Repsol se compromete a cooperar con justicia boliviana

La petrolera hispana Repsol YPF dijo el martes que cooperará con la justicia para dar por tierra con las acusaciones de contrabando de crudo en su contra, que motivaron que un fiscal firmara una orden de aprehensión de dos de sus ejecutivos, ahora aparentemente revocada.

En un comunicado difundido el martes, la subsidiaria de Repsol en Bolivia, Andina, señaló que sus principales directivos en este país Julio Gavito, presidente, y Pedro Sánchez, gerente de operaciones, declararán ante un fiscal de la ciudad de Santa Cruz, el 9 de marzo.

Ambos deben comparecer a una audiencia informativa, no como imputados, pues el proceso está en sus inicios y aún la justicia debe determinar si motiva la apertura de una causa penal por supuestos delitos denunciados por la aduana boliviana, o se resuelve en el plano administrativo.

La nueva fecha, aparentemente, fue acordada por Repsol con el Fiscal General de la República, Pedro Gareca, a quien la principal fuerza opositora en el Congreso, Podemos, ha sindicado de responder al presidente Evo Morales antes que a la justicia.

Según despachos procedentes de España, Gareca habría revocado el lunes la orden de aprehensión, pasando por encima de los fiscales asignados al caso, y en un día feriado. Ni el Ministerio Público, ni el gobierno, ni Repsol han confirmado en Bolivia la versión.

El viernes, el fiscal Angel Alvarez liberó la orden contra los ejecutivos por no haberse presentado ese día a declarar, y después de haber fijado tres citas para que se hagan presentes en la jornada.

Informó a la prensa que sus abogados indicaron a la Fiscalía de Santa Cruz que no podría asistir por "exceso de trabajo" y que de uno de ellos se dijo que estaba en La Paz, y que el otro permanecía en Santa Cruz.

Pero en su comunicado Repsol informó que Gavito viajó el jueves a España para preparar la visita que debe cumplir el próximo viernes a Bolivia el presidente general de la compañía Antonio Brufau.

La orden de aprehensión motivó que el pasado sábado el embajador español en La Paz, Francisco Montalbán, visitara a Morales, en el palacio presidencial, para hacerle conocer la preocupación de su gobierno.

Según fuentes extraoficiales, el mandatario le habría hecho conocer su sorpresa ante la medida judicial.

Luego, se sucedieron informes periodísticos desde España de que el gobierno de ese país había tomado contacto con Repsol para informarle sobre sus gestiones en Bolivia para resolver la situación de Gavito. Morales no ha declarado sobre el asunto.

Repsol también comunicó que los directivos presentaron oficios para aplazar su comparecencia ante la Fiscalía de Santa Cruz, 570 kilómetros al sureste de La Paz, "en el marco de los derechos constitucionales", debido a que ambos contrajeron compromisos previos de trabajo.

Explicó que esa excusa se enmarca en la figura legal de "impedimentos legítimos" que la legislación boliviana contempla, siempre que sean tramitados con anticipación y con la debida justificación.

El presidente saliente de la Aduana Nacional, Ricardo Alba, informó el 17 de febrero que entre 2004 y 2005 Andina exportó sin las necesarias autorizaciones oficiales 230.400 barriles de petróleo hacía Argentina y Chile, por un precio de 9,2 millones de dólares.

Agregó que es posible que Andina haya incurrido en "falsedad ideológica" en el caso.

Para hacer la exportación de hidrocarburos no sólo es necesario reportar las ventas a la aduana, sino también, con anterioridad a ellas, solicitar la autorización del Ministerio de Hidrocarburos, procedimiento que se habría omitido.

En su comunicado, la compañía reiteró el martes que las exportaciones de crudo realizadas en el período mencionado "se efectuaron de manera legal y con permisos emitidos por la autoridad competente a través de resoluciones ministeriales". Gavito señaló desde España que el contrabando era "imposible".

Según las leyes bolivianas, la Fiscalía debe substanciar el proceso y entregar sus propias investigaciones para que sea un juez quien determine si se abre o no causa.

La legislación establece que, en caso de contrabando, quien hubiera incurrido en él debe pagar una multa equivalente al valor de lo exportado y que los responsables podrán ser encarcelados.