| 3/1/2006 12:00:00 AM

El otro carnaval

Para que las universidades públicas presten un servicio eficiente, necesitan responsabilidad y disciplina financiera. El caso de la Universidad del Atlántico no se debe politizar y se debe dar solución a enormes problemas que ponen en riesgo la educación de 14.000 jóvenes.

Una historia de desorden, mentiras y una trama de intereses personales y políticos enmarcan la discusión sobre el rescate de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla. Sin embargo, la solución no parece muy complicada y se encuadra en el principio de disciplina financiera que ya tienen otras universidades públicas. Lo que se requiere ahora es el interés de arrebatársela a la desadministración.

El plan para salvar la Universidad del Atlántico se estableció hace cinco años. Se ha modificado en algunos detalles, por ejemplo cuando entró en Ley 550 el año pasado, pero en esencia la solución no ha cambiado. Posiblemente con la selección de un rector en propiedad, que una firma cazatalentos hará en dos meses, se iniciaría por fin la labor de saneamiento.

El descalabro financiero de la universidad explotó, como se lo manifestó a Dinero María Inés Agudelo, viceministra de Hacienda, cuando la entidad se quedó sin caja este año. El problema de tesorería tiene dos orígenes. De un lado, que en 1998, el rector Armando Sabaraín extendió con un acuerdo interno, los términos de la convención colectiva a empleados públicos. Con esa decisión, se les comenzaron a reconocer bonificaciones de recreación, navidad y vacaciones, que aumentaron sus sueldos en 13%. También se les trasladó el régimen de pensiones de la convención, con lo que podían jubilarse a cualquier edad, con 15 años de trabajo. El Ministerio de Hacienda estimó que por esta vía el valor de las pensiones se duplicó.

La extensión de los beneficios convencionales es ilegal, por varias razones. De un lado, porque no se puede hacer con un acto administrativo interno y de otro, porque desde que entró en vigencia la Ley 100 los jubilados deben cumplir los requisitos del régimen general de pensiones. Esto es un gran problema. La universidad tiene 875 pensionados que cuestan $44.000 millones al año y 470 docentes. "Hay una universidad activa y otra pasiva de pensionados", dice el gobernador del Atlántico, Carlos Rodado.

Pero hay más. Por efecto de las primas, las 100 pensiones más altas y los sueldos de muchos funcionarios activos tienen un valor que iguala o supera los $7 millones, que es el sueldo del gobernador. El artículo 73 de la Ley 617 de 2000 señala que ningún empleado del orden departamental puede recibir una asignación salarial por todo concepto, superior a la del gobernador.

El segundo problema para la universidad es el exceso de gastos. Los gastos de funcionamiento de 2005 ($81.300 millones) superaron en casi 12 veces los $6.800 millones que recibió como ingresos propios. Casi una cuarta parte del presupuesto de gasto corresponde a cuentas por pagar y sentencias y conciliaciones.

Mentiras descaradas Alrededor de estos dos temas se configuró una tremenda historia de inacción, que no parece ser fruto de olvidos inocentes.

Hace cinco años, el Ministerio de Hacienda le pidió a la universidad que demandara las 750 pensiones ilegales. Sin embargo, demandó solo 100 pensiones porque no tenía recursos suficientes para atender más. Cada proceso vale $3 millones. El proceso avanza con una sorprendente lentitud en el Tribunal Contencioso del Atlántico, entre otras cosas porque, como lo reconoce Carlos Rodado, a la universidad le ha faltado un seguimiento eficiente. "En muchos casos, no se ha notificado", dice. Peor aún, la defensa de los abogados de la universidad estuvo mal construida. "Son demandas hechas para perder", le dijo a Dinero un abogado que conoce el asunto. Por eso, ahora el gobierno nacional le pidió a la universidad que las retire para comenzar de nuevo. Hacienda escogerá un nuevo grupo de abogados a quienes les girará $2.500 millones para conducir las demandas.

En 2004, la Nación le volvió a solicitar a la administración que no reconociera las pensiones ilegales. La orden se obedeció en 2004, pero en 2005, a raíz de una revisión para la Ley 550, se descubrió que otra vez la rectora Paola Amar había vuelto a pagar la parte irregular, según el Ministerio de Hacienda. Además, aduciendo la defensa del derecho a la educación, decidió usar los escasos recursos disponibles para pagarles a los maestros activos y dejó de cancelar las pensiones -un gasto que la Constitución establece como prioritario sobre otro tipo de pagos-. Así, la rectora mantuvo las primas para los empleados actuales, incluyendo las suyas. Con esas primas, su remuneración subió a $12 millones, mientras otros rectores -como el de la Universidad de Caldas- ganan $4 millones al mes.

