| 7/6/2007 12:00:00 AM

¿Cumplió el congreso?

La reforma a la ley 80, la reforma a las transferencias y la Ley de Desarrollo Rural fueron aprobadas por el Congreso. Sin embargo, todavía no tienen el camino asegurado.

En medio de los numerosos escándalos que tuvo que enfrentar el Congreso de la República por cuenta de la parapolítica, el gobierno logró sacar adelante varios de los proyectos de ley que había puesto a consideración de esta corporación durante la primera legislatura del segundo mandato.
 
Reformas que llevaban más de cuatro años en trámite, como la de la ley 80, finalmente lograron consenso político, al igual que la reforma a las transferencias, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, algunos analistas aseguran que se trató de una legislatura costosa. "Para que la reforma a las transferencias pasara, se le permitió a los congresistas colgarle 405 proyectos regionales al Plan Nacional de Desarrollo", afirman.
 
Por otro lado, la oposición ha dicho que varios de los proyectos aprobados serán demandados pues transgreden normas constitucionales, como es el caso de las transferencias, el Plan Nacional de Desarrollo y el Tratado de Libre Comercio (TLC), y por vicios de trámite, en el caso de la ley de desarrollo rural. La Corte Constitucional tiene la última palabra.

Reforma a las transferencias
La directora de planeación nacional, Carolina Rentería, se siente satisfecha por la aprobación de una iniciativa que además de ayudar al equilibrio de las finanzas nacionales, no recorta los dineros que van a las regiones.
 
"Las transferencias aumentarán en un promedio anual de 1.4 billones, hasta alcanzar 31 billones de pesos en 2019. La educación será la más beneficiada, ya que pasará de recibir 9,9 billones de pesos este año, a 10,8 billones en 2008 y 17,6 billones de pesos en 2016", explica Rentería.

Durante su trámite, instituciones como Anif y Fedesarrollo, insistieron en que esta era una de las reformas económicas más importantes de los últimos años en términos de sostenibilidad fiscal, pero también habían pedido una reforma más agresiva. A pesar de los avances, la academia y los analistas internacionales consideran que el alcance de la reforma es débil.
 
"Desligar, así sea transitoriamente, las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, le asegura a las entidades territoriales que su principal fuente de recursos sea estable en el tiempo", dice un informe de Economía y Política de Fedesarrollo. Otro de los puntos importantes del acto legislativo es que separa los recursos de agua potable de los de propósito general. "Sin embargo, es importante saber quién se hará cargo de éstos, si el municipio o el departamento, y para eso hay que hacer reformas a la ley 715 de 2001", explica Mauricio Olivera, investigador de Fedesarrollo.

Por su lado, Jaime Castro, ex alcalde de Bogotá asegura que el nuevo recorte de las transferencias es promovido por el Gobierno, que considera que ese es el gasto público que debe contribuir a la financiación del déficit fiscal de la Nación. "Pero olvida que hay gastos en los que los recortes producirían un mayor ahorro como es el caso de los servicios de la deuda", puntualiza Castro.

Reforma a la Ley 80
"Después de diez años de aplicaciones del estatuto de contratación, diversos estudios demostraron que la ley era obsoleta y que era necesario adecuarla a las realidades actuales", asegura un informe de Economía y Política de Fedesarrollo. Sin embargo, la reforma se vio entorpecida más de una vez en los debates del Congreso por los múltiples intereses que involucraba. Hoy, después de casi cuatro años de estar en trámite, la ley 80 finalmente cuenta con herramientas para mejorar la forma de contratación del sector público.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, celebró el hecho y aseguró que los contenidos de la reforma apuntan en dirección correcta a la eficiencia y transparencia en la contratación.
 
"Sin embargo, no puedo dejar de mencionar dos lunares que nos causan especial preocupación: primero, se abren las puertas para que, vía contratos interadministrativos, las universidades públicas sigan celebrando contratos de consultoría a través de los cuales se pueden seguir filtrando actividades rentables. Segundo, es sorprendente que se les prohíba a la entidades públicas exigir certificaciones de calidad como condición habilitante en las contrataciones públicas", explica Caicedo.

Por su lado, Olivera cree que lo más grave de la reforma es lo relacionado con concesiones. "Por su complejidad, estos contratos deben tener un estatuto aparte y la ley introduce un único artículo con el que pretende uniformar los diferentes tipos de concesiones. Además, adicionar el 60% del valor original del contrato y de sus inversiones, implica que se va a perpetuar en manos del proponente al cual originalmente se le asignó el contrato", explica.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?