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Tensión en negociaciones entre Bolivia y Telecom de Italia

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, demandó a la compañía que retire de las negociaciones al abogado Santiago Atsuro Nishizawa Takano, quien asesoró al gobierno boliviano en los años 90 en la privatización parcial de las mayores compañías estatales, entre ellas la Empresa Nacional de Telecomunicaciones que ahora el presidente Evo Morales pretende "recuperar para el estado".

13 de abril de 2007

La Paz.- El gobierno boliviano exigió el jueves a la telefónica Entel, subsidiaria de la italiana Euro Telecom, el retiro de un asesor legal para proseguir las negociaciones que deberían desembocar en la nacionalización de esa empresa, se informó oficialmente.

En una rueda de prensa el jueves por la noche, Quintana dijo que el gobierno "no va a tolerar que ninguna empresa transnacional quiera burlarse del estado" y anunció que iniciará un juicio en contra del abogado que trabaja para un consorcio boliviano, por "haber comprometido el patrimonio boliviano".

"No vamos a tolerar que ciudadanos bolivianos o extranjeros quieran burlar la fe del estado nuevamente asumiendo actitudes traidoras", señaló. "Esperemos que la comunidad internacional entienda que con el estado boliviano no se juega".

No se conoció de inmediato un pronunciamiento de la firma italiana cuyos negociadores iniciaron el miércoles una primera reunión.

El gobierno del presidente Evo Morales encomendó a un equipo que preside Quintana negociar con la compañía italiana hasta fines de mes.

El 50% de las acciones de Entel fueron adquiridas por Telecom Italia, entonces Stet, en diciembre de 1995. El otro 50% del paquete pertenece a los bolivianos y es administrado por dos administradoras de pensiones.

De las negociaciones también participan funcionarios del gobierno italiano que llegaron para defender a la transnacional que controla la mayor firma de telecomunicaciones en Bolivia.

Morales ya nacionalizó los hidrocarburos en mayo del año pasado y en febrero pasado recupero una metalúrgica de propiedad de la suiza Glencore sin reconocerle una indemnización.

 

 

AP