| 3/5/2004 12:00:00 AM

Confianza al inversionista

El proyecto de ley de estabilidad jurídica que se empezará a debatir el próximo 16 de marzo en el Congreso busca garantizar reglas claras al inversionista.

El impuesto Pro Desarrollo Fronterizo en la Guajira, la modificación de la ley Páez, las modificaciones en los esquemas tarifarios del gas y la energía eléctrica por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los fallos de las Altas Cortes sobre las obligaciones en salud y los continuos conceptos de la Dirección de Impuestos Nacionales son algunos de los ejemplos más recientes de las modificaciones en las normas que afectan a inversionistas nacionales y extranjeros.

El estudio "Obstáculos y oportunidades para la inversión extranjera en Colombia", realizado por Coinvertir, demostró que fuera de la situación de orden público, que aparece citada como el mayor inconveniente para la inversión extranjera, los excesivos cambios en la legislación son el principal obstáculo para la inversión en el país.

Según varios inversionistas consultados, en muchas ocasiones el conflicto interno de Colombia no es un factor que los disuada de invertir, porque esta variable puede ser cuantificada y mitigada. En cambio, la inestabilidad jurídica produce efectos impredecibles. Tal incertidumbre no permite estimar los flujos de un proyecto para determinar su rentabilidad, lo cual aumenta el costo de capital exigido por los accionistas y hace que menos proyectos sean viables en nuestro país.

Ante esto, el gobierno presentó en junio del año anterior un proyecto de ley (15 de 2003) para promover la confianza del inversionista en Colombia. La iniciativa, que ha tenido importantes modificaciones efectuadas por el senador Aurelio Iragorri, de la Comisión Tercera, está lista para iniciar su tránsito en el Congreso. Su impacto sobre la inversión dependerá de lo que finalmente se legisle.

Además de esta iniciativa, los tratados que Colombia firme con los otros países latinoamericanos y con Estados Unidos se deberían convertir en un estabilizador de las reglas de juego.



El proyecto

El próximo 16 de marzo, el proyecto, conocido como ley de estabilidad jurídica, tendrá su primer debate en la Comisión Tercera del Senado. En este proyecto, el gobierno propone la figura de los contratos de estabilidad jurídica, mediante los cuales la Nación se compromete con quienes efectúen inversiones nuevas por montos iguales o superiores a US$5 millones y suscriban esos contratos, a que las disposiciones normativas previstas en ellos y cuya estabilidad sea determinante en la decisión de inversión, no les serán modificadas durante la vigencia del contrato (ver recuadro).

El gobierno pretende que el inversionista que suscriba estos contratos tenga la confianza y seguridad de que las normas que sean trascendentales para tomar su decisión de invertir y hacer su proyección del negocio, no se modificarán dentro de un período sustancial.

La mayoría de los inversionistas coincide en que se trata de un esfuerzo importante del gobierno y que responde a una de las bases del plan del presidente Uribe para generar confianza: seguridad democrática, estabilidad macroeconómica y eficiencia en la gestión pública incluyendo el entorno jurídico.

Casi todos los países latinoamericanos tienen este tipo de normas. "Con esta ley, nos ponemos al día con el resto del mundo dándoles seguridad jurídica a los inversionistas", afirma el senador ponente Aurelio Iragorri, quien ha liderado el proyecto.

No obstante, para los más escépticos, a pesar del loable espíritu de la ley, esta no es la panacea y probablemente encontrará muchos tropiezos en el Congreso.

El temor es que en los debates pierda su objetivo central y se le impongan demasiadas trabas, como ocurrió con la ley de estabilidad tributaria, que ante lo difícil que resultaba suscribir este tipo de contratos resultó inoperable en la práctica y luego fue derogada.



Por la confianza

Entre las herramientas para generar estabilidad en la inversión las más importantes son, tal vez, las negociaciones comerciales, como el ALCA y los tratados bilaterales.

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) brinda en su integridad un marco jurídico. Y, por tanto, uno de sus efectos es que obliga la estabilidad normativa. Con esto, el inversionista tiene certeza sobre cuánto le van a cobrar en aranceles y sobre muchas otras variables. Y si el proyecto de ley brinda confianza en cada contrato, un TLC tiene aplicación general.

Además, tiene capítulos de inversión que fijan reglas claras para la no expropiación, garantía de transferencia de recursos y mecanismos de solución de controversias. Esto último por medio de un centro internacional de resolución de disputas internacionales, un foro independiente e imparcial.

Esta estabilidad, que es recíproca, se logra también con los tratados bilaterales de protección y promoción a la inversión. En estos mecanismos se crean capítulos de inversión similares a los que se firman en un TLC, pero sin dar acceso a mercados.

La protección a la inversión extranjera es prioritaria para la administración Uribe. Por eso, creó un sistema de monitoreo a los inversionistas que ya están instalados en el país, para hacerles seguimiento a los 90 problemas concretos a la inversión extranjera que Coinvertir encontró en sus estudios de obstáculos y oportunidades a la inversión. Este mecanismo formal de interlocución, coordinado por Coinvertir y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha permitido monitorear el clima de inversión a muy alto nivel, pues el mismo Presidente se encarga de resolver las controversias, para prevenir demandas y conflictos.

Otros proyectos que podrían mejorar la posición del país para atraer inversión son el de contratación administrativa y el de compras públicas.



Aun falta

Sin embargo, estas iniciativas tienen sus límites. El proyecto de estabilidad jurídica, ya convertido en ley, podría no otorgar estabilidad normativa respecto a los diferentes regímenes, como el tributario, ni solucionaría el problema de los impuestos de los entes territoriales. La redacción final de la ley será determinante para aclarar los compromisos que asumirá el gobierno.

Aunque el proyecto es una herramienta muy importante en el corto plazo, para muchos analistas el mejor camino para la estabilidad sigue siendo sacar adelante las reformas estructurales de largo plazo (la reforma tributaria, la de justicia y la de la administración pública que garantice un fortalecimiento institucional), lo cual constituiría una mejor invitación al capital extranjero y nacional.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 531

PORTADA

La Bolsa de Valores necesita acciones urgentes

Con menos emisores, bajas rentabilidades y desbandada de personas naturales, la Bolsa busca recuperar su atractivo. Finca raíz, su nueva apuesta. ¿Será suficiente?