| 1/26/2011 11:15:00 AM

Portugal debate una reforma para abaratar el despido inspirada en la española

El Gobierno portugués debate con los agentes sociales la necesidad de abaratar el despido a través de una reducción de la indemnización de 30 a 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce meses, tal y como ocurre en la vecina España desde la entrada en vigor de su nueva reforma laboral.

Lisboa - El Ejecutivo socialista de José Sócrates pretende así reformar el mercado de trabajo y fomentar la competitividad del país, cuya maltrecha situación financiera lo ha colocado bajo la presión de los mercados internacionales, que continúan penalizando con un interés cercano al 7 por ciento su deuda soberana.

Patronales y sindicatos negocian desde esta semana con el Ejecutivo luso la nueva propuesta gubernamental, que también incluye la creación de un fondo financiado por los empresarios para garantizar el pago de las indemnizaciones.

La propuesta ya cuenta con el apoyo, al menos parcialmente, de la Confederación Industrial de Portugal (CIP) y del sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT).

Sin embargo, despierta muchas dudas en el resto de organizaciones patronales y en la organización sindical mayoritaria, la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), de orientación comunista.

Actualmente, en Portugal se pagan 30 días por año de actividad laboral en caso de despido colectivo, por desaparición del puesto de trabajo o por inadaptación.

De aprobarse esta medida, la indemnización se reduciría a 20 días con un techo máximo -hasta ahora no lo había- de 12 meses.

La idea es compensar a los trabajadores por esta pérdida asegurando al cien por cien el pago de la indemnización, para lo que se plantea crear un fondo financiado únicamente por los empresarios a través de una contribución todavía por decidir.

La ministra de Trabajo lusa, Helena André, justificó esta medida con la existencia de empresas que "frecuentemente" no cumplan con sus obligaciones "a la hora de despedir a sus trabajadores".

La idea del Gobierno luso es fijar las indemnizaciones en base únicamente al salario fijo, sin tener en cuenta el variable, al contrario que en España, lo que afectaría a sectores como el del comercio, la banca o los seguros, donde una parte significativa de la retribución depende de los objetivos o las comisiones.

La reforma laboral entró en vigor en España el pasado 16 de septiembre después de que fuera aprobada una semana antes en el Congreso con los únicos votos a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En ella se recoge el abaratamiento del despido y la creación de un fondo de garantía para el pago de indemnizaciones.

En Portugal, la negociación todavía está abierta y quedan varias cuestiones por aclarar, entre ellas saber si las nuevas reglas afectan a todos los trabajadores o sólo a los nuevos contratos, o si atañen a los empleados temporales.

La ministra de Trabajo reconoció a principios de semana que el Ejecutivo estudió el caso español antes de presentar su plan a la mesa de negociación social, ante "la necesidad de alinear" su legislación laboral con la del país vecino y el resto de Europa.

Sin embargo, esta decisión de mirar a España fue criticada por el líder de UGT, Joao Proenca, quien recordó que los sueldos en Portugal son sensiblemente inferiores.

"Si nos dan el salario español, aceptamos la propuesta de inmediato", ironizó.

Según informa hoy la prensa lusa, la reforma del Ejecutivo socialista suscita el rechazo de las patronales del Comercio y el Turismo, favorables a rebajar las compensaciones por despido, pero contrarias a la creación del fondo de garantía al considerar que las compañías carecen de margen de maniobra para afrontar ese gasto.

Tampoco convence la propuesta al sindicato CGTP, que la cree lesiva para los derechos de los trabajadores, protegidos por una Constitución que se redactó en el periodo posterior a la revolución del 25 de abril de 1974 y que puso el acento en velar por los derechos laborales.

La meta del Ejecutivo es aprobar la reforma antes de abril, aunque previamente tendrá que pasar con éxito por el Parlamento, donde los socialista gobiernan en minoría, y ser sancionada por el presidente de la República, el conservador y recientemente reelegido Aníbal Cavaco Silva.

 

(Efe)

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