| 2/12/2009 12:00:00 AM

Vista legislativa: Críticas a Uribe; apoyo republicano

WASHINGTON  — Tres colombianos vinculados de diversa manera con el sindicalismo en su país dijeron el jueves ante un comité de la Cámara de Representantes que se requiere de cambios estructurales en el sistema judicial de Colombia, y uno de ellos pidió a Estados Unidos generar esa transformación para que no haya más asesinatos de dirigentes laborales.

 

"Estados Unidos debe hacer todo lo que pueda para fortalecer el aparato judicial antes que el militar en Colombia", dijo José Miguel Sánchez, ex juez de la corte especial colombiana sobre casos de homicidio relacionados con el trabajo. "Hay que crear conciencia de jueces y fiscales de no sólo investigar a los autores materiales sino también intelectuales, porque sólo llegando a éstos se podrá acabar con este flagelo".

"De lo contrario, esto continuará, continuará y continuará", declaró Sánchez en una audiencia del Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes sobre derechos de los trabajadores y violencia contra dirigentes sindicales en Colombia.

José Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, dijo que en Colombia la tasa de asesinatos de sindicalistas era "cinco veces más grave que en el resto de países del mundo, incluyendo aquellos con dictaduras que han prohibido la actividad sindical".

 

Indicó que en los últimos 23 años han sido asesinados 2.694 sindicalistas. Admitió que con Uribe la tasa de asesinatos descendió progresivamente, pero en 2008 se notó "un fuerte incremento" del 25%, pasando de 39 muertes en 2007 a 49 en 2008.

Yessika Hoyos, hija del dirigente sindical Jorge Darío Hoyos, asesinado en mayo de 2001, afirmó que en Colombia "no se quiere identificar a los autores intelectuales porque esa es una política de estado".

 

"Al ritmo actual en que marchan las investigaciones y procedimientos judiciales, se requerirá de varias décadas para examinar los casos atrasados", sostuvo el demócrata George Miller, presidente del comité quien convocó la audiencia en momentos en que el Congreso estaba concentrado en buscar formas de reactivar la economía nacional.

Howard P. McKeon, republicano de mayor rango en el comité, le hizo notar esa coincidencia.

 

Dijo que si bien le preocupaban los informes sobre la violencia en Colombia, daba la impresión que el comité, "que tiene responsabilidad de atender las preocupaciones de los trabajadores, estudiantes y sus familias en Estados Unidos, ha dejado de lado esos temas para examinar la situación de trabajadores en un país extranjero".

Recordó que más de 600.000 trabajadores han perdido sus empleos en enero y que el desempleo nacional abarcaba a unos 3,6 millones de personas, y que igualmente las bolsas de valores estaban colapsando y con ello se esfumaban los ahorros de jubilación de millones de trabajadores.

 

"Estoy frustrado por lo que está pasando en esta sala", comentó.

La audiencia, si bien tuvo el propósito de examinar un tema laboral, puede estar relacionada con el avance del proceso del tratado colombiano, detenido en la Cámara de Representantes ante alegaciones de la dirigencia legislativa demócrata de que Uribe no estaba haciendo lo necesario para proteger la vida de activistas sindicales en su país.

 

Sánchez, quien ha sido empleado público durante 35 años, dijo que en su trabajo como juez, en que emitió sentencias en ocho casos, había llegado a la conclusión de que la fiscalía "ordena una investigación, pero nunca la lleva a cabo".

"Estos crímenes nunca terminarán si no se detiene a los perpetradores", dijo felicitando a los legisladores estadounidenses "por luchar por una causa ajena".

 

(AP)

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