| 3/30/2007 12:00:00 AM

Senado boliviano aprueba contratos petroleros

También fueron aprobados en forma transitoria otros siete contratos de exploración, que deberán retornar al Congreso para su sanción definitiva cuando las petroleras inicien en los campos afectados la fase de explotación, según informó a la prensa el senador de la principal fuerza opositora, Podemos, Luis Vásquez.

La Paz.- El oficialismo y la oposición aprobaron en consenso el viernes en la madrugada 37 contratos de explotación firmados por el gobierno con empresas petroleras, en el marco del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, a fin de enmendar irregularidades detectadas en ellos.

Agregó que los contratos serán remitidos a la Cámara de Diputados para su sanción en esa instancia la próxima semana de modo que puedan ser promulgados a la brevedad por el gobierno. Las petroleras, entre ellas la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total, reclaman su pronta entrada en vigencia.

El Senado también envió a la Fiscalía de Distrito de La Paz el expediente que corresponde a sus investigaciones sobre supuestas irregularidades cometidas en el trámite de algunos contratos por el ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Manuel Morales Olivera y sus colaboradores.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, a tiempo de manifestar satisfacción por el acuerdo que permitió la aprobación, tras seis horas de sesión y semanas de negociaciones e investigaciones, insistió en que las irregularidades no son más que "errores" y no delitos. Pero la oposición insiste en que Morales Olivera, entonces como asesor general de YPFB y persona designada por el presidente Evo Morales para negociar con las petroleras, cometió delitos de "falsedad material e ideológica", pues habría suplantado los anexos más delicados de algunos contratos, para favorecer a algunas empresas.

"Necesitábamos un acuerdo de esta naturaleza para viabilizar los contratos. En el proceso de negociación se cometió errores, pero no hay atisbos de dolo o irregularidad", dijo Villegas. La parte más sensible de los contratos es el Anexo D, donde se estipulan los llamados "costos recuperables" por las empresas.

El decreto de nacionalización de mayo de 2006, que en realidad instruye una renegociación de contratos para que las petroleras aporten más al fisco, fue el marco de los nuevos acuerdos por los que las empresas, además de pagar los 50% de regalías y tributos fijados en la ley del sector de 2005, deben abonar una parte de las utilidades emergentes del otro 50%. Los beneficios se distribuyen a partes iguales con el estado después de restar todos los "costos recuperables", que según cada contrato pueden incluir desde otros impuestos hasta sueldos de ejecutivos y viáticos.

El ex superintendente de Hidrocarburos Víctor Hugo Sáinz informó a la prensa que para el caso de Total los costos recuperables son del 100% de los que podrían ser considerados en este rubro, mientras que para Repsol se reconoce el 60% y para Petrobras, la mayor operadora en Bolivia, sólo el 40%. Morales Olivera, quien no es pariente del Presidente, según Podemos y ex ejecutivos de YPFB, habría suplantado al menos en el caso de Petrobras, un Anexo D "duro", por uno "más blando", sin informar a Villegas ni a quien entonces era presidente de la petrolera estatal, Juan Carlos Ortiz.

Este último manifestó sospechas de que firmó ambas versiones inadvertidamente, entre las más de 15.000 páginas de los contratos que firmó en dos días, en octubre, según el orden que le habría hecho llegar Morales Olivera. Morales Olivera asumió en enero, tras la renuncia de Ortiz, la presidencia de YPFB y fue destituido la semana pasada por estas acusaciones.

En su lugar, juró hace una semana Guillermo Aruquipa, quien también es cuestionado por la oposición, pues no es un profesional del área.

 

 

AP

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