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Organizaciones de derechos humanos suspenden diálogo con Gobierno de Santos

Al menos 500 organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos, reunidas en cuatro plataformas, suspendieron diálogos con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos por el incumplimiento en los compromisos para proteger la vida de líderes sociales.

14 de junio de 2011

Bogotá - Así lo aseguraron a través de un documento en el que señalan que las cuatro plataformas de Derechos Humanos "suspenden la realización de la mesa temática" por el "incumplimiento de los compromisos asumidos " para "proteger la vida y la integridad personal de los defensores, defensoras y líderes sociales".

También responsabilizan al Gobierno colombiano por la muerte de Ana Fabricia Córdoba, líder de desplazados por el conflicto armado, asesinada por un sicario el martes pasado en una calle de Medellín.

Señalan que el Gobierno no implementó "mediadas de protección concertadas y apropiadas que hubieran podido salvarle la vida" y agregan que en lo que va corrido de este año "más de 20 defensoras y defensores han sido asesinados y cerca de 100 amenazados".

Aseguran también que no se han logrado avances en las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, estatal).

Recuerdan que el Estado tampoco ha "entregado aun resultados en las investigaciones de los crímenes contra defensores y líderes sociales, ni sobre las numerosas amenazas en su contra" y reiteran que los niveles de impunidad siguen aumentando.

Exigieron una "pronto" reunión con el presidente Santos "para que en su calidad de jefe único del Estado, dé pronta respuesta y tome las medidas efectivas que protejan la vida y la integridad" de los defensores de derechos humanos.

Las organizaciones de derechos humanos mantendrán la medida de no regresar a la mesa de diálogo hasta tanto el Gobierno colombiano adopte las medidas solicitadas.

La llamada mesa de diálogo se institucionalizó desde 2009 y a ella acuden organizaciones no gubernamentales y delegados del Gobierno que en reuniones periódicas ventilan temas sobre derechos humanos y los problemas de seguridad que aquejan a líderes sociales.

 

 

 

 

Efe