Pero hay más líos. En un acuerdo, la Nación se comprometió a cubrir las mesadas pensionales, siempre y cuando la universidad demostrara que todos los empleados actuales estaban afiliados al fondo de pensiones del ISS. La rectoría enviaba al Ministerio antes de cada desembolso una relación en la que aparecía cumpliendo esa obligación. Pero la administración solamente pagaba el mes en que hacía el reporte y no consignaba el resto. Por esa práctica, hoy la universidad le debe al ISS 10 años de aportes pensionales.

Qué hacer La estrategia para resolver la crisis es tan clara como la lista de las soluciones. Una, la más usual, es liquidar la razón social que tiene problemas y comenzar una nueva, sin que se suspendan las clases. Ese esquema se manejó con éxito en la Caja Agraria, Bancafé y Telecom, para mencionar unos casos. En esa línea, la Universidad del Valle cerró seis meses para poner la casa en orden y hoy es un ejemplo de recuperación.

Para el Ministerio de Hacienda, el éxito en el Valle se logró porque la administración y los políticos regionales se comprometieron con el objetivo de reestructurarla. En Atlántico, parece haber una actitud similar. "Hay una decisión de todos de salvar la universidad", le dijo a Dinero el senador José Name, uno de los jefes políticos más caracterizados de la región y ex alumno de la Uniatlántico.

Acepta que el rescate debe contemplar la eliminación de las pensiones ilegales, el pago de las deudas del departamento y la modificación de ingresos y gastos en la universidad. "Hay que reducir la nómina, no drásticamente, pero sí de una manera adecuada. Se va a aumentar en un salario, o dos salarios mínimos la matrícula, pues no se venía cobrando nada", señala. En promedio, entre 1993 y 2001 las matrículas, servicios y derechos académicos aportaron apenas el 4,2% de los ingresos.

Pero al lado de este aparente apoyo, se oponen con vehemencia a una propuesta que no está en el tapete: el cierre definitivo de la universidad. La reestructuración o un cambio de razón social no implican el cierre de la universidad, y Name lo sabe, pero trata esas opciones como si llevaran el mensaje de cierre definitivo. "Yo no creo que la solución pueda ser cerrar la única universidad oficial de casi 20.000 jóvenes en la región Caribe", afirma exagerando la cifra de matriculados. "¿Por qué no se cerró el Metro de Medellín que costó más de US$2.000 millones más de lo que se presupuestó?", argumenta. Dice que detrás de las solicitudes de Hacienda hay una discriminación regional. "Ha habido una total incomprensión del Ministerio de Hacienda y de funcionarios de algún rango bajo, que siempre han tenido animadversión para todo lo que es de la Costa Atlántica".

Pero hay modelos en los que ni siquiera se necesita pensar en el cambio de razón social. Las universidades de Antioquia y la Industrial de Santander firmaron convenios de desempeño iguales a los que suscribió Uniatlántico, y los han venido cumpliendo sin problemas. La Nacional y la de Caldas vienen en un proceso serio de saneamiento financiero, que requiere compromiso y cumplimiento de las metas.

Incluso los estudiantes concuerdan con la necesidad de reformar racionalmente la planta de personal y desmontar las pensiones ilegales. Sin embargo, sugieren que el alza de matrículas sea cuidadosa. "Hay que recordar que es una universidad popular", señala Yesenia Pérez, de la Coordinadora Estudiantil, la organización de alumnos que ha buscado sin violencia el respaldo ciudadano a su interés de mantener la calidad de la educación y que no se cierre la universidad.

Posiblemente no se consiga una fórmula en la que se liquide la vieja sociedad de la universidad para reemplazarla por otra sin problemas. La Asamblea del Departamento, que es la encargada de tomar esa decisión, muy seguramente no lo hará. Sin embargo, la reestructuración financiera tiene que abrirse paso. En la solicitud de mejorar las finanzas no hay, como lo señala la demagogia política local, una conspiración contra Uniatlántico. Al contrario, la disciplina, el orden y la transparencia que trata de imponer el Ministerio de Hacienda y que ya muestran sus frutos en otras universidades públicas, deben erradicar la conspiración que montaron por años los dueños sin título de esta institución.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?