| 9/14/2007 12:00:00 AM

Atraco al fisco

En los últimos meses aparecieron nuevas modalidades para asaltar las tesorerías de los municipios y los departamentos del país y ponen en duda los resultados de mejora en las finanzas

Mala contabilización del gasto público, sentencias de jueces que condenan a los municipios y los departamentos a pagar enormes sumas por prestaciones de servicios que difícilmente se pueden verificar, y programas de leasing mal usados. Estas son algunas de las nuevas modalidades que se están practicando en las regiones para esconder actividades indebidas o abiertamente fraudulentas, y que amenazan con evaporar el esfuerzo de años en el saneamiento de las finanzas públicas locales.

Las cuentas del Ministerio de Hacienda muestran que los estados financieros de los municipios y departamentos colombianos han mejorado notablemente desde 2001. Esto es el resultado combinado de varios elementos, entre los que están la mayor disciplina en el gasto de buena parte de los alcaldes y gobernadores, el control al endeudamiento, y la mejora en los ingresos tanto por la recuperación económica del país, como por el esfuerzo de reducir la evasión.

Pero como una macabra corriente subterránea, hay movimientos que están creando una nueva bomba fiscal, que puede sumir otra vez a regiones enteras en problemas fiscales y de ilegalidad.

Solo la verdad

Una gran cantidad de municipios antioqueños registran sus gastos violando un principio básico de la contabilidad: el de registrar los gastos cuando se causan y no cuando se pagan. Ellos no registran compromisos de pago como los que se generan por las pensiones o las prestaciones sociales, sino hasta el momento en que se pagan. Mientras llega el momento de girarlos, o si se incumplen, no se registran como gastos y esto mejora el balance fiscal actual. Con esto, como está ocurriendo en muchos municipios, se están acumulando deudas que aparecerán dentro de algunos meses, cuando los acreedores comiencen a exigirlos judicialmente.

El asunto puede ser de proporciones enormes, tanto que la Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental de Antioquia comenzaron a tomar cartas en el asunto. En la lista de las contralorías aparecen municipios sobre los que hay certeza de que incurren en esta práctica ilegal como Belmira, San Pedro de Urabá, Amalfi, Ituango, Fredonia, Carmen de Viboral, Cisneros, y Cañasgordas. Pero la colección de nombres es mucho mayor. "La gran mayoría de los municipios antioqueños tiene ese problema", dice un economista que conoce el caso.

"Nosotros registramos todos los días los ingresos y los egresos", afirma Luis Alberto Mora, tesorero de Yalí, un municipio de 8.000 habitantes ubicado a 130 kilómetros de Medellín, en el nordeste antioqueño. La información la ingresan en el sistema Aries que según dice, "lo tiene el 70% de los municipios antioqueños". El resultado del proceso, admite el funcionario, es que los gastos se registran por caja y no por causación.

En la Contraloría Departamental piensan que el problema no es del sistema Aries, ni de Siam —otro programa menos difundido—, sino de los funcionarios que digitan la información. De hecho, otras dependencias encontraron problemas de clasificación similar en municipios de Boyacá, la Costa y Nariño.

¿Error inocente o mala fe? "Nos pidieron que partiéramos de suponer que había dolo", le dijo a Dinero un investigador estatal que maneja este caso.

Embargos

Otra crisis amenaza a Santa Marta, que se enfrenta ahora con un problema fiscal de marca mayor. Recibió órdenes de embargo de sus cuentas por $15.000 millones, por deudas con prestadores de servicios de salud que reclaman que estas no fueron canceladas. "No hay ese dinero en el Distrito para pagar", explica Alfredo Bateman, secretario de Hacienda de la ciudad. Ahora su despacho está revisando cajas enteras de cuentas para saber si los servicios efectivamente se prestaron.

La compleja revisión de las cuentas, de todas formas, tropezará con el problema de que buena parte de las facturas tenían el visto bueno de la Secretaría de Salud. Y aún si se encontraran errores, muchas de las decisiones de pago son inapelables. Bateman, que conoce de primera mano los casos, dice que en algunos "ya no hay actuación posible".

Algo que inquieta a los observadores de la situación es que la gobernación del Magdalena tiene también embargos de las mismas entidades de salud, por una suma igual ($15.000 millones). "Incluso son los mismos abogados", le dijo a Dinero un funcionario del gabinete departamental. ¿Se trata de una pirueta para sacarle plata a la región? ¿Quién está detrás de eso? ¿Por qué se hace en este momento? Esas son preguntas que por ahora están abiertas.

Barranquilla, otra vez

La historia reciente del desempeño fiscal de Barranquilla no es buena y sus perspectivas tampoco. En su contabilidad, la ciudad clasifica como inversión, rubros que son gastos de funcionamiento. Entre ellos están las transferencias corrientes a entidades descentralizadas, capacitación de funcionarios, los gastos electorales y el pago al concesionario que maneja los impuestos de la ciudad. Aún así, como lo señala Manuel Fernández, director del centro de investigación del Caribe, Fundesarrollo, el indicador que calcula el Ministerio de Hacienda de gastos de funcionamiento sobre los ingresos corrientes de libre destinación, superó la meta que le permite la Ley. A fin de año estaba en 68% frente al 65% que establece la ley 617 de 2000.

Además, el distrito costero no tiene un inventario actualizado y preciso sobre sus acreencias. El tema tiene consecuencias importantes. "El alcalde de Barranquilla dice que el saldo de las obligaciones a diciembre de 2006 está cerca de $400.000 millones. Pero el balance general del distrito muestra que los pasivos son $552.000 millones. Se debería explicar esa diferencia", señala Fernández.

A diferencia de Cartagena, donde el endeudamiento con bancos se asumió para financiar grandes obras —el Plan Maestro de acueducto y alcantarillado y escenarios deportivos—, en Barranquilla la deuda no parece respaldar ninguna inversión sustancial. "en la década de los 90 uno no puede identificar una gran obra de inversión. Nada prioritario ni definitivo para la ciudad", concluye Fernández.

Por si eso no fuera suficiente, las pensiones aumentan el desorden fiscal barranquillero: mientras el gobierno central del distrito tenía a diciembre 865 funcionarios, los pensionados llegan a 2.490, casi tres por cada empleado activo. Esa situación llamó la atención del Ministerio de Hacienda, que le pidió a la administración de la ciudad revisar la legalidad de las pensiones, sin que esto se haya hecho.

Hay más en la lista de problemas. Barranquilla tiene 18 entidades descentralizadas que pueden ayudar más a la indisciplina fiscal. La ONG Protransparencia Atlántico ha sido muy crítica frente a esas dependencias, porque pueden disfrazar gastos de funcionamiento dentro de planes de inversión y ampliar nóminas que no aparecen en las cuentas del gobierno central. Para comparar, Cartagena, dice su secretario de Hacienda, Felipe Merlano, tiene apenas tres de esta clase de entidades. Dinero trató infructuosamente de establecer contacto con funcionarios de la administración para conseguir su opinión sobre el tema.

El panorama barranquillero es doloroso, y parecería que en términos de acción contra el creciente problema fiscal, la ciudad es como la describe la primera estrofa de su himno: "la llanura dormida junto al mar". ?

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