| 6/8/2011 6:00:00 PM

Congreso costoso

La legislatura que termina podría ser la más importante en la historia moderna de Colombia. Pero también la más cara.

El Congreso de la República se puso al día con la tarea: sacó adelante la Ley de Víctimas, eliminó la Comisión Nacional de Televisión, reformó el esquema de regalías, definió, luego de 20 años, las reglas para el ordenamiento territorial en Colombia, le metió mano al sistema de salud, puso límites a los gastos del Estado, le dio facultades al Gobierno para crear ministerios, etc., etc., etc.

El listado de leyes aprobadas se podría extender mucho más, pues en total, dentro de los 90 proyectos que recibieron el aval de los legisladores desde el 20 de julio de 2010, hay 12 iniciativas fundamentales, que tocan asuntos de hondo calado. Por eso, el presidente del Senado, Armando Benedetti, aseguró que "esta es la legislatura más trascendente de la historia del Congreso".

El senador Luis Fernando Velasco, miembro de la Comisión Primera, cree también que es un hecho histórico porque "todas esas leyes realmente van a cambiar la sociedad colombiana".

De ahí que, por primera vez en mucho tiempo, haya más gente hablando bien de los congresistas. Según Benedetti, el Legislativo tiene hoy una imagen favorable superior a 60%, algo que no se había visto hace rato.

Las razones del éxito son varias. Primero, las leyes realmente atacan problemas estructurales y buscan re-encauzar al país. Son iniciativas sensatas, que lograron el apoyo mayoritario de los partidos políticos.

Hay otro asunto clave: los términos de negociación política cambiaron radicalmente. En las votaciones de cada proyecto hubo mayor convicción y menor transacción. El esquema de bancadas y la estrategia del Gobierno para aprovechar su cuarto de hora de popularidad dieron resultado.

Finalmente, hubo un asunto logístico, en el que Benedetti se lleva todos los aplausos: básicamente hizo cumplir el reglamento para que los debates se dieran en los tiempos estimados. Eso impidió el pupitrazo, una práctica habitual hasta el 20 de julio pasado, que generaba desorden en las discusiones definitivas de las leyes y mucha vulnerabilidad al trámite, porque era cuando le colgaban los micos a las leyes.

Plata a montones


A pesar del buen balance, hay un tema que el país todavía no asimila y que es necesario mirar con lupa. Se trata de los enormes costos de las leyes aprobadas, pues este es un reto a futuro para los colombianos.

Benedetti aseguró que el Legislativo le metió mano a cerca de $17 billones anuales que se destinarán a varios gastos importantes. En materia de costos, esta legislatura tampoco tiene antecedentes.

Uno de los proyectos más importantes es el de la Ley de Víctimas. Esa norma busca saldar la cuenta con quienes han sido los directos afectados por el conflicto en Colombia. Durante la aprobación del proyecto, el senador Hernán Andrade aseguró que esa ley podría costar $15 billones en los próximos cinco años. Otros menos conservadores calculan que podrá costar más de $20 billones. Nadie pone en tela de juicio esa erogación, sin embargo, aún existen muchas dudas acerca de cómo se va a financiar ese proceso.

La otra ley con peso fiscal es la reforma de las regalías. La ley establece nuevos criterios para los recursos del boom minero y petrolero. Solo este año se estima que habrá regalías por más de $6 billones. Para 2012, cuando realmente se empiece a aplicar la nueva fórmula aprobada en la ley, las regalías podrían llegar a los $9 billones, gracias a los mayores precios y niveles de producción.

Estos recursos permitirán, en primera instancia, generar un ahorro para las épocas de vacas flacas pero, sobre todo, llevar recursos de regalías a las zonas más pobres del país. La preocupación con esta ley es que aún queda por discutirse su reglamentación, que también deberá pasar por las manos de los congresistas. Durante estos debates se deberá garantizar que el nuevo esquema lleve estos recursos a los lugares que el país realmente necesita.

El otro proyecto relacionado con el manejo de las finanzas es la ley de sostenibilidad fiscal, que establece como un derecho para los colombianos, unas finanzas públicas estables. Aunque no define partidas presupuestales, la norma va a significar básicamente una camisa de fuerza para el balance entre ingresos y gastos del Estado colombiano.

Esta iniciativa ha generado polémica, pues la sostenibilidad fiscal entra en disputa con el resto de derechos de los colombianos. Los críticos señalan que la norma es una talanquera porque condiciona las garantías constitucionales a que haya plata para financiarlas. El mensaje sería catastrófico, por ejemplo, para el sistema de salud, pues la tutela ha sido para muchas personas la única forma de acceder a tratamientos médicos.

Lo que deja en evidencia esta legislatura es el reto que le queda al país por fortalecer sus finanzas públicas. Y esto es también un asunto del Congreso.

Desde el próximo 20 de julio quedarán en manos de los congresistas una reforma tributaria estructural, el proyecto de ley para vender el otro 10% de Ecopetrol, la ley estatutaria de salud y la ley reglamentaria de las regalías, las cuales tienen enormes implicaciones para la Tesorería Nacional.

Pareciera que el Senado y la Cámara de Representantes van a tener que enfrentar otra legislatura histórica y por eso deberán mirar con lupa las nuevas propuestas. En ese momento, los legisladores tendrán que entender que los desafíos que enfrenta el país son enormes y exigen nuevos recursos fiscales; por eso habrán de darle al Gobierno las herramientas suficientes para cubrir los costos de las grandes obligaciones que acaban de asignarle.

La reforma tributaria estructural será fundamental como sello de garantía de las leyes aprobadas hasta el momento. No hacerlo sería borrar con el codo lo que se hizo con la mano.

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