| 10/31/2011 2:00:00 PM

Concurso de investigación Fondo Germán Botero de los Ríos

Fedesarrollo está promoviendo en el país un concurso de investigación. Para cada estudio se aportarán $50 millones. Los interesados deberán enviar una propuesta, de no más de 3 páginas, a más tardar el 15 de noviembre de 2011.

En los últimos años, Colombia ha logrado superar con éxito choques macroeconómicos que en otros tiempos hacían evidentes las debilidades que en este campo caracterizaban a la economía colombiana. La mayor fortaleza de la macroeconomía conlleva a otorgar la debida importancia a consideraciones de carácter más estructural en donde, a pesar de ciertos avances, hay todavía amplio espacio para mejoras significativas. Esta consideración está detrás de los tres temas escogidos para ser estudiados con cargo a los recursos del Fondo Germán Botero de los Ríos que administra el Consejo Directivo de Fedesarrollo.

Aspectos generales de la convocatoria

Fedesarrollo patrocinará la realización de dos estudios, en uno o dos de los tres temas planteados a continuación. Para cada estudio se aportarán $50 millones. Los recursos que se otorgarán son netos; el pago de impuestos es por cuenta del investigador. Los interesados deberán enviar una propuesta, de no más de 3 páginas, al correo secgeneral@fedesarrollo.org.co a más tardar el 15 de noviembre de 2011. El Consejo Directivo designará un Comité de Selección compuesto por dos miembros del Consejo Directivo, el Director Ejecutivo y un experto externo. El Comité de Selección tomará una decisión a más tardar el 30 de noviembre. Además de la calidad de la propuesta, el Comité valorará positivamente la disposición del investigador de adelantar por lo menos una parte de la investigación en calidad de Investigador Residente en Fedesarrollo.

El candidato seleccionado presentará un informe de avance a más tardar el 29 de febrero de 2012. Dicho informe incluirá una primera versión del documento y una presentación en un seminario al cual asistirán, entre otros, dos evaluadores escogidos por el Comité de Selección. A más tardar el 31 de mayo de 2012 se presentará, en igual formato, una versión preliminar del informe final. El informe definitivo deberá estar listo el 30 de junio de 2012. Posteriormente el candidato seleccionado presentará el informe definitivo en un seminario abierto al público. El investigador acepta de manera expresa y voluntaria que los resultados de esta convocatoria serán de propiedad exclusiva de la Fundación. La convocatoria se otorgará a la propuesta premiada y los términos de referencia no podrán ser modificados una vez seleccionados. La investigación será publicada en la serie Cuadernos de Fedesarrollo, siempre que cumpla con los estándares académicos exigidos.

1. Situación salarial e incentivos de los maestros oficiales de la educación básica bajo el Nuevo Estatuto Docente de Profesionalización
El Decreto-Ley 1278 de junio de 2002 establece el Nuevo Estatuto de Profesionalización Docente mediante el cual se busca atraer y retener a los profesores más idóneos en el servicio educativo estatal en preescolar, básica y media, buscando alcanzar una educación de elevada calidad. El Nuevo Estatuto exige a los educadores no sólo niveles adecuados de formación y competencias para el ejercicio de la profesión sino también implementa evaluaciones permanentes de desempeño y competencias específicas para permanecer, ascender o ser retirado del escalafón docente. Adicionalmente, brinda estímulos a la innovación, investigación y especialización a docentes vinculados que deseen cursar estudios universitarios de profesionalización o especialización. Con el fin de analizar los impactos del Nuevo Estatuto en las remuneraciones e incentivos generados para los maestros oficiales, el Consejo Directivo de Fedesarrollo se abre una convocatoria para financiar un estudio sobre la situación salarial e incentivos de los maestros oficiales de la educación básica en Colombia bajo el nuevo Estatuto de Profesionalización Docente.

El documento que se pretende financiar a través de esta convocatoria debe desarrollar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Comparar los salarios de ingreso a la carrera docente de los maestros oficiales con respecto a los del anterior estatuto y compararlos también con los salarios de los maestros del sector privado y con los demás profesionales del país.

2. Comparar la evolución de los salarios de los maestros oficiales de los dos estatutos y la evolución de los salarios en otras profesiones durante 1995 – 2010.

3. Comparar los salarios de los maestros colombianos con los salarios de los maestros en otros países, en particular con los de la región latinoamericana, comparación que debe realizarse tanto en términos absolutos como relativos con otras profesiones.

4. Establecer si con el nuevo estatuto docente se ha generado una mejor selección en términos de profesionalización y resultados en el ICFES de los maestros que ingresan a la nómina estatal.

