Colombia está mal rankeada en cuanto a la facilidad de votar

| 8/17/2001 12:00:00 AM

Colombia está mal rankeada en cuanto a la facilidad de votar

El proyecto de ley de responsabilidad fiscal es una pieza esencial, si se quiere cimentar las reformas estructurales. El gobierno tiene que acelerar su aprobación.

La relevancia del proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo borrador está discutiendo el gobierno con diversos expertos y sectores de la sociedad, no puede ser mayor. Luego de décadas de estabilidad y manejo macroeconómico prudente, Colombia perdió esta tradición en la década de los 90 y se pegó una tremenda borrachera fiscal, término acuñado por el Ministro Santos. Como resultado, el crecimiento de la deuda pública se aceleró y el país perdió la confianza y la credibilidad en la política económica. Más grave aún, comenzó a generar dudas acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento del país en el largo plazo.



Esta ley no pretende hacer un ajuste adicional, sino que mediante la introducción de mejores prácticas fiscales en el contexto de las reformas estructurales, busca consolidar la confianza y la credibilidad en la política fiscal y el ajuste que se ha logrado. La ley contempla unas reglas y procedimientos plurianuales restrictivos de tipo presupuestal y de endeudamiento y reglas de transparencia para tratar de asegurar sobre todo que los logros en el plano fiscal no se pierdan por la irresponsabilidad futura de otros. Entender el concepto de sostenibilidad es la clave en todo este asunto. Tiene que ver con determinar y cuantificar una posición fiscal consistente con la capacidad de servir la deuda pública. Un ejercicio numérico puede ilustrar esta idea. Actualmente, el déficit primario (esto es, sin intereses) está en el orden de -2% del PIB y el camino de la deuda pública muestra una tendencia creciente. El gobierno tiene que endeudarse cada año para pagar su funcionamiento. Si esta tendencia se mantiene, con el tiempo la deuda crecerá tanto que será imposible pagar su servicio. Para garantizar la sostenibilidad fiscal, el gobierno debe reducir su endeudamiento hasta un nivel que garantice su pago. Para ello, requiere generar un superávit primario de alrededor del 2% del PIB, lo cual lograría reduciendo el gasto en 4 puntos del PIB.



Aunque hay otras alternativas, esta es la definición que tiene en mente el gobierno en el proyecto de ley. La idea general es que se establecen reglas denominadas macrofiscales, en este caso, una meta de balance primario para cada vigencia y con un horizonte de 3 a 5 años, que garantizan la sostenibilidad intertemporal de la deuda pública. Esto es básico para aumentar la credibilidad, disminuir el riesgo país (que se refleja en la disminución de la tasa de interés) y alcanzar mayores tasas de crecimiento.



El proyecto de la LRF contempla, además, otro tipo de reglas fundamentales. Las primeras son "reglas de transparencia y coherencia". Las propuestas más importantes son:



i. elevar el status actual del Plan Financiero que elabora el Confis;



ii. registrar todos los pasivos contingentes (gastos futuros) y



iii. evaluar periódicamente los resultados de la gestión fiscal (no se sabe aún si cada dos o seis meses) y publicarlos.



En relación con el Plan Financiero, pretende llevarlo al Conpes y luego al Congreso antes de la presentación del presupuesto, para que sea consistente con este último. Además, contemplará una visión de mediano plazo para que el gobierno tenga planes fiscales plurianuales consistentes con la meta macrofiscal. En segundo lugar, propone importantes "reglas de disciplina fiscal" para aumentar la coherencia y transparencia del proceso. En este sentido, establece límites al otorgamiento de vigencias futuras, estipula que las apropiaciones presupuestales aprobadas deben ajustarse a las metas y a la capacidad de pago, entre otras.



Por último, la LRF contempla unas normas adicionales que limitan el endeudamiento territorial y complementan la Ley 617 de 2000 que, vista en este contexto, puede considerarse como una ley de responsabilidad territorial. La 617 se diseñó para sanear las entidades territoriales e impone topes a los gastos de funcionamiento. En muchos casos, estos topes han sido violados. Para corregir esta situación, el gobierno propone una serie de sanciones. Además, la LRF propone que las operaciones de crédito público financien únicamente gastos en inversión (dotación y ampliación de la infraestructura física) y que se acabe con el riesgo moral asociado con las autorizaciones discrecionales que expide el Minhacienda para el acceso al crédito de los territorios (el semáforo amarillo de la ley 358 de 1997). A cambio, la LRF propone que las entidades territoriales sean evaluadas por agencias calificadoras de riesgo. Debido a que uno de sus elementos centrales es el de la sostenibilidad intertemporal, la LRF es un gran avance frente a la actitud cortoplacista e irresponsable que tanto daño hizo durante los años 90. El proyecto cuenta con iniciativas de gran importancia que, una vez puestas en marcha, contribuirán a cimentar el ejercicio de la política fiscal sana y responsable. Ojalá el gobierno no se demore mucho en presentarla al Congreso y que también defina pronto el rumbo que tomará la sostenibilidad fiscal con la reforma pensional. El crecimiento sostenido está en juego y no aguanta muchas más largas.



El proyecto de Ley

Lo bueno



La ley tiene la máxima jerarquía, ya que se piensa presentar como Ley Orgánica.



La ley cuenta con un sistema de medición confiable, ya que para garantizar la meta de sostenibilidad de la deuda se propone como meta el balance primario.



La cobertura institucional es amplia: el gobierno central, los municipios más grandes, las empresas industriales y comerciales del Estado y los servicios públicos.



La ley propuesta es corta, consistente y exclusiva sobre responsabilidad fiscal.



Contempla un sistema de rendición de cuentas público.



Lo malo



Falta definir claramente el concepto de sostenibilidad. Es decir, todavía no cuenta con metas robustas, sencillas y bien definidas.



Falta definir cómo y qué correcciones y sanciones por incumplimiento se van a aplicar para que la ley tenga dientes.



Falta que se apruebe la reforma pensional para definir un sendero certero de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.
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