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Presidente paraguayo pedirá renegociar contrato de Itaipú

8 de septiembre de 2008

Asunción.- El presidente paraguayo Fernando Lugo presentará oficialmente su pedido de renegociar el tratado de explotación y administración de la hidroeléctrica Itaipú durante su visita a Brasilia el 17 de septiembre.

El parlamentario del Mercosur paraguayo y asesor de Lugo, Ricardo Canese, declaró el lunes a periodistas que el contrato en sus condiciones actuales representa "una evidente situación injusta".

"Paraguay quiere revisar el tratado para vender su energía excedente a precio de mercado, es decir unos 35 dólares por cada megavatio hora. Además, debe tener la posibilidad de comercializar su electricidad excedente con otros países", añadió.

El convenio binacional, que data de 1973 y expira en 2023, estipula que de las 20 turbinas de la usina, Paraguay utiliza para su consumo interno la generación de únicamente una y la electricidad producida por las otras nueve que le pertenecen está obligado a vendérsela a Brasil.

"Paraguay hoy recibe 2,7 dólares por cada megavatio/hora vendido a la empresa Electrobrás, pero ésta por revenderla sólo al mercado industrial de Sao Paulo anualmente recauda 2.000 millones de dólares", indicó Canese.

Paraguay recibe unos 350 millones de dólares anuales provenientes de regalías y energía excedente de Itaipú.

Lugo, en su campaña para los comicios presidenciales que ganó el 20 de abril, prometió revisar el tratado con Brasil porque las tarifas de compra y venta de electricidad establecidas en 1973 están desfasadas.

Lugo expresó el domingo que "vamos a comenzar a hablar del tratado de Itaipú con el gobierno brasileño. Creemos que hay que actualizar el contenido del convenio bilateral".

"El viaje del presidente a Brasilia está confirmado para el 17 para hablar prioritariamente de Itaipú", adelantó el canciller Alejandro Hamed.

El jefe de estado considera que con el dinero proveniente de Itaipú podrá llevar adelante la reforma agraria integral para comprar tierras privadas para entregárselas a unas 300.000 familias campesinas pobres.

 

 

AP