5. Medir el impacto del estatuto en la formación o profesionalización de los maestros en ejercicio (p.ej. ¿cuántos maestros han conseguido títulos de post-grado desde la entrada en vigencia del nuevo estatuto docente?).

6. Analizar el impacto del nuevo estatuto en las instituciones donde han ingresado los maestros que se rigen por el mismo.

7. Analizar el impacto de los exámenes de ascenso en la cualificación de los maestros.


2. El conocimiento como motor del desarrollo
En materia de actividades de ciencia, tecnología e innovación (CT+I), Colombia viene avanzando de manera lenta y pausada. En la actualidad se invierte en estas actividades el 0,44% del PIB y en I&D el 0.16%, lo que ubica al país en la retaguardia del desarrollo científico a nivel mundial. La decisión del Gobierno de hacer de la innovación una de las locomotoras del desarrollo y la aprobación en el Congreso de la reforma a las regalías, en donde se establece que el 10% de éstas se dedicarán a la CT+I, crean un nuevo escenario de desarrollo científico y tecnológico que debería impulsar la generación y utilización creciente de conocimiento en Colombia.

El Consejo Directivo de Fedesarrollo abre una convocatoria para financiar un estudio que debe:

1. Establecer el estado de desarrollo de la institucionalidad y de las capacidades para la CT+I y determinar el papel que la política pública ha tenido en el desarrollo de la CT+I.

2. Evaluar el papel que el sector privado ha cumplido en el desarrollo de la CT+I y el impacto que las inversiones en estas actividades ha tenido en el desarrollo tecnológico y la innovación en los distintos sectores y actividades económicas.

3. Plantear un escenario probable de la magnitud de los ingresos que por concepto del 10% de las regalías recibirá el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

4. Definir los objetivos, la(s) estrategia(s) y los instrumentos que deberá establecer dicho Fondo para asignar sus recursos entre las diferentes actividades, disciplinas, regiones y sectores económicos y sociales y determinar condiciones para que estos recursos públicos puedan ser apalancados por el sector privado.

5. Determinar el probable impacto que esta(s) estrategia(s) tendrá(n) en el desempeño de los distintos sectores económicos y regiones, en la construcción de capacidades en CT+I, y en la incorporación creciente de conocimiento, a través de la innovación, por parte de los sectores económicos y sociales.

6. Establecer los cambios en la política pública de CT+I y en sus instrumentos así como los ajustes institucionales necesarios para asegurar que con la puesta en marcha de la estrategia(s) propuesta(s) se logre el mejor uso de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Idealmente, la investigación debe incorporar un modelo que permita determinar los diferentes impactos que se esperan del uso de los recursos del Fondo.


3. La libre competencia económica
Con el proceso de liberalización económica de comienzos de los noventa y la adopción de una nueva Constitución, Colombia ha mantenido un modelo legal de garantía a la libre competencia al amparo del Decreto 2153 de 1992. Los permanentes cuestionamientos a este modelo en cuanto hace a la aplicación y eficiencia de las medidas adoptadas para prevenir prácticas anticompetitivas dio paso a la Ley 1340 de 2009, con el fin de actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades para proteger la competencia.

Se trata de una disposición que contiene los elementos esenciales en una ley de esta naturaleza, incluidos el tratamiento a los acuerdos anticompetitivos, el abuso de posición dominante y protección de los consumidores y las fusiones y adquisiciones como forma de afectar el mercado. Además, establece a la Superintendencia de Industria y Comercio como única autoridad para la aplicación de las normas de competencia y dispone un aumento sustancial de las multas aplicables. En ese contexto, el Consejo Directivo de Fedesarrollo, con cargo a los recursos del Fondo Germán Botero de los Ríos, abre convocatoria para financiar un estudio que examine la aplicación efectiva y eficiente de la mencionada ley de competencia.

Para tal efecto, el estudio a financiar debería desarrollar los siguientes aspectos:

1. Evaluación de la normativa vigente haciendo un ejercicio de regulación internacional comparada.

2. Determinar los avances en la reglamentación de las mencionadas disposiciones y en la adopción de buenas prácticas.

3. Revisión de la institucionalidad que protege la política de libre competencia en Colombia.

4. Efecto económico de los fallos emitidos en razón a la identificación de prácticas anticompetitivas.

5. Análisis de cifras generales de concentración y grado de monopolio en los principales sub sectores de la industria manufacturera, el comercio, la minería y los servicios.

6. Análisis detallado de la competencia en la cadena del petróleo, la telefonía móvil y el sector financiero.

7. Recomendaciones para la consolidación de una política de competencia desde el punto de vista regulatorio, institucional y de implementación de herramientas para el adecuado seguimiento de la ley.
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