| 9/26/2008 12:00:00 AM

Cooperativas de trabajo asociado: en cintura

A partir de enero de 2009, las cooperativas de trabajo asociado tendrán que asumir nuevas obligaciones para cumplir con estándares internacionales y mejorar las condiciones de sus asociados.

La promesa de que a partir del próximo año las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) no podrán hacer intermediación laboral y que por tanto no habrá lugar a las acusaciones de algunos sindicatos internacionales que aseguran que en Colombia sigue en práctica el denominado ‘dumping laboral’, se haría realidad en enero de 2009.

Por lo menos así quedó consignado en las disposiciones adoptadas por el Gobierno y aprobadas por el Congreso de la República en julio pasado, dirigidas a corregir uno de los mayores desequilibrios que se venían registrando en el mercado laboral: el pago de aportes parafiscales sobre el valor de la nómina (Sena, Icbf y Cajas de Compensación); una remuneración mínima a los trabajadores asociados equivalente a por lo menos un salario mínimo legal; la aplicación de la legislación laboral en lo concerniente a embarazo y a trabajadores menores de edad y registro ante la Superintendencia Solidaria. Estos y otros cambios son los que se aplicarán para las CTA con la puesta en vigencia de la Ley 1233 de 2008.

La nueva legislación fue producto de una larga concertación del sector con el Gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe, quien en las últimas semanas ha aprovechado sus intervenciones en los congresos gremiales y en las reuniones empresariales para destacar el paso que dará el país con la puesta en vigencia de las nuevas normas.

La reciente reglamentación para el sector cooperativo tendrá repercusiones en el mercado laboral. Clemencia Dupont, presidente de la Confederación de Cooperativas (Confecoop) sale en defensa del sector, aclarando que los cambios están básicamente enfocados a las CTA, ya que estas obligaciones siempre han estado vigentes para las de régimen ordinario. “Las cooperativas que actúan bajo el régimen ordinario se rigen por el código laboral y por lo tanto actúan como las demás empresas: pagan parafiscales y cumplen con las obligaciones legales, fiscales y laborales”, asegura Dupont.

Las CTA, que hasta el momento tenían un régimen especial debido a que sus asociados son al mismo tiempo dueños, trabajadores y gestores (lo que les permitía no tener un contrato de trabajo y no estar regidas por el código laboral), son las que tendrán que introducir los cambios. Estas cooperativas se habían convertido en el blanco de críticas por parte de los sindicatos tanto del país como del exterior, que las acusan de pauperizar el trabajo y de intermediar labor para descargar a las empresas de sus obligaciones.

Confecoop tiene en sus registros 3.602 CTA, correspondiente al 49% del total de cooperativas reconocidas en el país en las que están asociadas cerca de 500.000 personas, 12,4% del sector total.

Sin embargo, el superintendente de Economía Solidaria (Supersolidaria), Enrique Valderrama Jaramillo, cree que la cifra puede variar porque hasta mayo de 2008, fecha última en la que estas cooperativas se registraron en las Cámaras de Comercio, los datos disponibles muestran que bajo esta figura operaban 12.059 CTA, aunque aparentemente en la actualidad sólo están activas 2.189 de acuerdo a los reportes hechos a la Supersolidaria.

La puesta en vigencia de la Ley 1233 le abre paso a un proceso de depuración ya que ahora las CTA tendrán que registrarse ante la Supersolidaria para operar, obligación que estará en vigencia en enero de 2009, cuando vence el plazo para la transición y se conocerá con certeza su número. Este es otro de los grandes cambios que trae la nueva reglamentación, pues permitirá a la Supersolidaria ejercer vigilancia y control de manera efectiva.

Adicional a esto, con la nueva reglamentación esta Superintendencia podrá cancelar el registro de operación a las cooperativas que incumplan las disposiciones legales. “Estos dos elementos nos permitirán una depuración del sector”, opina Valderrama.

O cambian o las cambian

Las cifras de Confecoop indican que en el país las CTA operan en 445 municipios de 30 departamentos y trabajan mayoritariamente en dos sectores: agropecuario, principalmente en cultivos de palma, caña de azúcar y flores; y en comercio, fundamentalmente a través de la figura de empacadores.

Justamente estas últimas, las de empacadores, han sido duramente cuestionadas porque sus asociados no obtienen una remuneración equivalente a un salario mínimo, sino que viven de las propinas que les dan los clientes de los supermercados. A este respecto, Clemencia Dupont agrega que con la nueva legislación tendrá que haber cambios: “algunas CTA tendrán que reestructurarse, replantear su modelo y buscar soluciones entre los asociados y las empresas que los contratan, para cumplir con la ley”, explica.
Carlos García, gerente de cuentas especiales de Sipro, una de las principales Cooperativas de Trabajo Asociado, cree que algunas entrarán en problemas e incluso podrían desaparecer si su competitividad no se basa en el servicio, sino en las ventajas que les da el no tener que cumplir con algunas normas laborales.

García hizo parte del comité que trabajó en la discusión y redacción de la Ley 1233 y considera que con esta normatividad se da un gran paso hacia la equidad y reivindicación de los derechos de los trabajadores. “Al principio, muchos pensaban que con solo imponer la obligación en el pago de parafiscales se solucionaban los problemas de fondo, pero en el sector sabíamos que se debía trabajar en otros temas como el establecimiento de unas condiciones mínimas para los asociados, el respeto a las normas de la Organización Internacional del Trabajo y su formalización”, explica.
Aunque muchas CTA desaparecerán en este proceso de normalización y estandarización de los parámetros laborales, nadie duda de que el impacto final será positivo, tanto para el país, que podrá quitarse la fama de auspiciar el ‘dumping laboral’, como para los trabajadores asociados, que tendrán mayores garantías

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