En una carta abierta publicada hoy, los expertos indicaron que la propuesta de reforma tendría "implicaciones serias" para el Estado de Derecho y el disfrute de los derechos humanos en Colombia.
"Se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la policía", afirmaron.
"Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los derechos humanos", opinaron los expertos.
"Enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la fuerza pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", agregaron los firmantes de la carta.
En el escrito se reconoce que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas quedarían excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales, pero se agrega que los cambios propuestos "ampliarían la competencia de estos tribunales", y les otorgaría "poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los derechos humanos".
Estos delitos, en opinión de los expertos, "deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal".
Se trata de delitos que representan una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos los crímenes de guerra, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento y uso de menores, la detención arbitraria, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones.
También podrían quedar bajo jurisdicción militar la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes, así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades, sin distinción por motivo de pertenencia a grupo étnico, religión o creencia, sexo, nacimiento o fortuna u otro criterio similar.
Asimismo, la justicia militar podría tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.
"Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos", dijeron los expertos.
"Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades", incluidos "los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio".
Los expertos advirtieron de que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales, como instancia de control para tratar cualquier acusación contra un miembro de las fuerzas de seguridad del Estado, "sugeriría que el acusado" recibiría "un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad".
También consideraron que la existencia de este tribunal, con competencia exclusiva para procesar al personal militar o policial, "supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos y entorpecería el debido proceso legal", y atentaría así "contra el Estado de Derecho".
"Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de derechos humanos contra población civil", incluidos "defensores y defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo", indicaron.
Los firmantes de la carta son:
Christof Heyns, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El Hadji Malick Sow, presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Faiza Patel, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos.
También Frank La Rue, relator sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Gabriela Knaul, relatora sobre la independencia de magistrados y abogados; Juan E. Méndez, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Kamala Chandrakirana, presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra la mujer.
Además, Maina Kiai, relator sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Olivier de Frouville, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; y Rashida Manjoo, relatora sobre la violencia contra la mujer. EFE
"Simón Trinidad" purga una condena a 60 años de prisión por toma de rehenes, y su participación en el proceso de paz, que previsiblemente será por medios virtuales, depende del Gobierno en Washington.
Además de las órdenes que afrontaban estos cinco líderes rebeldes, la Fiscalía General levantó las que pesaban sobre otros 24 guerrilleros reconocidos por el Ejecutivo como asesores de la FARC en el proceso de paz, entre ellos la holandesa Nijmeijer.
La extranjera, de 34 años y que llegó a Colombia como profesora de idiomas, tiene en contra una solicitud de captura por rebelión y una más con fines de extradición a Estados Unidos por secuestro.
EFE