| 6/11/2010 9:20:00 AM

Uribe demanda justicia imparcial para militares y pide legislación especial

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, demandó hoy "justicia imparcial" para las Fuerzas Militares y apostó por una legislación especial para su protección, al respaldar al coronel en retiro Alfonso Plazas, condenado a 30 años por la desaparición en 1985 de diez civiles en el Palacio de Justicia.

Bogotá, - "Lo único que demandamos de la Justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas, que no pueden ser objeto de maltrato para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia", señaló Uribe.

Uribe, en una alocución transmitida por radio y televisión, también invitó a "los órganos del Estado" y al país a pensar en una "legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos".

Explicó que esa legislación debe ser "rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos tanto por acción como por omisión" y también "como elemento esencial del concierto para delinquir".

Indicó que la toma del Palacio de Justicia, hace un cuarto de siglo, "fue un delito de lesa humanidad cometido por la alianza perversa entre el narcotráfico y una de las guerrillas de la época" (el desmovilizado Movimiento 19 de Abril M-19).

Reiteró que la condena a Plazas Vega "genera profundo dolor y desestímulo en los integrantes de las Fuerzas Armadas".

Respaldó también al presidente de entonces, el conservador Belisario Betancur (1982-1986), que siempre "ha procedido con el patriotismo y la transparencia que rechazan cualquier asomo de delito".

Agregó que el Gobierno mantiene " vivo el dolor por todas las personas asesinadas" entre quienes se encontraban magistrados, civiles, soldados, policías, profesores, amigos y familiares de "tantos colombianos".

Plazas, que por la época de los hechos dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá, fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles, entre visitantes y empleados de la cafetería del Palacio de Justicia.

Los diez, más otro desaparecido cuyos restos fueron hallados posteriormente, hacían parte de los varios centenares de personas que se hallaban en la sede judicial el 6 de noviembre de 1985, cuando el M-19 ocupó la edificación.

Unos cuarenta rebeldes conformaron el grupo que se tomó el edificio, con el objetivo de someter a un juicio político a Betancur.

La acción guerrillera terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La condena contra Plazas despertó hoy una aguda polémica entre quienes como Uribe defienden al oficial en retiro y familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales (ONG).

(EFE).

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