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Revelan nuevas interceptaciones ilegales desde fiscalía

En el más reciente giro a un largo escándalo de espionaje telefónico, el fiscal general interino Guillermo Mendoza, dijo el lunes que desde el interior de la entidad que dirige se interceptaban ilegalmente teléfonos y puso como ejemplo a un "alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia".

21 de septiembre de 2009

Bogotá  —  Mendoza explicó a periodistas que "a finales de la semana pasada, nos enteramos de que posiblemente algunas de las interceptaciones se están haciendo desde la 'Plataforma Esperanza' de la Fiscalía".

La "plataforma Esperanza" es el centro de operaciones por donde pasan todas las interceptaciones telefónicas que se hacen con autorización judicial y es dirigido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El sistema fue implantado con la ayuda de autoridades de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel.

En tal plataforma o sistema queda copia de los grabado y allí apareció el número telefónico del alto funcionario de la Corte, generando las sospechas sobre el seguimiento ilegal, dijo Mendoza.

Esas interceptaciones habrían ocurrido en agosto, agregó el Fiscal interino.

Añadió que fiscales a su cargo e indagan detalles de cómo y por qué se hacían tales interceptaciones.

"Lo que sí tenemos claro es que el teléfono de un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia estaba interceptado como si fuera interesante para dos investigaciones, (una) por extorsión y (otra por) secuestro", manifestó.

El funcionario de la Corte Suprema cuyas conversaciones habrían sido interceptadas sin autorización es el magistrado auxiliar Iván Velásquez, indicó un funcionario judicial que habló a la AP en condición de anonimato porque no está autorizado para declarar sobre el tema.

Velásquez, quien es el encargado de conocer y adelantar todas las investigaciones por presuntos nexos entre políticos y los paramilitares; dijo telefónicamente que desconocía la versión sobre interceptaciones a sus teléfonos desde la Fiscalía.

Mendoza indicó que el modus operandi de quienes ordenaban las interceptaciones ilegales consistía en decir a fiscales de que determinado número telefónico era importante para una investigación penal.

El 30 de julio, la Fiscalía ordenó detener a 10 ex directivos y ex detectives del DAS por el presunto espionaje.

Cuatro ex directores del DAS, aunque no están detenidos, están vinculados a la investigación de la Fiscalía.

Miembros de la oposición han dicho que los autores intelectuales de las interceptaciones y seguimientos son funcionarios de la presidencia, de quien depende directamente el DAS. El gobierno niega que se hayan realizado como parte de una política oficial.


(AP)