| 5/27/2005 12:00:00 AM

Con o sin ley 80

Los problemas de contratación pública en Colombia solo en parte se originan en la famosa Ley 80. Las soluciones están en el mejor uso de tecnologías de información y en la mayor colaboración del sector privado.

¿La ciudadanía podrá esperar más de lo mismo? El proyecto de reforma a la Ley 80 de contratación pública no tiene mayor esperanza de pasar en el Congreso de la República, por lo menos en esta legislatura. No sería nada nuevo, porque ya ha habido varios intentos fallidos por sacar adelante esta reforma. Para muchos esto podría significar más ineficiencia y corrupción en los millonarios contratos que otorga el Estado anualmente. Peor aún, el hundimiento llega a una hora particularmente mala. Con el TLC, el Estado prepara la Agenda Interna que contendrá un sinnúmero de obras civiles. Solo el plan de inversiones de Ecopetrol de 2005 comprende compras y contratos por cerca de $2 billones. Y el Ministerio de Transporte recientemente reveló su multimillonario Plan Vial 2.500 de obras de infraestructura, para el cual ya se han vendido 2.600 pliegos.

Es posible que el grado de ineficiencia o corrupción en los contratos del sector público con el privado sigan siendo los mismos de siempre, pero no será necesariamente por culpa de la Ley 80. Porque la buena noticia es que esta ley en su esencia está bien. "El problema no es la ley, que provee un marco jurídico adecuado", dice Rosa Inés Ospina, directora de la Corporación Transparencia por Colombia, "solo falta cumplirla".

En esta discusión hay dos corrientes. Una que prefiere la rapidez y eficiencia en la contratación y otra que quiere garantizar la eliminación de la corrupción. Sin embargo, el éxito de una ley de contratación pública está en su sencillez. "Hay que encontrar el justo medio entre transparencia y eficiencia", dice Ospina. "La corrupción no se combate con más procedimientos sino con más claridad". Y como agrega Francisco Suárez, vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, "a la Ley 80 solo habría que hacerle solo unos pequeños ajustes administrativos, pero ante todo debe ser sencilla".

Esto no quiere decir que la Ley 80 no tenga algunos problemas de fondo. Los regímenes especiales son uno de los aspectos más apremiantes que pretende corregir el proyecto de reforma. Porque la mayoría de los recursos se adjudica por contratación discrecional y no por licitación. Además, la Ley 80 es una ley ordinaria y por ende le pueden anteponer otras leyes ordinarias. Aunque fue concebida como una ley general, terminó siendo una norma de excepciones. Así, se han creado numerosos regímenes especiales de contratación que la burlan.

Para la Corporación Transparencia por Colombia, debería haber un solo régimen. No hay razón que justifique tratos especiales. Esto puede ser difícil de lograr. Por ejemplo, los organismos multilaterales tienen sus propios regímenes de contratación que pueden discrepar de lo estipulado en la Ley 80. Para Transparencia, esto a veces da lugar a que el empresario se escude detrás del régimen de la entidad multilateral para no cumplir rigurosamente lo exigido por la normatividad colombiana. El problema, dice Ospina, es que el régimen de la entidad multilateral no prohíbe cumplir la ley 80, pero, dado que tampoco lo exige, el contratante se toma esta libertad.

Además, hoy muchas entidades públicas compiten contra homólogas del sector privado que pueden contratar algún servicio o producto estratégico rápidamente, lo que, dadas las exigencias de la Ley 80, crea desigualdades competitivas entre ellas. Idealmente, esto es lo que se quiere evitar con los regímenes especiales.

Lo peligroso, dice Suárez, es que se creen "micos" normativos que posibiliten a ciertas entidades desconocer la Ley 80 en sus contrataciones. En últimas, agrega, solo condiciones de mercado especiales pueden justificar regímenes diferentes. Así, la reforma a la Ley 80 propone eliminar los regímenes especiales, pero dejaría el del Banco de la República y el de las entidades prestadoras de servicios públicos.



Otros caminos

El uso de las tecnologías de información es el renglón que más trabajo necesita para mejorar la contratación pública. Y esta es una de las áreas donde Colombia más se destaca en el concierto mundial. El país cuenta con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, de la Contraloría General y el Portal Único de Contratación del Ministerio de Hacienda. En 2004, el Portal hizo seguimiento a contratos por $5,7 billones. Aunque las iniciativas son buenas, todavía distan de lo que se propusieron, dice un estudio de Transparencia por Colombia.

"Hay vacíos en la legislación", comenta Ospina. Por ejemplo, el Portal solo ha logrado concentrar información de los contratos de manera voluntaria porque nadie está obligado a entregársela. Tampoco ha logrado ser transaccional, pues a veces se requieren demasiadas firmas. Además, hay problemas de coordinación. A veces, la información que se pide en los pliegos y en los portales de las entidades licitantes es distinta. Por su parte, el SICE no ha conseguido ser una base de datos que informe a los funcionarios públicos sobre los precios de mercado que se ofrecen para distintos productos y servicios. En este caso, dice la Cámara, el SICE solo sirve para bienes homogéneos, como computadores, pero en otros no tiene sentido. Sencillamente, en muchos casos, los mercados pueden no existir. Los precios de materiales de construcción difieren mucho de un lugar a otro y sujetarse a un precio fijo puede significar posponer una licitación. Adicionalmente, hay servicios que no tienen punto de referencia, debido a su complejidad y escasez de personal capacitado para ellos.

Las alianzas entre sector público y privado son otro camino. En los últimos seis años, Transparencia por Colombia ha celebrado 60 pactos de integridad entre el sector privado y el público por proyectos valorados en US$2.300 millones.

Por otra parte, desde el año pasado, la CCI y el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, instalaron una mesa de trabajo para velar por buenas prácticas en la contratación pública. Recientemente se instaló otra con Ecopetrol y en junio se instalará una con Fonade y la idea es comprender la mayor cantidad de entidades públicas. Estas mesas trabajan para mejorar la elaboración de los prepliegos de la licitación únicamente, que es donde se originan la gran mayoría de las demandas que luego se presentan en la fase contractual por un mal diseño, dice Suárez.

Aunque este tipo de iniciativas se ha intentado antes, esta es distinta, dice la Cámara. Las entidades públicas anteriormente conversaban con sus propios contratistas, lo que obviamente generaba conflictos de interés. Sin embargo, dice Suárez, la Cámara es un gremio que representa a todas las empresas del sector y no solo a sus afiliados. Por eso, ofrece distanciar al funcionario del empresario. Con el IDU se han eliminado criterios para los postulantes que se consideraban arbitrarios o incoherentes. Esto evitará que los contratos se diseñen caprichosamente para favorecer a algún contratista. Se ha logrado, igualmente, que la entidad publique el presupuesto de un proyecto de manera desglosada, lo que permite hacer comentarios a cada rubro que compone la cifra global. También se está trabajando en capacitar a los interventores de los proyectos para que conozcan mejor el funcionamiento de las entidades públicas. Dada la cantidad de obras que estas entidades van a manejar en el futuro cercano, a buena hora.
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