El Estado, a reformarse

| 8/23/2002 12:00:00 AM

El Estado, a reformarse

La transformación del Estado es una apuesta que los colombianos no podemos perder. Si no tenemos éxito ahora, pasarán años antes de que haya otra oportunidad.

La reforma del Estado prometida por el presidente Alvaro Uribe, que es uno de los pilares de su política económica (ver página 26), es vista usualmente como un mecanismo para reducir el déficit fiscal. Pero en realidad debería ser entendida como un enorme salto hacia un nuevo manejo de la cosa pública, en el cual la eficiencia y la productividad en el uso de los recursos de los ciudadanos pasan a ser los criterios esenciales. Los dividendos en términos de menores gastos no se verán pronto. En realidad, el primer efecto sería aumentar el gasto, porque las liquidaciones de empleados públicos cuestan plata y porque el aprendizaje en el nuevo modelo tomará tiempo. El tratamiento de choque que el gobierno Uribe aspira a aplicar sobre la cosa pública llevaría a la realidad lo que hasta ahora ha sido impensable: los ciudadanos colombianos podrían esperar que el Estado cumpla sus obligaciones y que los funcionarios presten un servicio eficaz. Para lograrlo, el gobierno deberá seguir varios principios rectores.



* Sí se puede cambiar, pero se necesita plata. La experiencia de Bogotá demuestra que es posible cambiar en pocos años el desempeño del sector público y las expectativas que los ciudadanos tienen frente a él. Sin embargo, para romper la inercia, se necesita que el gobernante que ejecuta el cambio mantenga la iniciativa, y para eso se necesita dinero. En Bogotá, la existencia de financiación para las obras públicas y la construcción de TransMilenio permitieron que el alcalde Peñalosa tomara la delantera y presentara a los ciudadanos una serie de hechos cumplidos. Bogotá ofrece también una lección sobre cómo conseguir recursos, pues la capitalización de la Empresa de Energía suministró buena parte de los fondos (esta operación generó una suma parecida a la que hoy se busca con el impuesto al patrimonio líquido). Los recursos que Uribe logrará con impuestos y créditos multilaterales deben ser utilizados con el mayor cuidado o, de otra forma, la oportunidad se perderá.



* Cuando se habla de productividad, se habla de gente. Para que el Estado logre excelencia, se necesitan funcionarios excelentes, consagrados al trabajo en equipo para que su organización sea realmente productiva. La reforma tiene que atacar desde el primer momento los problemas que alejan a la gente talentosa de los puestos públicos. Es indispensable corregir la distorsión de salarios en el sector público, pues los puestos más altos reciben salarios bajos en comparación con el mercado, mientras que en los puestos bajos ocurre lo contrario. También se podría pensar en que la remuneración esté atada a resultados. Resolver estas contradicciones implica enfrentarse con los sindicatos y con los políticos. Nadie lo ha logrado en el pasado, pero quizás nadie intentó hacerlo en serio ni cuando la alternativa para el país era tan crítica.



* La prioridad son los grupos más vulnerables. Todos los problemas del Estado son grandes y graves, pero en la reforma hay que dar prioridad a los programas y proyectos que van a atender a los sectores más afectados por la crisis económica y la guerra. Todo lo que tiene que ver con el cubrimiento del sistema de salud, el respaldo a los desempleados, el suministro de agua y la educación debería resolverse primero. Además, si en estos sectores se logran unos éxitos que se puedan mostrar, el camino se abrirá para todo lo demás, pues precisamente en ellos se ubican los problemas más serios de desorden administrativo, corrupción, sindicalismo irresponsable e ineficiencia. Si allí se puede avanzar, nadie más podrá tener disculpa.



* Lo que hay que recortar, hacerlo ya. En Colombia, hay una lista de entidades estatales candidatas a desaparecer que es examinada cada cuatro años cuando los gobiernos aún tienen entusiasmo para mirar el tema de reforma del Estado. El Inat, el Incora y el DRI, cuya fusión ha sido anunciada por el ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, han aparecido regularmente en esa lista. Entidades como Ferrovías y el Invías podrían volver al Ministerio de Transporte. La reducción de famosas embajadas, que siempre están ahí, debe realizarse. Aunque el valor de este recorte es relativamente pequeño, cercano a los $20.000 millones al año, hay que ejecutarlo rápido y resolver el tema definitivamente. Cuanto más pronto se tome la decisión, más credibilidad tendrá el programa y habrá mejores probabilidades de contar con prácticas renovadas y funcionarios motivados en las instituciones que queden.



* Si se quiere menos Estado, se necesita más sector privado. Hablar de privatizaciones se ha vuelto difícil, pues quien mencione el tema queda marcado como neoliberal. Sin embargo, un Estado más eficiente y menos paquidérmico es necesariamente un Estado más concentrado en el diseño de la política y la planeación, y menos ocupado en la ejecución. Es indispensable que se pueda hablar por encima de la mesa de la privatización o el marchitamiento de muchas entidades estatales que hoy se dedican a la ejecución. Telecom y Ecopetrol son los ejemplos más notorios. Pero hay muchos más casos pequeños que deberían ser examinados. Se debería profundizar la administración de colegios con el sector privado, como se ha comenzado a hacer con las cajas de compensación. Los exámenes del Icfes podrían ser administrados por entes privados. Las aseguradoras del Estado deberían ser privatizadas. El Icetex podría dejar de funcionar como entidad crediticia de primer piso. El servicio de agua podría ser prestado por concesionarios privados. La lista de ejemplos es larga en todas las áreas.



