| 11/9/2007 12:00:00 AM

Competitividad para el sector minero

En manos del Congreso se encuentra la tarea de hacer del sector minero colombiano uno de los más competitivos de América latina.

Entre los empresarios del sector minero todavía hay preocupación por la posible aprobación de varios artículos del proyecto de reforma al Código de Minas que, en lugar de perfeccionar la legislación minera, terminarían entorpeciéndola. El proyecto de ley que presentó el gobierno al Congreso, para ajustar el Código expedido en 2001, fue ampliamente debatido por los gremios del sector, analistas y autoridades ambientales. Algunas de las propuestas que salieron de las discusiones fueron incluidas en la ponencia que empezará su trámite en la comisión quinta del Senado; sin embargo, todavía persisten las preocupaciones.

¿Para qué una reforma?

El crecimiento y consolidación del sector minero a nivel internacional y nacional es evidente. De acuerdo con el último informe de Metals Economic Group, el gasto total en exploración de minerales no ferrosos alcanzó en 2006 la cifra más alta en la historia: US$7.500 millones, lo que, según Carlos Forero, presidente del Consejo Intergremial de Minería, representa un incremento de casi el 50% con respecto al año anterior. Latinoamérica es la región del mundo dónde más se ha invertido en exploración y, en este contexto, el 34% de la inversión total que recibió Colombia en 2006 se destinó a financiar empresas mineras que explotan y exportan recursos minerales.

Sin embargo, esta inversión ha sido altamente dependiente de unos pocos proyectos. "Por un lado, se ven inversiones de gran envergadura como el Cerrejón y Cerro Matoso y, por otro, un sector informal con serias dudas sobre su competitividad y sostenibilidad financiera", explica Beatriz Uribe, presidente de Camacol. Es por esto que para alcanzar el monto de inversión que el país necesita para el sector minero de aquí a 2010 -US$3.500 millones-, y para llenar algunos vacíos del código actual de minas, el Ministerio de Minas y Energía radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que le hace algunas modificaciones.

"Seis años después de la aplicación del código de minas expedido en 2001, empiezan a aflorar algunos temas que es necesario ajustar", asegura Beatriz Duque, directora de minas del Ministerio. Entre estos está la facilidad con la que hoy se consigue un título minero en el país y el alto porcentaje de congelamiento de áreas mineras que ocurre cuando las personas que consiguen un título minero, no explotan el área. "Para hacerle frente a esta situación, hay que mejorar la labor de fiscalización, hacer algunas modificaciones al pago del canon superficiario y constatar la capacidad técnica y económica de quienes deseen obtener esos títulos", explica Duque.

Los gremios del sector creen que los ajustes son necesarios para hacer más competitiva y atractiva la inversión nacional y extranjera en el sector minero colombiano. "Necesitamos una legislación sencilla, lógica, que genere seguridad jurídica al inversionista y que nos ponga al mismo nivel de competitividad de nuestro vecinos", asegura Arturo Quirós, director de la Cámara de Asomineros de la Andi.

Las propuestas de los gremios: ¿qué se acogió?

Según Forero, existen muchos aspectos positivos dentro de la propuesta inicial del gobierno. "Entre ellos, la ampliación del periodo de exploración de minerales; la integración de títulos mineros en áreas vecinas para hacer más eficiente el desarrollo de la industria; la exigencia del canon superficiario anticipado que elevaría el nivel; la calidad y el compromiso de la minería; la presentación de propuestas de contratos de concesión solo ante la autoridad minera y no, como ocurre hoy, ante varias entidades", puntualiza (ver recuadro). Sin embargo, los demás elementos incluidos en el proyecto de ley, e incluso algunas particularidades dentro de los temas mencionados anteriormente, fueron ampliamente debatidos por los gremios, las autoridades ambientales, analistas, la Contraloría y, hay que agregar, algunas de sus propuestas de cambio fueron incluidas en la ponencia para primer debate.

En cuanto al tema de las prórrogas (ver recuadro), Asomineros propuso extenderlas para todo tipo de mineral. "Por ejemplo, hay casos como el carbón coquizable, en el cual no es tan evidente que solo requieran periodos de exploración de dos años", dice Quirós. Adicionalmente, una legislación competitiva a nivel mundial debería ser más flexible en cuanto al periodo máximo de la etapa de exploración: "es por eso que insistimos en que se mantuviera un periodo inicial de exploración de tres años con prórrogas subsiguientes de dos años cada uno, pero sin limitar el tiempo máximo de exploración, como lo hacen en Chile, Perú y Canadá. La propuesta fue acogida", puntualiza.

Uno de los artículos más polémicos fue el de las autorizaciones temporales (ver recuadro). El gobierno modificó la figura, permitiendo que no solo se usaran para grandes proyectos de infraestructura de interés nacional, sino también en áreas ya concesionadas bajo un procedimiento de 30 días ante la autoridad minera. Por sugerencia del Consejo Intergremial de Minería, el texto final excluyó de este régimen temporal áreas sobre las cuales exista ya un título minero de materiales de construcción.

Con todo, aún persisten problemas. La asociación de corporaciones autónomas regionales, Asocars, advierte en este punto que el impacto para el medio ambiente podría ser incalculable. "Mientras que la autorización temporal debe resolverse en 30 días, para el caso de la licencia ambiental se requiere agotar trámites que superan en el mejor escenario los 150 días hábiles. ¿Será que el Gobierno está pensando en exonerar a sus contratistas de la obligación de hacer evaluación de los impactos ambientales?", se preguntan.

Otra de las peticiones que fue acogida en la ponencia, fue la de eliminar la continuidad de los programas de legalización (ver recuadro). "Los últimos dos programas de legalización no han arrojado los resultados esperados y, a pesar de ellos, la informalidad e ilegalidad minera siguen siendo un problema. Es por eso que un nuevo programa requiere de la realización de un estudio de costos que establezca concretamente el presupuesto necesario para su ejecución. En ese sentido, darle continuidad al programa actual de legalización no se encuentra justificado", dice el informe de la contraloría delegada para el sector de minas y energía.

Hace falta

Hay otros temas que todavía preocupan a los gremios y analistas. El primero es el de la autorización que le da el proyecto al gobierno para delimitar áreas especiales y entregarlas en contratos de concesión. El ingeniero Jaime Galvis, experto en el sector, se pregunta. "¿Con qué criterios van a delimitar esas áreas especiales, cuando la cartografía geológica de Colombia es pésima y no hay mapas geológicos confiables? Lo único que puede producir la proposición es una serie de corruptelas y favoritismos".

Por su lado, Quirós asegura que aunque el pago anticipado del canon es una muy buena estrategia porque genera una mayor seriedad y responsabilidad en la presentación de propuestas de contratación en áreas mineras, el valor del primer canon es muy alto. "Mientras que en Colombia se pagaría un canon superficiario anual por los primeros cinco años de US$14,4 por hectárea, en Perú ese valor es de US$3, en Chile de US$1, y en Canadá no existe", explica Quirós.

Por ahora, la discusión se trasladará al Congreso. El coordinador de ponentes del proyecto, el senador Julio Manzur, asegura que el principal reto del legislativo consiste en asegurar que las condiciones que se establezcan concilien la necesidad de extraer minerales de forma eficiente y financieramente viable, con la preservación del dominio del Estado sobre dichos recursos y con la tarea de consolidar el sector minero como el más importante factor de crecimiento económico. A su vez, los gremios del sector darán de nuevo la pelea para mejorar el atractivo de la minería en Colombia, promoviendo una legislación ágil y sencilla.
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