| 5/7/2010 1:30:00 PM

Metrovivienda protege los recursos del Distrito

En el año 2002 la empresa inició el proceso de expropiación No. 2002-1148, en el Juzgado Décimo Civil del Circuito, solicitando la entrega anticipada del predio, a fin de ejercer la actuación de custodia y vigilancia sobre el mismo, así como adelantar la ejecución del proyecto urbanístico para la Ciudadela El Porvenir.

Con respecto a la formulación de cargos que anunció, a través de los medios, la Personería Distrital en contra del gerente de Metrovivienda, Francesco Ambrosi Filardi, y su directora Corporativa, Olga Teresa de Jesús Ávila Romero, por "presuntas irregularidades" en la expropiación de un predio en la localidad de Bosa, Metrovivienda.

Que este es un proceso de expropiación que está vigente desde el año 2002 y que durante todo este tiempo se han adelantado las gestiones judiciales y administrativas para recibir a satisfacción los terrenos en mención, cosa que no ha sucedido, y poder desarrollar allí proyectos de vivienda de interés prioritaria que beneficien a los bogotanos más necesitados.

Además de esto, detectadas desde el año 2003 las ocupaciones irregulares, la empresa también interpuso las respectivas querellas ante la Alcaldía Local de Bosa y la Inspección de Policía con el fin de recuperar y proteger los intereses del Distrito frente este tema.

La siguiente es la cronología que detalla las acciones de Metrovivienda:

En el año 2002 la empresa inició el proceso de expropiación No. 2002-1148, en el Juzgado Décimo Civil del Circuito, solicitando la entrega anticipada del predio, a fin de ejercer la actuación de custodia y vigilancia sobre el mismo, así como adelantar la ejecución del proyecto urbanístico para la Ciudadela El Porvenir.


Posteriormente en el mes de septiembre del mismo año, el Despacho Judicial, ordenó a Metrovivienda, la consignación del 50% del valor del avalúo comercial, a órdenes del Juzgado, para lo cual la Entidad canceló la suma de $273.319.895, con el fin de proceder a la entrega anticipada del predio.

No obstante realizada la actuación anterior, el Despacho Judicial, suspendió la diligencia de entrega del inmueble hasta tanto no existiera un avalúo judicial definitivo, apartándose de lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, referente a la entrega anticipada.

Por otro lado, en el transcurrir procesal que siguió el caso, se evidenció que solamente hasta el año 2008, se profirió el avalúo judicial definitivo, el cual quedó en firme en el mes de mayo de 2008, cinco años después de proferida la sentencia, por la suma de $1.076.412.443.30.


De tal manera, que el Despacho Judicial, fundamenta su decisión en indicar que no procedía la entrega del inmueble hasta tanto no existiera el pago del avalúo judicial, el cual, se dio cinco años después de la sentencia, desconociendo, no solamente lo señalado en el Código de Procedimiento Civil, sino los motivos de utilidad pública e interés social que enmarca el proyecto de vivienda previsto.

Es preciso indicar que el artículo 458 del Código de Procedimiento Civil indica que el pago de la indemnización se da una vez registrada la sentencia y el acta de entrega. Esta última situación no se ha dado.


De otra parte, Metrovivienda, con el fin de proteger los recursos del Distrito ante las ocupaciones existentes desde el año 2002, y ante la falta de garantías procesales que permitieran obtener la entrega libre y efectiva del inmueble, se abstuvo de consignar la suma de $773.092.548, hasta tanto el Despacho Judicial no ordenara la entrega del inmueble, orden que no ha sido decretada por el Despacho Judicial.
Ocupaciones irregulares

Desde el año 2003 hasta el 2008, se encuentran relacionadas ocupaciones ilegales asentadas allí, de tal manera que el Despacho Judicial, en uso de sus facultades, podía efectuar la entrega anticipada del inmueble, ordenando el desalojo de los ocupantes y el eventual reconocimiento de mejoras existentes si había lugar a ello.


Sin embargo, ante la inexistencia de un pronunciamiento por parte del Juzgado referente a la entrega del inmueble, se presentó un incremento de los ocupantes irregulares a partir del año 2008 y el desmedro económico y demora en los desarrollos de los proyectos urbanísticos que adelanta la Entidad.

De tal manera, se puede concluir que el incremento de las ocupaciones irregulares en el predio, tuvieron como causa la falta de entrega del inmueble, amparado bajo un presupuesto jurídico, el cual fue dilatado durante cinco años hasta el pronunciamiento del avalúo judicial.


Metrovivienda interpuso las correspondientes querellas policivas, dado que era la herramienta jurídica que esta Entidad podía utilizar ante la existencia de una sentencia judicial. No obstante, los resultados de todos los procesos policivos fueron contrarios a los intereses de la Entidad, resolviendo primar el interés de los particulares allí asentados, debido a la imposibilidad de demostrar por parte de Metrovivienda, el ejercicio de la posesión pacífica, regular e ininterrumpida del predio.


Metrovivienda adelantó ante la Alcaldía Local de Bosa, las respectivas actuaciones a fin de evitar construcciones ilegales para lo cual, la Alcaldía mediante Resolución No. 10 de 2009, ordenó el sellamiento y suspensión de las obras, sin embargo, las actuaciones han sido infringidas por los ocupantes, persistiendo dicha situación, a lo cual la Alcaldía no ha dado cumplimiento a los trámites del proceso por infracción urbanística, el cual conlleva a la demolición de las obras ilegales, atendiendo lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley 9 de 1989 y el Decreto 1421 de 1993.


Igualmente, desde el mes de marzo del año anterior, se comenzó una campaña con funcionarios de la entidad, volantes, vallas, avisos y boletines de prensa alertando a la comunidad de la zona que sobre ese predio ninguna persona puede realizar ventas, arriendos, donaciones, construcciones o hipotecas.

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