| 1/16/2008 12:00:00 AM

Planeación Nacional, obtiene certificado de calidad

Directora del DNP anunció que antes de culminar enero estará listo el decreto de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, que ampliará su planta de personal y le permitirá fortalecer frentes como el de Justicia y Paz.

Bogotá.- El presidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró hoy que el Departamento Nacional de Planeación en cabeza de su directora general, Carolina Rentería, es un buen ejemplo para las demás entidades del Gobierno nacional que a diciembre de 2008 deberán haber obtenido su respectivo certificado de calidad.

En este sentido, la directora del DNP dijo que dicho reconocimiento parte de la intensa actividad de todos y cada uno de los funcionarios, contratistas y pasantes del DNP y “es un justo reconocimiento a nuestro mayor activo: la calidad humana que permea toda la institución”.

Tras recibir oficialmente la certificación ISO 9001:2000 / con alcance a todos sus procesos, por parte de la firma Bureau Veritas Certification, en presencia del Jefe del Estado, Rentería destacó los principales logros alcanzados así como aquellos retos que asumirá Planeación Nacional a lo largo de este año.

En materia de descentralización mencionó el paquete de reformas que incluyó un acto legislativo para definir el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una ley para reglamentar esta reforma constitucional y, la semana pasada, un decreto ley mediante el cual se establece la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto que los municipios, distritos y departamentos realizan con estos recursos.

Sobre el decreto ley, dijo que se trata de una estrategia que crea mecanismos para asegurar que los dineros del SGP cumplan con el objetivo fundamental de reducir las brechas sociales y ampliar las oportunidades en el país a través de su adecuada y eficiente utilización.

Durante su intervención, recordó que para la orientación, articulación y ejecución de la estrategia, se crea la Unidad Administrativa Especial de Monitoreo, Seguimiento y Control, adscrita al Departamento Nacional de Planeación y, agregó que en casos extremos, las disposición prevé medidas correctivas tales como suspensión de giros; giro de recursos a través de fiducias públicas; asunción temporal de competencias por parte del departamento o la Nación; y solicitud de suspensión de procesos contractuales.

En materia de infraestructura destacó que el impulso a estrategias previstas en el Plan de Desarrollo, como las concesiones para atraer inversión privada para el desarrollo, está dando frutos, de forma tal que a la fecha los recursos inicialmente previstos por 10 billones del sector privado se estiman ahora en 13 billones de pesos.

De otro lado, en el campo social reiteró la importancia de la red Juntos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, con la vinculación de un millón y medio de familias pobres, del nivel 1 Sisbén y desplazadas, al programa Familias en Acción.

“Actualmente, de las 96 mil familias vinculadas en los 33 municipios piloto que firmaron acuerdos, ya hay 42.189 con acuerdos de corresponsabilidad firmados y 12.540 cuentan con acceso a más de un programa social. El plan de expansión en 2008 tiene como meta iniciar la implementación en todos los municipios y tener 740.000 familias con acuerdos de corresponsabilidad firmados, con el acompañamiento de gestores sociales, a las que paulatinamente se les brindará acceso preferente a la oferta social del Estado”, precisó.

En materia de reestructuraciones administrativas, la directora del DNP anunció que, antes del 24 de enero, el Gobierno expedirá el Decreto de reestructuración de la Fiscalía General de la Nación, que ampliará su planta de personal en 2.166 nuevos cargos, dentro de los cuales se cuentan 418 nuevos fiscales y 518 investigadores del CTI.

Para tal fin, se destinarán más de $100.000 millones para fortalecer los frentes de Justicia y Paz; el programa de protección a víctimas y testigos; el desarrollo de investigaciones sobre violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario; la investigación de homicidios presuntamente cometidos por agentes institucionales; y la implantación del Código de Infancia y Adolescencia, entre otros.

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