* Se necesitan maestros del equilibrio en la primera etapa. El período de cambio exigirá una enorme destreza de parte de los funcionarios responsables. Los ministerios de Comercio y Desarrollo, por ejemplo, deberán resolver su fusión al mismo tiempo que las negociaciones del Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) entran en una fase decisiva. El Ministerio de Medio Ambiente, que asumirá la política de vivienda, tendrá que hacer el aprendizaje al mismo tiempo que cumple la ambiciosa meta de llegar a 100.000 subsidios de vivienda al año. Los ministerios de Salud y Trabajo tendrán que asumir una de las más complejas fusiones y, al mismo tiempo, ofrecer respuestas de atención urgente para la población más pobre. En estas entidades será necesario encontrar formas para manejar la gestión en dos pistas, de modo que sea posible atender al mismo tiempo lo urgente y lo importante.



* Para hacer la verdadera descentralización, hay que centralizar. En muchos casos, la descentralización no ha operado porque las funciones que corresponden a los entes centrales quedaron repartidas en muchas entidades. En el caso de los ministerios de Salud y Trabajo, por ejemplo, resulta que el Sena maneja un poder institucional casi superior al del Ministro. Las funciones que permitirían una política integral de protección social (atención a la enfermedad, pensiones, empleo, preservación de la salud, protección social básica) están repartidas en innumerables oficinas. En educación, las secretarías de los municipios manejan individualmente ciertas decisiones que estarían mejor coordinadas desde el Ministerio. La profundización de la descentralización implica la desaparición de feudos que aún mantienen un poder excesivo.



* La participación comunitaria es una fuente escondida de riqueza. Las comunidades tienen un papel extraordinario en el cambio del papel del Estado. Desde la vigilancia sobre la forma como se gastan los recursos, hasta la planeación del desarrollo local y la ejecución de acciones como la administración de distritos de riego y la construcción de vías secundarias, las comunidades deberán convertirse en protagonistas del desarrollo económico. Este es uno de los principios rectores de la plataforma de gobierno de Uribe, que seguramente se pondrá en práctica desde la primera fase de la reforma del Estado.



* Hay que enfrentar los litigios. El temor a enredarse en demandas en los tribunales se ha convertido en una poderosa fuerza que lleva a los funcionarios a no tomar las decisiones ni asumir los riesgos que son indispensables para que ocurra el cambio. Esa amenaza no es imaginaria. Las liquidaciones de entidades como la Caja Agraria y el Idema enseñan que este es un terreno abonado para las demandas y para el enfrentamiento con sindicatos que están empeñados en obstruir la reestructuración del Estado (se estima que el Ministerio de Agricultura gasta el 50% de su presupuesto de funcionamiento en litigios). La estrategia de cambio no tiene otra ruta que asumir esos problemas de frente. Por fortuna, ese parece ser el estilo de Uribe.



* El peor escenario sería quedarse en la mitad del camino. Hoy es obvio que muchas de las reformas de comienzos de los años 90 no llegaron a rendir sus frutos, porque se quedaron a mitad de camino. Es indispensable que el esfuerzo que se va a hacer ahora genere resultados. La ambiciosa reestructuración que plantea el gobierno de Alvaro Uribe podría llevar a consecuencias completamente opuestas a las que se buscan, si nos quedamos con el desorden inicial, pero no logramos reemplazar los actores, las rutinas y los manejos del Estado. Para realizar estos cambios, el gobierno pedirá impuestos a los ciudadanos y dinero a las entidades multilaterales y la comunidad internacional. Si esos recursos no llegaran a buen uso, la opción de buscar un cambio en el Estado quedaría tan desacreditada como la opción de la negociación en medio del conflicto en la administración Pastrana. Todos los colombianos tenemos que colaborar para el resultado sea el que se busca, o las posibilidades de desarrollo del país se verán bloqueadas.



Los problemas transversales

La reforma no solo debe ocuparse de la transformación de entidades, sino de una serie de temas transversales que afectan la eficiencia y la eficacia de todo el Estado. Los equipos de trabajo han identificado los temas que motivarán reformas en el gobierno de Uribe.

Políticas de compensación, remuneración e incentivos de empleados.

Diseño de un sistema de gestión por resultados, en el cual los actos y las omisiones de los empleados públicos generan consecuencias.

Sistemas de información. Experiencias como la de la Secretaría de Educación de Bogotá demuestran que la implantación de sistemas adecuados desata auténticos procesos de reingeniería.

Extensión del gobierno electrónico, para reducir los costos de transacción y aumentar la transparencia en la gestión de las entidades.

Reforma del régimen de compras estatales, para abrir oportunidades para productores y elevar la transparencia.

Reforma del sistema presupuestal de las entidades.

Simplificación de normas para agilizar el desempeño de los agentes privados.

Reforma de las funciones de seguimiento y control.

Replanteamiento de la defensa jurídica del Estado.



Destructores de valor

La participación del Estado en el suministro de bienes y servicios solo tendría sentido si lo hiciera con productividades altas. Un análisis de valor realizado para Dinero por la firma Stern Stewart & Co., creadora de la herramienta EVA, muestra que ese no es el caso. Aunque en ocasiones las empresas estatales logran ingresos operacionales positivos, como regla el capital entregado por los ciudadanos, que son sus propietarios, tiene una remuneración muy baja (la excepción aquí son los hidrocarburos, pero el resultado cambiaría si se le pusiera un costo al petróleo que sale del subsuelo y es utilizado por Ecopetrol). En consecuencia, las empresas estatales destruyen valor en grandes proporciones. Los perjudicados son todos los colombianos.

Publicidad

¿Tienes algo que decir? Comenta

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.