| 9/30/2005 12:00:00 AM

Antitramitomanía

Mientras se consolida el proceso de agilización de trámites de las cámaras de comercio, se espera que muy pronto se empiecen a ver los beneficios de la ley que racionaliza las diligencias ante las entidades públicas.

Dos meses después de que el presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley Antitrámites, aprobada por el Congreso, su único impacto es una aguda polémica en torno al 'mico' que le colgaron, con el cual se levantó la restricción a la publicidad de cigarrillos y licores. Esta controversia relegó a un segundo plano los beneficios que representará para empresas y ciudadanos en general la eliminación de por lo menos 80 engorrosas diligencias ante los organismos del Estado. Pero solo cuando los entes territoriales pongan en marcha los mecanismos necesarios para la agilización de diligencias se conocerá el verdadero impacto que tendrán las medidas contenidas en la norma (ver recuadro). Este proceso puede tardar varios meses.

Uno de los motivos del Congreso para aprobar la ley de racionalización de trámites es la convicción de que la excesiva burocratización y la tramitomanía han disparado la corrupción entre los funcionarios del Estado. Y entre más complejo, costoso y dispendioso resulte el cumplimiento de las obligaciones frente al Estado, más se favorecerán las prácticas corruptas y se limitarán los canales de contacto entre la Administración y los particulares, impidiendo así la utilización eficaz de los recursos públicos.

Pero una manera de medirles el aceite a los beneficios de esta ley mientras se desarrolla, es analizar los resultados de otros procesos puestos en marcha en este mismo sentido, como el 'Proyecto de Facilitación de Trámites' que desde hace varios meses pusieron en marcha las cámaras de comercio de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Medellín. Gracias a este sistema, ahora todos los pasos para crear una empresa se reducen a uno en los Centros de Atención Empresarial (CAE), ubicados en esas entidades. Formalizar una empresa en Colombia requería por lo menos 17 trámites, que tomaban en promedio 55 días.

Gracias a este proceso de simplificación, estas seis ciudades colombianas exigen un menor número de trámites para la creación de empresas, lo cual se traduce en que están entre las más dinámicas en el continente en la disminución de barreras a las compañías. De hecho, este avance ya fue reconocido pues obtuvo el Premio al Mejor Proyecto para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, en el marco del IV Congreso Mundial de Cámaras de Comercio en Durban (Sudáfrica), en un proceso en el que participaron 64 proyectos de diferentes lugares del mundo.

Luego de crear su negocio, los emprendedores hacen frente a una cantidad de costos adicionales por cuenta de trámites, conceptos, vistos buenos y certificaciones a los cuales no están obligados. Por ejemplo, muchos microempresarios que desean estar al día en sus obligaciones se enfrentan al hecho de que tramitar estos conceptos puede representar hasta el 30% del capital de su pequeño negocio.

Por eso, la nueva Ley Antitrámites complementará esté proceso de agilización adelantado por las cámaras de comercio, pues eliminará muchos de los requisitos que exigen las autoridades competentes como medida para hacer inspección a las actividades comerciales luego del proceso de creación de una empresa.



De lado y lado

Sin duda, tanto el gobierno como los empresarios ya se están beneficiando de las bondades del programa de agilización de trámites de las cámaras de comercio. Y se espera que sean aún mayores una vez se pongan en marcha las medidas contenidas en la nueva ley.

Por lo pronto, los nuevos propietarios han podido reducir tiempos, requisitos, documentos y desplazamientos innecesarios para realizar las gestiones de formalización de sus negocios ante las oficinas públicas.

La simplificación, eliminación y virtualización de trámites les han representado a las pequeñas empresas reducciones de costos de 45%, y de 76% para las microempresas. A su vez, se generó un entorno de mayor competitividad y transparencia, evitando prácticas de competencia desleal en cabeza de empresas informales que ante la agilidad de las diligencias han legalizado sus negocios.

Los principales beneficios para el sector gubernamental están reflejados en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades públicas que controlan la creación y formalización de las empresas. También en la optimización de sus procesos internos y generación de respuestas más rápidas a los empresarios. De igual manera, las entidades estatales han reducido los costos destinados a la infraestructura de ventanillas para atención al empresario, pues las solicitudes se tramitan en una única instancia: los CAE.
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