| 8/31/2010 5:00:00 PM

Proyecto de restitución de tierras usurpadas en Colombia

El Gobierno colombiano aceptó hoy incluir en un proyecto legal de reparación a víctimas del conflicto armado interno la restitución de los más de cinco millones de hectáreas que les fueron usurpadas a los desplazados.

Bogotá.- El problema de las tierras, para el que se consideraba una normativa paralela, fue añadido al proyecto de ley por iniciativa de la bancada parlamentaria del Partido Liberal Colombiano (PLC), que la consensuó con el Ejecutivo del presidente Juan Manuel Santos.

El acuerdo lo informó el ministro colombiano del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, a la salida de la última ronda de una serie convocada para concertar una nueva propuesta de ley de reparación a los millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado interno.

"El tema de indemnización de tierras a desplazados hará parte de este proyecto", dijo a la prensa el ministro Vargas Lleras.

El alto cargo explicó que el proceso de restitución podrá darse por dos vías, una administrativa, es decir, sin que medie una decisión judicial, y, otra, por la jurisdicción agraria.

Con ello se busca que las tierras puedan ser regresadas a los desplazados que las abandonaron para ponerse a salvo de grupos paramilitares y guerrilleros, y de los choques de estos con las fuerzas de seguridad.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) de defensa de los derechos humanos han calculado que estos desarraigados, cuyo número supera los cuatro millones de personas, perdieron más de cinco millones de hectáreas de tierras, la mayoría de ellas por presión de los paramilitares.

En un reciente debate sobre el problema de las tierras convocado por la Cámara de Representantes, se denunció que miles de hectáreas fueron a parar a manos ex altos cargos estatales, incluidos antiguos congresistas, y familias de terratenientes.

Hace tres días, en otro encuentro de concertación, Vargas Lleras y el PLC llegaron a un acuerdo para que al proyecto de ley también se le agregaran, para efectos de reparación, a las víctimas de la acción de agentes estatales.

Una iniciativa del mismo tipo fracasó el año pasado en el Congreso, por la oposición del Ejecutivo del ahora ex gobernante Álvaro Uribe, correligionario de Santos y que alegó razones financieras.

Con este consenso, la norma tendrá alcance sobre las víctimas de agentes estatales, guerrillas y grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvieron a mediados de 2006 tras desarmar a unos 31.000 ultraderechistas.

Los crímenes de los ahora ex paramilitares, que se cuentan por miles, son investigados por una jurisdicción creada en virtud de la ley de reinserción adoptada para la organización que los reunía.

"El Gobierno no discrimina a las víctimas y si se abre paso al acuerdo (...), todas las víctimas serán reparadas, si se demuestra que en efecto fueron víctimas, independientemente de quién hubiera sido el victimario", afirmó Vargas Lleras.

En la reunión del sábado pasado, las partes también discutieron el coste de la reparación a las víctimas, que se dará en el transcurso de diez años.

El legislador Guillermo Rivera, portavoz del PLC en la Cámara de Representantes, informó al día siguiente que la indemnización estatal a víctimas valdrá de $40 billones a $50 billones (de US$21.932 millones a US$27.416 millones, a precios de hoy).

 

EFE

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