lo menos 500.000 empresas. Para lograrlo, se plantean estímulos en cuatro ejes: incentivos para la formalización empresarial, incentivos para el primer empleo formal, simplificación de trámites para la formalización y mecanismos de control.

Lo cierto es que nadie está en contra del objetivo del proyecto de ley, de 'romperle el cuello' a la informalidad empresarial y laboral, pero sí de algunos de los caminos esbozados en el articulado de la iniciativa, que critican en unos casos por inocuos y en otros por 'abusivos'.

Las primeras críticas apuntan a que los estímulos son insuficientes para lograr los objetivos de creación de empleo y formalización laboral. Javier Hoyos, asesor legislativo, explica que una política similar de rebajas en el pago de aportes parafiscales (Sena, ICBF y Cajas de Compensación) resultó inocua hace un par de meses para potenciar el empleo y promover la creación de nuevas empresas en el país.

Para Hoyos, "las medidas propuestas -en el proyecto de ley- no son de gran impacto para la generación de empleo, como tampoco de fácil control. Estas podrían ser de ayuda para las pequeñas empresas, pero no es claro que estimulen la formalización de aquellas que hoy son informales, por cuanto tendrían que pagar erogaciones como pensiones, salud y ajustar salarios al mínimo, a cambio de no pagar una parafiscalidad que tampoco pagan hoy".

Para el viceministro técnico de la cartera de Protección Social, Javier Gamboa, es importante tener en cuenta que esta es una iniciativa que hace parte de una estrategia integral, cuya meta es generar el empleo y la formalización propuestas por el presidente Santos. "Pero hay que recordar que no es la única herramienta para fomentar la creación de empleo; también en este mismo camino están las locomotoras, los programas de Jóvenes y Mujeres en Acción y los programas de formación técnica para mejorar las habilidades para el trabajo, entre otros", señala.

También se ha dicho que una iniciativa similar , que redujo los parafiscales, no tuvo el efecto esperado ni en empleo ni en formalización.

Frente a estas críticas, el Viceministro insiste en que hay que cambiar la relación de empresas formales versus las informales. "Competir con nada es difícil, es cierto que quien no ha pagado nunca los costos laborales, de seguridad social o de registro mercantil puede que no perciba la importancia de formalizarse; sin embargo, es un hecho que esto tiene un costo y este es la falta de acceso al crédito, a servicios gubernamentales, a programas para sectores específicos; entonces, cuando se dé cuenta de esto, va entender la necesidad de formalizarse".

Pero quizá la crítica más fuerte al proyecto la acaba de lanzar Francisco Reyes Villamizar, ex superintendente de Sociedades, quien sostiene que, bajo el argumento de otorgar unos beneficios a los pequeños y medianos empresarios para formalizarse, se busca imponer medidas "abusivas" que podrían ir incluso en contra de la formalización. La norma establece beneficios como exenciones durante los dos primeros años en el impuestos de renta, pago de parafiscales y del registro mercantil. Pero, en el tercer año tendrán que pagar el 50% y en el cuarto año el 100%.

El tema no pasaría de ser un hecho anecdótico por el costo que tendrían que pagar a partir del cuarto año las nuevas empresas que entren al circuito formal. Lo que realmente preocupa es que, una vez inscritas en el registro, si en un año se llegan a 'colgar' en el pago o, las que no estén inscritas tendrían que pagar costosas multas mientras se ponen al día con el registro de sus negocios y, de no hacerlo, llegarían incluso a ser cerradas parcial o definitivamente.

"Todo lo que se ha venido haciendo para mejorarles la vida a los empresarios está por acabarse porque los artículos 26, 27 y 28 del proyecto establecen sanciones abusivas para quienes no paguen las onerosas tarifas que hoy cobran las Cámaras de Comercio", asegura Villamizar.

Este es un tema que debe ser mirado con cuidado, puesto que, por ejemplo, el artículo 26 señala que quien por cinco años no haya renovado la matrícula mercantil tendrá un plazo de 12 meses para hacerlo o de lo contrario le será cancelada la matrícula. También contempla que quien ejerza una labor comercial sin el registro en Cámara de Comercio será requerido por una autoridad local para que en cinco días hábiles cumpla los requisitos y, de no hacerlo, incurrirá en multa de hasta cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada día de incumplimiento. Incluso, la autoridad podrá ordenar la suspensión de actividades comerciales hasta por dos semanas u ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio.

Reyes Villamizar se queja de que una iniciativa diseñada para crear empleo y formalizar empresas pueda terminar desestimulando esos objetivos. Para él, buena parte de las empresas que hoy no tienen registrados sus negocios omite este paso por las costosas tarifas que cobran las Cámaras de Comercio. "Mientras en Colombia la tarifa del registro mercantil es del 12,9% sobre el nivel de activos, en países como Estados Unidos es apenas del 0,7% y en los más desarrollados no pasa del 5%".

La discusión ya arrancó y, si bien la norma tiene algunos artículos que generan polémica, lo que todos esperan es que la iniciativa que apruebe el Congreso mitigue el desempleo, uno de los temas que mayor impacto tiene para el crecimiento del país.

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