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Venezuela: decreto da luz verde a expropiar empresas

4 de febrero de 2008

Caracas.- El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez declaró de "utilidad pública e interés social" el sector alimentario en un decreto que da luz verde a las expropiaciones de empresas que acaparen alimentos o especulen con los precios, informó el vicepresidente Ramón Carrizales.

La Gaceta Oficial del jueves publicó y puso en vigencia el decreto que reforma una ley para que el ejecutivo "sin mediar otra formalidad, (pueda) iniciar la expropiación mediante decreto por razones de seguridad y soberanía alimentaria de las empresas o personas naturales o jurídicas".

Afecta a negocios dedicados "a la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercio de alimentos o productos declarados de primera necesidad y sometidos a control de precios". El gobernante venezolano emitió el decreto basado en una ley habilitante que desde enero del 2007 lo facultó para legislar sobre diversas áreas hasta junio del 2008.

El mandatario venezolano también creó por decreto un comité que emitirá medidas "preventivas" tales como la "ocupación temporal... intervención" de fabricas, almacenes y comercios en los casos que en estos se evidencie "cierre, abandono, restricción, obstaculización" en la producción y distribución de alimento o cuando los minoristas "no cumplan con los controles de precios establecidos por el gobierno".

El comité presentará un informe de los incidentes de especulación o acaparamiento por parte de las empresas y los minoristas, que el gobierno regularmente culpa de la escasez de alimentos como leche y trigo, entre otros de primera necesidad.

El gobierno también decretó que cualquier persona que venda un bien por encima de su precio regulado puede ser declarado culpable de la especulación y sería sancionado con penas entre dos y seis años en la cárcel.

Los que sean encontrados culpables de la "alteración de condiciones de oferta y demanda... destruya o haga desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precios podrán ser sancionados hasta con 10 años de prisión", según la norma.

El gobierno intenta revertir la escasez de alimentos que ha perjudicado la popularidad del presidente.

Los comerciantes sostienen que el desabastecimiento es consecuencia de los controles de precios impuestos por el gobierno sobre más de 400 bienes desde el 2003. Se han dejando de vender algunos productos alegando pérdidas o ningún margen de ganancia en su producción o comercialización.

El sector empresarial también atribuye la falta de una docena de alimentos al auge del consumo contrastado con la poca producción de las industrias y los retardos en la autorización de divisas para hacer importaciones de materias primas.

 

AP