| 8/5/2005 12:00:00 AM

El reemplazo de la 550

El gobierno presentará en los próximos días el proyecto de ley de insolvencia. ¿Cuáles son los avances de este instrumento y qué dudas genera?

Cuando el gobierno lanzó en 1999 la ley de recuperación económica, el propósito era crear un mecanismo que permitiera la salvación de los cientos de empresas que se habían visto afectadas por la recesión de la economía, y que necesitaban procedimientos ágiles para salir adelante. Por eso, la ley 550 tenía carácter transitorio.

Si bien el objetivo era loable, en la práctica los resultados no fueron satisfactorios. Las cifras al 15 de julio de este año muestran que de las 739 entidades que se acogieron a la ley ante la Superintendencia de Sociedades, 578 fueron aceptadas para celebrar acuerdo, y de ellas solo 261 terminaron el proceso. Pero lo verdaderamente preocupante es el resultado final: 240 empresas se fueron a liquidación obligatoria y apenas 16 cumplieron el acuerdo y salieron al otro lado. "Con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que la Ley 550 no ha funcionado de fondo porque no ha llevado a una verdadera solución de la recuperación del crédito. La cifra de las empresas que han recibido créditos nuevos no supera el 10%", explica Rodolfo Danies, superintendente de Sociedades.

Por eso, en los próximos días el gobierno presentará a discusión del Congreso de la República el proyecto de ley de insolvencia, que reemplazará a la 550, y que da un giro de 180 grados en la finalidad de este instrumento. Mientras con la intervención económica y con el régimen anterior, la ley 222 de 1995, se buscaba proteger la empresa, con la ley de insolvencia se busca proteger el crédito. "Cuando decimos esto, estamos hablando de que se aporten los recursos necesarios para que se siga generando riqueza y al mantener el proceso bajo una supervisión informada del juez, se va a permitir que la buena fe esté protegida sobre la base de la información, que haya una autorregulación del proceso", afirma Danies.



Los cambios

Además de la nueva finalidad del instrumento, el proyecto de ley vuelve a unificar las dos fases del proceso, que son la reorganización y la liquidación obligatoria, que entraría a llamarse proceso de pago y extinción. Sin embargo, una de las modificaciones más drásticas es que estipula que ninguna empresa que presente incumplimientos en retenciones fiscales, descuentos a trabajadores, deudas con pensionados y acreencias a favor de las entidades de seguridad social integral, podrá beneficiarse de la ley de insolvencia. "Una empresa que no tiene para pagar impuestos y para pagar a sus empleados, no es viable", sostiene Danies.

Este punto ha generado polémica. De acuerdo con Luis Fernando Alvarado, asesor de empresas en 550 y liquidador de Hilacol, en este artículo el proyecto es ingenuo, porque hay empresas que estando al día en salarios e impuestos, pueden sufrir un atraso al mismo tiempo que están por fuera de las posibilidades de liquidez. "Si no se logra restablecer, no podría salvarse; y si el proceso es concursal, debe ser universal, respetando prelaciones, pero sin excluirlas del esfuerzo de reestructurar", señala.

Por otra parte, el proyecto establece que el procedimiento de insolvencia será de carácter jurisdiccional, es decir, quien dirige el proceso actuará como un juez, con lo cual las partes podrán entrar, acceder y participar en el proceso con mayor facilidad. La queja sobre la 550 es que tiene un procedimiento con información casi clandestina, porque los acreedores están a merced del promotor para el suministro de información hasta que se celebra el acuerdo. "Este es un cambio muy profundo pues el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la información que recibe y que entrega, y tiene que vigilar que las partes actúen de buena fe", explica Danies. Bajo este esquema, el juez puede revisar aquellas acciones que operacionalmente puedan ser peligrosas para la recuperación de la empresa y, además, tiene facultades para buscar información.

Dentro de la línea de la transparencia, se elimina la categoría de acreedores internos, para evitar que se sigan presentando situaciones en que estos inflan sus obligaciones o compran crédito para tener una mayor participación en los derechos de voto, tomando decisiones en su propio interés y no en el de la empresa y los demás acreedores.

Pero hay otro punto en este tema: la armonización entre el proyecto de ley y las protecciones que da la Constitución en materia de derecho al trabajo, a la tercera edad, a la subsistencia -entre otras- que terminan resolviéndose por tutelas. "Estos derechos, a pesar de su utilidad, en muchos casos entran en conflicto con una protección a ultranza del crédito, porque si los recursos en un proceso son limitados, no se puede privilegiar la posición de un banco sobre la de pensionados, trabajadores o proveedores que no tienen garantías o que viven de sus ventas a la empresa", afirma Francisco Reyes, abogado y ex superintendente de Sociedades. "Con estas protecciones constitucionales, lo que ocurre en la práctica es que se hacen reclamaciones por fuera del proceso concursal y se va a imposibilitar la reestructuración bajo pautas que protejan el crédito", afirma.

El proyecto también trae un capítulo sobre el régimen de insolvencia transfronteriza, con base en las disposiciones de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), lo cual garantiza la cooperación en el caso de empresas que tienen operaciones en distintos países. Pero, según Reyes, el artículo se introduce textualmente y no le da mayor flexibilidad al juez para que decida dónde se va a tramitar el proceso concursal, ya que se estipula que debe ser en el país donde tenga el negocio principal. Si esto hubiera estado vigente, Avianca se habría quebrado, porque habría tenido que llevar el proceso en Colombia y se habría quedado sin protección contra los arrendadores de aviones en Estados Unidos, explica Reyes. Esto es así porque, si bien la Cnudmi establece cooperación entre países, la protección en los países accesorios no es tan fuerte como en los principales.

El debate sobre la ley de insolvencia apenas comienza y es vital afinar su articulado para que obtenga los resultados que la 550 no logró.

Mayor información sobre el proyecto de ley en www.dinero.com
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