Tercer día de protestas y piden liberar detenidos en Venezuela

CARACAS _ Grupos de estudiantes y empleados de empresas privadas continuaron manifestándose en las calles el miércoles por tercer día consecutivo en protesta por el cierre de la televisora RCTV, y un gobernador opositor exigió la liberación de decenas de detenidos, incluso menores de edad.

El ministro del Interior, Pedro Carreño, declaró el martes que desde el pasado 27 de mayo se han presentado en el país 97 protestas en las que fueron detenidas 182 personas, la mayoría de ellas estudiantes universitarios y menores de edad.

Carreño indicó que algunos de los detenidos fueron liberados, pero no precisó cifras, y que "107 niños y niñas, menores de edad" fueron presentados ante la Fiscalía General para abrirles procesos.

El Ministerio Público dijo en un comunicado que 30 menores fueron pasados a tribunales por incurrir en obstaculización de la vía, y alteración del orden público.

El gobernador del estado de Zulia y ex candidato presidencial Manuel Rosales demandó la libertad "para esos muchachos y esas muchachas, de inmediato, que no los traten como delincuentes".

En declaraciones a la prensa, el líder opositor manifestó que "el pueblo de Venezuela hace uso del mandato constitucional y reclama por la libertad en todas sus manifestaciones. Reclama por el derecho a la propiedad privada, por el derecho a protestar cívica, pacífica y democráticamente".

Rosales se enfrentó a Chávez en los comicios de diciembre pasado ganados por el mandatario que no renovó al canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV), que cesó sus transmisiones la medianoche del domingo lo que derivó en masivas manifestaciones de protesta en la capital y siete estados del país.

"Somos estudiantes, no somos golpistas", vocearon miles de jóvenes que el miércoles tomaron algunas vías del este y centro de la capital para manifestar por el regreso al aire de RCTV.

Levantando banderas venezolanas, y con las manos pintadas de blanco, los manifestantes marcharon hasta los alrededores de la Defensoría de Pueblo para exigir la liberación y protección de sus compañeros detenidos.

A estas protestas se unieron el miércoles centenares de empleados de compañías privadas que protestaron, por casi media hora, a las puertas de sus empresas en el centro y este de Caracas.

En tanto, el Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero (Cofavic), una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, fustigó la actuación de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones.

La presidenta de Cofavic, Liliana Ortega, denunció que policías habrían cometido excesos la noche del martes al atacar con bombas lacrimógenas y balas de goma a habitantes de zonas residenciales del este de Caracas quienes estaban protestando.

"No puede en nombre del control de orden público suprimirse los derechos humanos, sacrificarse los derechos humanos", dijo Ortega a la emisora Unión Radio.

El gobernador Rosales rechazó los señalamientos de Chávez quien denunció el martes que las protestas estudiantiles forman parte de un plan desestabilizador contra su gobierno.

Chávez defendió el retiro de la licencia a RCTV, abierto opositor al gobierno, y acusó al canal de noticias Globovisión de estar llamando a la "desobediencia, (e) incitando al magnicidio".

El gobierno entregó la frecuencia de RCTV a la televisora de servicio público Tves, que comenzó sus actividades el 28 de mayo con financiamiento estatal.

Rosales afirmó que las protestas son contra los intentos de "apropiarse el Estado de todos los medios de comunicación ...imponerle el silencio al pueblo, imponerle una sola información, imponerle un solo discurso".