Nuevo round entre la Corte Suprema y la Casa de Nariño

El presidente de la Corte Suprema solicitó el lunes a la Fiscalía y la Procuraduría investigar una supuesta alianza de dos asesores de la casa de gobierno con paramilitares, en lo que dijo era un pacto en busca de desprestigiar a magistrados y obstaculizar investigaciones del máximo tribunal.

El magistrado Francisco Ricaurte, en una entrevista con la cadena radial Caracol, dijo que el presidente Alvaro Uribe debía explicarle al país y a la Corte Suprema porqué dos de sus asesores se reunieron a comienzos de año en la Casa de Nariño, o la sede de gobierno, con un miembro del paramilitarismo, asesinado el mes pasado, y un abogado de otro paramilitar, quien fue extraditado en mayo Estados Unidos por narcotráfico.

"Yo aspiro que el Presidente de la República le dé una explicación a la Corte sobre esta situación, pero aquí lo que se viene a demostrar es que hay un sector del gobierno que esta haciendo montajes contra la Corte, que está aliado con los jefes paramilitares para enlodar a la Corte", dijo el magistrado.

"Hay una estrategia montada desde un sector del gobierno contra la Corte Suprema de Justicia para deslegitimar sus decisiones, para desacreditar a los magistrados", agregó.

El magistrado Ricaurte dijo que "me cuesta mucho trabajo creer" que el presidente Uribe estuviera al tanto de tales reuniones de sus asesores.

Las declaraciones de Ricaurte salieron al paso de un reportaje de la revista Semana el domingo, indicando que en abril el secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, y el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, se reunieron en la casa de gobierno con Antonio López, quien se presentaba como un vocero de paramilitares ya desmovilizados pero a quien versiones de prensa y de autoridades regionales apuntaban como miembro de la llamada "Oficina de Envigado".

La Oficina de Envigado es una banda narcotraficante y de sicarios comandada por el paramilitar Diego Murillo, alias "Don Berna", uno de los más temibles paramilitares y quien fue extraditado en mayo junto a otros 13 narcoparas a Estados Unidos.

López fue asesinado a tiros por desconocidos el mes pasado en Medellín a 250 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Los dos asesores aceptaron en la víspera que recibieron a López una sola vez y porque llegó en compañía de Diego Alvarez, uno de los abogados de Don Berna, quien les había contactado anteriormente para entregarles grabaciones de video hechas clandestinamente a un investigador de la Corte, lo que según el abogado Alvarez era una prueba de que el máximo tribunal buscaba testimonios que implicaran al presidente Uribe con el llamado escándalo de la "parapolítica" o nexos del paramilitarismo con legisladores, alcaldes, entre otros.

De acuerdo con el asesor jurídico, en la reunión recibió cuatro discos compactos que entregó a la policía para que los desgrabaran porque estaban casi inaudibles y era muy confuso su contenido, por lo cual las descartaron.

Para el presidente de la Corte Suprema el hecho que miembros del gobierno se reunieran con López y un abogado de un reconocido paramilitar, es un indicativo de que en sectores del gobierno se buscaba realizar "montajes" en contra de la honra y credibilidad de los 23 magistrados del máximo tribunal, una forma que según dijo buscaba desacreditar las investigaciones que lleva el tribunal desde 2006 sobre lazos de congresistas con el paramilitarismo.

El pedido de investigación no se refiere a que los dos asesores hubieran participado en acciones del paramilitarismo, sino por supuestamente tramar un "complot" con miembros de esas bandas en contra del tribunal y así bloquear las investigaciones que lleva la Corte contra congresistas, muchos de ellos aliados al gobierno.

AP