En medio de la discusión que han generado las reformas tributaria y a las transferencias, la reforma financiera ha pasado inadvertida. Sin embargo, este tema será uno de los más relevantes en la agenda económica del gobierno y el Congreso durante los próximos períodos.

Colombia es un país rezagado en términos de bancarización, pues —dado su PIB per cápita— el nivel de profundidad del crédito bancario (27% del PIB) debería ser el doble. Mientras en economías como la estadounidense, el 87% de la población tiene por lo menos un servicio financiero, en Bogotá este porcentaje llega solo a 40%, según datos del Banco Mundial (2004) y en el resto del país es inferior a 25%.

Ante este panorama, el gobierno efectuó una revisión integral de todos los aspectos fundamentales en materia de desarrollo del sector financiero y diseñó una estrategia para corregir los obstáculos que están impidiendo la bancarización masiva.

La reforma financiera no es una ley sino un paquete de medidas que incluyen decretos, proyectos de ley y acuerdos con la banca, entre otros, para aumentar los niveles de bancarización en el país y poner a tono la normatividad del sector con el desarrollo actual y futuro del mercado (ver recuadro). "Es una estrategia bastante ambiciosa, pues abarca buena parte de las discusiones en torno a la actividad financiera. No se trata de una ley de bancos", afirma César Prado, director de regulación financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las primeras medidas de esta reforma ya se tomaron. Hace unas semanas, se expidió el decreto de corresponsales no bancarios, se presentaron ante el Congreso un nuevo proyecto de Ley de Habeas Data y la Reforma Tributaria, que contiene algunos aspectos relacionados con el sector financiero. El próximo año, se presentará una reforma al estatuto orgánico del sistema financiero y un proyecto para modificar el régimen de garantías. La discusión sobre el paquete de medidas será amplia pues si bien modifica aspectos fundamentales para mejorar el acceso al crédito, algunas de ellas son difíciles de comprender.

El comienzo
Al iniciar esta legislatura, el gobierno radicó nuevamente ante el Congreso un proyecto de Ley de Habeas Data, que busca establecer unas reglas de juego claras para el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera y crediticia.

Según Prado, "el proyecto busca equilibrar los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como de las entidades que reportan y consultan la información". Por esto, la iniciativa incluye mecanismos para que los usuarios puedan consultar su propia información y tener la oportunidad de hacerla corregir en caso de que sea incorrecta. Igualmente, establece un régimen sancionatorio con multas cuantiosas para evitarles a los usuarios dificultades financieras por cuenta de errores de las entidades. Las centrales de información serán vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

A pesar de que múltiples proyectos de ley en este frente han fracasado en años recientes en el Congreso, el Ministerio de Hacienda está optimista y espera que se apruebe en esta legislatura, pues llega con un alto nivel de concertación.

Se ha ido desmitificando la idea de que las centrales de riesgo son listas negras con información negativa y hay mayor conciencia sobre la importancia de este instrumento para que las entidades puedan tomar buenas decisiones de financiamiento. Es más, otro de los objetivos del proyecto es poblar todavía más estas bases al incorporar información de otras fuentes como las empresas de servicios públicos.

Otras de las discusiones en materia financiera que se darán durante esta legislatura en el Congreso serán los temas que tocan al sector en la reforma tributaria, como el impuesto a las transacciones financieras. Aunque el gobierno pretendía una eliminación gradual del 4 x 1.000, ante la imposibilidad de aumentar la tasa del IVA al 17% y extender su base a productos como los servicios públicos, este gravamen se mantendrá. Además, se reducirá el número de cuentas exentas pues se disminuirá el monto para que una cuenta tenga esta característica a 7 salarios mínimos (alrededor de $2.856.000), aunque se extenderá el beneficio a todo tipo de entidades, ya que hoy solo están exentas las cuentas que ofrecen las entidades de crédito hipotecario que son menores a $4 millones.

Además, se está evaluando si se presenta un proyecto de ley para regular las cuentas de ahorro de bajo monto, que permitirían la vinculación de personas de bajos ingresos al sistema. A esas cuentas se les exigirían menos datos de los que se piden para prevenir el lavado de activos (SIPLA) y no estarían gravadas con el 4 x 1.000 ni estarían obligadas a inversiones forzosas.

Otras reformas esenciales que se realizarán durante lo que resta del año y que no requieren una ley son la reglamentación de la ley de valores, la consolidación de la Superintendencia Financiera y el Fondo de las Oportunidades.

Con la reglamentación de la ley se espera darle un punto de partida definitivo al mercado de derivados. El fin último de la consolidación es buscar la independencia financiera de la Superfinanciera (igual que el Banco de la República) para que no dependa del presupuesto nacional y tenga mayor flexibilidad.

Por último, se incorporará en la ley de presupuesto la partida de $120.000 millones para el Fondo de las Oportunidades, el cual sería administrado por Bancoldex y buscaría promover el acceso a servicios financieros y a la educación financiera, entre otros objetivos.

Lo que viene
Hacia finales del año, el gobierno desea tener lista una reforma al estatuto orgánico del sector financiero, cuya idea es modernizar el régimen y ponerlo en estándares internacionales. Esto es, avanzar hacia el esquema de banca universal.

Si bien no se espera que esta reforma genere grandes cuestionamientos, pues se trata de poner las normas a tono con el desarrollo del mercado, ya hay iniciativas que han comenzado a generar debate, como el papel que desempeñarían las corporaciones financieras y la idea de crear un vehículo especializado para la gestión de carteras colectivas.

Según el Ministerio, la idea no es eliminar la figura de las corporaciones financieras sino revisar las facultades que estas entidades tienen en materia de inversiones. También se busca unificar el régimen de los fondos o carteras colectivas, los cuales son una industria muy dispersa y con reglas de juego muy diferentes.

La reforma, que se espera no sea muy larga, incluiría un capítulo en torno al régimen financiero de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, con el propósito de adoptar el esquema de multifondos, es decir, permitir que en un fondo haya alternativas para los afiliados en función de su edad y riesgo.

Una de las iniciativas más difíciles del paquete será la de los derechos de los acreedores, razón por la cual su discusión se dejó para el final y se presentará hasta el año 2007. En la actualidad, el Ministerio de Hacienda está decidiendo si presenta una ley integral de garantías o una reforma concentrada en devolverle su carácter al procedimiento de ejecución y luego hacer una reforma más sustancial. Por ahora, este último parece ser el camino a seguir pues modificar el procedimiento es lo más urgente y es muy complejo en términos jurídicos y políticos.

Actualmente, los procesos judiciales para reclamar una garantía son costosos y demorados, lo cual conduce a que las entidades incorporen esto en sus decisiones de financiación y, por tanto, no presten o lo hagan a costos mayores.

La reforma intentaría crear unas reglas de juego más claras y hacer un proceso expedito. Si bien esto parece un contrasentido y mucha gente pensaría que es perjudicial facilitarle el camino al acreedor para que haga exigibles las deudas, en realidad facilitaría la oferta de toda clase de bienes como colateral y que el riesgo de prestar fuera menor dándole acceso a crédito a mucha más gente. El proyecto también establecería en qué casos hay derechos o posibilidades de defenderse.

De concretar estas iniciativas de la mejor forma posible, balanceando los intereses de los usuarios, se consolidará un sector financiero más eficiente y aumentará el acceso al crédito a la mayor parte de las empresas y personas, requisito para el crecimiento económico de la Nación y la reducción de la pobreza de su población.