| 3/19/2010 12:00:00 AM

Duro revés a la vivienda social

Al declararse inexequible la ley que permitía el desarrollo de Macroproyectos, se pierde una valiosa oportunidad para cerrar la brecha entre oferta y demanda de vivienda social.

El viernes 5 de marzo la Corte Constitucional hizo pública su declaratoria de inexequibilidad para los Macroproyectos de Interés Social, los cuales habían arrancado dos años atrás para promover en el país la vivienda de interés social (VIS) y la de interés prioritario (VIP) y agilizaban la incorporación de suelo y el proceso de construcción.

El efecto del fallo fue inmediato: desde ese momento se paralizaron nueve iniciativas que planteaban la construcción de 77.000 viviendas para estratos 1 y 2, por un valor de hasta 135 salarios mínimos mensuales. Como la decisión de la Corte no fue retroactiva, se salvaron diez proyectos que arrancaron hace más de un año para construir 110.000 unidades habitacionales y reducir gradualmente el déficit que existe en el país de este tipo de vivienda.

A diferencia de otros recientes fallos de constitucionalidad, que han generado alborozo y respaldo por parte de muchos sectores del país, este no provocó ninguna muestra de algarabía: solo muchas caras largas, particularmente entre funcionarios del Gobierno y constructores que se habían embarcado en estas iniciativas. Ni siquiera los cuatro concejales que habían interpuesto la demanda que terminó tumbando los Macroproyectos -Carlos Vicente de Roux, Carlos Fernando Galán, Ángela Benedetti y Antonio Sanguino- salieron públicamente a reclamar su triunfo.

La Corte les dio la razón a los concejales de Bogotá, quienes demandaron que el gobierno nacional se hubiera excedido en sus atribuciones lesionando el proceso de descentralización municipal al promover, desde el Plan Nacional de Desarrollo, proyectos que deberían ser formulados por iniciativa de los propios alcaldes o sus concejos municipales. La opinión general sobre el tema es que el fallo hay que acatarlo. Sin embargo, hay quienes se preguntan si este será un obstáculo insalvable para seguir trabajando en reducir la brecha entre la demanda y la oferta de VIS y VIP, un desequilibrio que afecta a la población más vulnerable del país.

Datos de Camacol, el gremio de los constructores, con base en cifras reportadas por el censo de 2005, indican que el déficit de vivienda en el país se acerca a 1,3 millones de unidades habitacionales "y la cifra puede aumentar en la medida en que la población crece y no existen los mecanismos para equiparar la oferta con la demanda", asegura la presidente del gremio, Martha Pinto de De Hart. Según la experta, los estudios demográficos indican que entre 2009 y 2017 se formarán cada año en el país unos 235.000 hogares, de los cuales más de la mitad requerirá vivienda de interés social, lo que pone de presente la importancia de aumentar en 280.000 unidades la oferta anual de viviendas nuevas.

Mientras crece el déficit de vivienda, las ciudades no han podido acelerar los procesos para gestionar suelo que brinde a los ciudadanos opciones de tener vivienda digna, buenas vías y servicios, colegios, seguridad y atención en salud, pues el trámite de un plan parcial que ejecute estos proyectos y solucione las necesidades de la comunidad toma hoy entre tres y cinco años.

Para solucionar este trancón nacieron los Macroproyectos, formulados dentro del Plan de Desarrollo. Estos lograron reducir a solo un año los procesos para incorporar suelo urbanizable, garantizar la prestación de servicios y construcción de infraestructura y avanzar en la edificación de proyectos de vivienda que incorporan hoy una importante oferta de VIS y VIP. Luis Felipe Henao, viceministro de Vivienda, sostiene que los Macroproyectos permitieron gestionar en 2008 cerca de 50.000 viviendas sociales y en 2009 unas 78.000 más.

Sergio Marín Valencia, gerente de Marval, constructora que participa en uno de los Macroproyectos que se salvó (en Soacha) y promotor de uno más en Piedecuesta, Santander, el cual quedó congelado, sostiene que tras el fallo de la Corte "no hay forma de recomponer los proyectos que no estaban adoptados". En este caso, sostiene, los constructores perderán las inversiones que se habían hecho en los estudios para sacar adelante los proyectos, pero sobre todo "perdemos la oportunidad de hacer vivienda social, que es hoy una de las más demandas", explica.

A recomponer el proceso

Para el concejal Carlos Vicente de Roux, dos temas fueron fundamentales para que la Corte fallara en contra de los Macroproyectos: "primero, se lesiona muy a fondo una autonomía que tenían los municipios para regular los usos del suelo, que tenía mucho arraigo y es de lo poco que les está quedando a los municipios y, segundo, que se está empujando un modelo de ocupación expansiva de las grandes ciudades y sus municipios aledaños, lo que está implicando un fenómeno de conurbación con fuertes implicaciones demográficas y medioambientales". El concejal de Roux reconoce la legítima preocupación del gobierno central por la lentitud de los procesos para generar uso del suelo para vivienda social, pero sostiene que "hay caminos distintos a despojar a los municipios de su autonomía".

La Presidente de Camacol sostiene que hoy "es perentorio continuar articulando acciones con el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los empresarios para lograr la construcción de una política de vivienda de largo plazo, que siente las bases del crecimiento sostenido de la oferta de VIS para el país". Los caminos alternativos ya se han comenzado a explorar, pues para el viceministro Henao no se puede perder el impulso que han ganado en el sector privado estas iniciativas para avanzar en la construcción de vivienda social.

Por lo pronto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial viene trabajando en el diseño de un proyecto de ley que se presentará al Congreso en las sesiones que acaban de reanudarse el 16 de marzo, que busca solucionar los vicios de la iniciativa rechazada por la Corte Constitucional. El país espera ahora que esta vez se tomen todas las previsiones para evitar que se viole la descentralización municipal y se pueda seguir avanzando en la formulación de una adecuada oferta de vivienda social.

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