| 5/29/2007 12:00:00 AM

Sindicalistas uruguayos buscan reformar constitición

El paro afectó parcialmente las actividades y hubo servicio parcial de transporte de pasajeros y los huelguistas cerraron calles con sus pesados ómnibuses.

Montevideo_ La central obrera anticipó el martes que impulsará una recolección de firmas para intentar reformar la Constitución y anular una ley que amnistió a militares por delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura, entre 1973 y 1985.

 

El pronunciamiento se produjo en el marco de un paro general de actividades de cuatro horas donde la central sindical izquierdista criticó también contra las políticas económicas del gobierno izquierdista.

 

El paro afectó parcialmente las actividades y hubo servicio parcial de transporte de pasajeros y los huelguistas cerraron calles con sus pesados ómnibuses.

 

El comercio funcionó normalmente, no así las tres ramas de la enseñanza pública que no dictaron clases en reclamo de un presupuesto hacia el 2009 del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en la actualidad ubicado en alrededor de 17.000 millones de dólares.

 

La salud privada, asimismo, paralizó sus actividades y sólo hubo servicios de emergencia.

 

Unos pocos centenares de manifestantes, en un día de intenso frío y algunas lloviznas, se concentraron frente a la universidad para de ahí marchar hacia el ministerio de Economía, donde se fustigó al ministro Danilo Astori por sus políticas económicas restrictivas.

 

Posteriormente, en la Plaza Libertad en pleno centro montevideano, se volvieron a concentrar en un acto donde recrudecieron críticas.

 

El dirigente sindical, Edgardo Oyenart aludió críticamente a las fuerzas armadas durante la dictadura y "al ejército que se transformó en un ejército de ocupación" y denunció las torturas y desapariciones.

 

Oyenart anticipó que la central obrera que "saldrá a reunir firmas para anular la ley de impunidad", que fue sancionada en 1986, tras recuperarse la democracia y laudada en 1989 por más del 54% de los votos.

 

El gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha dicho que no derogará la ley.

 

 

AP

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