| 7/9/2010 12:00:00 AM

Arancel judicial: a pagar por la justicia

El cobro de una contribución parafiscal para la justicia encarecerá los trámites de ejecutivos civiles, comerciales y contenciosos administrativos, pero la idea es que agilice y descongestione el sistema judicial.

El Congreso de la República aprobó una nueva fuente de ingresos para financiar los gastos de funcionamiento e inversión de la rama judicial. Se trata de la ley que reglamenta el cobro del llamado 'arancel judicial' del 2% sobre los procesos que lleven los juzgados del país cuyo monto supere los 200 salarios mínimos mensuales legales, es decir de $103 millones en adelante.

Estimativos del Ministerio del Interior y Justicia señalan que el cobro de este arancel generará ingresos por unos $240.000 millones al año, que ingresarán de manera directa al Consejo Superior de la Judicatura por tratarse de una contribución parafiscal. Aunque es indudable que se encarecen algunos procesos ante la justicia, la recompensa es que se logrará una mayor descongestión y agilidad en los trámites.

Los recursos de este arancel se sumarán al presupuesto de $1,8 billones que este año le girará al sector judicial el Gobierno Central -representan el 0,6% del PIB- y que hasta ahora ha sido insuficiente para atender las necesidades del sector, provocando demoras y congestión en el sistema de administración de justicia.

¿Cuál es el origen de esta ley y cuáles sus principales desafíos? La figura no es nueva, está contemplada en la Ley 270 de 1996, conocida como Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En el año 2007 se llevó al Congreso un proyecto de ley para reglamentar este arancel pero, debido a las fallas que presentaba, la Corte Constitucional la declaró inexequible aunque sugirió que con una ley ordinaria se podría aclarar y poner en marcha. Esto motivó la presentación de un nuevo proyecto de ley, el 222 de Cámara y 188 de Senado, que subsana las falencias, y acaba de ser aprobado el 16 de junio en el Congreso.

Javier Hoyos Arboleda, asesor de la firma Gestión Legislativa y Gobierno, explica que este arancel se cobrará en todos los procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativo y su pago se hará por depósito bancario.

También se aplicará "en los casos en que se cumpla una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo; cuando se cumpla una condena impuesta en un laudo arbitral y haya reconocimiento o refrendación o cuando se trate del cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza". En caso de transacción o conciliación para terminar de manera anticipada el proceso, el arancel será del 1%.

El experto aclara que, sin embargo, están contempladas excepciones y no se aplicará en procesos de carácter penal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, declarativos, en los conflictos de seguridad social, los juicios de control constitucional o los que se derivan del ejercicio de tutela y las demás acciones constitucionales. En su opinión esta lista de excepciones es cuestionable pues "estos son los procesos en donde tal vez existe mayor congestión judicial y los que generan mayor uso de la justicia". Para Hoyos, este arancel judicial termina con el principio de gratuidad de la justicia en procesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos.

Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política, coincide en que esta figura puede tensionar dos principios: el de gratuidad de la justicia y la eficiencia en la prestación del servicio, aunque destaca que la Corte Constitucional aclaró que esta figura -el arancel- puede existir "siempre que no represente una limitación o una desfiguración del derecho de acceso a la justicia que protege a todos los ciudadanos por igual".

Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres Corredor, señala que este arancel "no representa un obstáculo para el acceso a la administración de justicia sino un recurso adicional para el sector".

Para Prieto, uno de los principales desafíos tiene que ver con la conducta que puedan tener algunos despachos judiciales de dar prioridad a los expedientes que generan arancel, descuidando aquellos que no lo tienen que pagar.

La experta asegura que "la ley no reglamenta nada relacionado con el seguimiento que se tendrá que hacer al desempeño de los jueces; lo que es extraño pues una de las características importantes del arancel es que podrá cobrarse cuando el caso es fallado dentro del término legal. Lo preocupante es que en el mediano plazo los despachos se vean incentivados a restar importancia a procesos de cuantía reducida, que no produzcan arancel".

Aunque la ley contempla de manera expresa que los despachos judiciales enfrentarán sanciones si deciden concentrarse en los procesos que generan arancel, descuidando los demás casos, en su opinión "no se definió con claridad cómo medir, evaluar y evitar este fenómeno".

Quizá uno de los temas más gruesos que plantea esta iniciativa tiene que ver con los sujetos del cobro de este arancel. Hoyos, preocupa que quien está obligado a pagarlo "sea quien se ve forzado a acudir a la justicia para ver garantizados sus derechos, y no quien motiva la iniciación de un proceso, esto es, quien incumple con sus obligaciones". Esto, por cuanto la ley prevé que su pago estará a cargo del demandante inicial "o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos, o sus causahabientes a título universal o singular".

Esta ley representa un paso fundamental para proveer al sistema judicial de nuevos recursos que agilicen los procesos y allane el camino de la descongestión, sin embargo, de su adecuada aplicación dependerá que estos objetivos se cumplan.

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