| 12/17/2009 2:30:00 PM

Piden a ex presidente colombiano asumir responsabilidad

La Comisión de la Verdad sobre la toma guerrillera del Palacio de Justicia en 1985, donde murieron más de cien personas, reveló el jueves su informe final y pidió al entonces presidente Belisario Betancur, funcionarios de su gobierno y autoridades militares asumir la responsabilidad política por el hecho.

El informe de 325 páginas fue elaborado por tres ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal que fue el que dispuso en el año 2005 crear la Comisión de la Verdad con el objetivo de "hacer justicia, dando a conocer a la sociedad y a las víctimas la verdad de lo ocurrido".

Aunque muchas de sus afirmaciones ya eran conocidas por informes preliminares de la propia Comisión, que carece de potestades judiciales o para procesar, el reporte final destacó la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad política de lo ocurrido porque "nunca existió intención real ni efectiva del gobierno nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes".

"La Comisión de la Verdad hace un llamado al presidente Betancur y a quienes ejercían cargos de responsabilidad en su gobierno, invitándolos a aceptar la responsabilidad política que les compete por las acciones u omisiones", dijeron los tres magistrados en su reporte divulgado en la jornada en un acto en un auditorio universitario.

Betancur (1982-1986) ha dado su versión de los hechos, incluyendo a la propia Comisión, y en todo momento ha negado, como han dicho ex magistrados, que los militares de la época lo apartaran temporalmente del cargo asumiendo la retoma del Palacio a sangre y fuego.

Un comando del ahora desmovilizado grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) entró al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y otras instancias judiciales, en el centro de la ciudad; el 6 de noviembre de 1985 y demandaron hacer un juicio al presidente Betancur.

Entre el ingreso de los rebeldes y la decisión de los militares de retomar el Palacio murieron entre el 6 y 7 de noviembre más de 100 personas, entre ellos los miembros del comando del M-19, magistrados de la Corte Suprema y además fueron dados por desaparecidos al menos 11 personas, la mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio.

Tras el acto, parientes de víctimas de los hechos del Palacio dejaron ver posiciones encontradas, algunos a favor del informe y otros asegurando que el reporte contenía falsedades como la supuesta relación entre rebeldes y narcotraficantes.

"Desde hace 24 años estamos pidiendo un juicio para el presidente Betancur...él es el verdadero responsable de todo esto", dijo el ex ministro de Justicia Carlos Medellín, hijo de Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados muertos en el Palacio. Medellín además instó a revisar el indulto otorgado a los rebeldes del M-19 al pactar su desmovilización con el gobierno en 1990.

Pero para René Guarín, hermano de la Cristina Guarín --una empleada de la cafetería del Palacio y una de las desaparecidas-- asuntos como la relación de los guerrilleros con el narcotráfico son falsos. La única responsabilidad es de la fuerza pública, que provocó un incendio en el edificio, de acuerdo con Guarín citado por el diario El Espectador en su edición digital.

Y en cuanto a los militares, dijo la Comisión, es "inocultable que (en) el ejército...esperaban una oportunidad propicia para desquitarse de su enemigo" o el grupo guerrillero que los había "vejado en su dignidad" por acciones armadas previas a la toma del Palacio.

La Comisión ademas ratificó que "no existe ningún asomo de duda en relación con la grave infracción" del grupo guerrillero al hacer la toma y aseguró que, como se ha sospechado y dicho por años, "todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel (de las drogas) de Medellín para el asalto" a la sede judicial y que ambas organizaciones tenían coincidencias de objetivos contra el gobierno.

La Comisión recomendó al gobierno actual a "redoblar" esfuerzos para hallar los restos humanos de los desaparecidos y disponer el otorgamiento de reparaciones a las parientes de las víctimas.

Por el caso del Palacio han sido detenidos en los últimos tres años los generales retirados Jesús Armando Arias, comandante de la brigada militar de Bogotá para la época de la toma, Iván Ramírez, comandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército para aquellos años, así como el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas Vega, quien operó en la recuperación de la sede judicial.

 

(AP)

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