| 8/16/2007 12:00:00 AM

Minprotección pendiente del futuro del caso Foncolpuertos

Ex portuario pretende derogar resolución que permitió que pensiones de $23 a $28 millones fueran ajustadas a topes legales y convencionales de $7 millones aproximadamente.

Bogotá_ El pasado 26 de julio el Ministerio de la Protección Social fue notificado de una Acción de Tutela interpuesta por Jesús Enrique Perlaza Chávez, presentada ante el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, que pretende por decisión del Juez Constitucional, dejar sin efecto la Resolución 264 de 2002.

 

Mediante esa norma, el Grupo Interno de Trabajo Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia, ajustó a topes legales y convencionales, las 192 pensiones exorbitantes que figuraban en nómina, obtenidas fraudulentamente y que oscilaban entre $23 a $28 millones.

 

Estas fueron reducidas a aproximadamente $7 millones en acatamiento a las normas vigentes al respecto, puesto que se venían lucrando indebida e irregularmente de los recursos del erario.

El Juez de Tutela concedió ocho horas al Ministerio de la Protección Social para la defensa, término al cual la entidad dio cumplimiento, dando las razones de derecho en defensa de los intereses de la Nación, entre los cuales, se manifiesta que la Corte Constitucional en tutela interpuesta por otro ex portuario afectado por la medida, avaló el actuar del Grupo.

La Resolución 264 de 2002 fue expedida en acatamiento a la Resolución 262 del mismo año, dando instrucciones precisas, contundentes y ciertas para ajustar a topes las pensiones. Esta medida no fue compartida por los ex portuarios afectados, quienes la demandaron ante el Consejo de Estado en Acción de Nulidad y Restablecimiento al Derecho, Corporación que luego de más de tres años de análisis de los argumentos de defensa, así como de las pruebas aportadas, declaró la legalidad de dicha resolución en fallo proferido el 10 de marzo de 2005 por el Magistrado Ponente, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado.

No obstante, ex portuarios en el ejercicio de defensa a sus derechos han iniciado acciones populares, las cuales cursan actualmente ante la jurisdicción contenciosa en contra del Ministerio de la Protección Social, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, expresando que estas entidades se excedieron al recomendar y tomar dicha decisión.

El Ministerio de la Protección Social a través del Grupo responsable de la problemática de corrupción presentada en Foncolpuertos, la más grave y grande acaecida en la historia nacional y punto de referencia, impugnará la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y espera que esta Alta Corporación, acoja los fundamentos fácticos y jurídicos de la Nación, lo que además, sería una señal contundente contra los corruptos del país, no sólo en el caso Foncolpuertos sino en todas las esferas del Estado.

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