YPF considera "improcedente" decisión judicial

Buenos Aires - En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, la compañía aseguró que apelará la decisión judicial, que, sostuvo, "ignora por completo el marco normativo que rige el Programa de Propiedad Participada y la jurisprudencia de la Corte Suprema" argentina.

El pasado miércoles, el juez Oscar Valentinuzzi dispuso que la venta de las acciones de YPF quede en suspenso hasta tanto se resuelva la demanda iniciada por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 exempleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.

El abogado de la federación, Rubén Leto, explicó a Efe que el juez hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un miembro de ese colectivo, que actúa como adherente en la causa judicial iniciada en diciembre pasado.

Según el letrado, la resolución judicial impide asimismo "cualquier otra transacción bursátil, como sesiones o transferencias de las acciones".

El juez de la ciudad argentina de Bell Ville ordenó además comunicar la suspensión de venta a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y a la Comisión Nacional de Valores de Argentina.

El pasado 25 de noviembre Repsol había registrado ante la SEC una solicitud para vender hasta un 15% de su participación mayoritaria en YPF.

En diciembre último la Federación de Ex Trabajadores presentó una denuncia contra Repsol e YPF ante el regulador del mercado estadounidense por supuesto fraude y por supuestamente ocultar a sus accionistas e inversores el reclamo de los exempleados.

La federación dijo que las reclamaciones económicas de sus miembros ascienden a US$3.000 millones.

Según alegan los demandantes, en 1990 se estableció que un 10% de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP), por lo que los empleados pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de clase C de la compañía.

Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta las acciones clase C sin la autorización de los trabajadores, decisión que quedó plasmada en un decreto del entonces presidente Carlos Menem y que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.

Sin embargo, fuentes de YPF consultadas por Efe señalaron que ese mismo fallo del Supremo determinó que la petrolera "no tiene ninguna responsabilidad en relación con el reclamo de los exempleados, siendo considerado el Estado nacional el único responsable".

Recordaron que esa decisión de la Corte "sentó jurisprudencia y fue receptada en los miles de juicios que hubo en esta causa".

"No hay preocupación entre nosotros. Se trata de reclamos recurrentes que siempre fueron para atrás. Esto no es nuevo, es uno más de las tantos embates", señalaron.

Repsol adquirió el 98% del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.

En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a 32.000 extrabajadores de YPF con bonos por un total de US$100 millones, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.

De acuerdo con la demanda, en febrero de 2007 el directorio de YPF, controlado por Repsol, autorizó la venta de las acciones Clase C remanentes que no habían podido venderse por las sucesivas presentaciones judiciales.

Los demandantes también cuestionan que en 2008 Repsol vendiese una participación del 14,9% en YPF al grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) sin consulta ni visto bueno de extrabajadores que se consideran legítimos accionistas de la petrolera.

(Efe)