| 9/8/2006 12:00:00 AM

Limbo legal para muchos hijos de inmigrantes residentes en EEUU

Cuando son detenidos, las autoridades suelen ceder la custodia a un padre o una persona designada que tenga residencia legal, pero les ordenan comparecer ante el juez. Los jueces pueden determinar el destino del niño y decidir si el gobierno no debe deportarlos.

Los Ángeles
 
A los 8 años y en busca de su madre, Jonathan Martínez emprendió un viaje con su primo desde El Salvador hasta la frontera mexico-estadounidense a fines del 2004.

Jonathan fue interceptado por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense cuando trataba de cruzar el desierto de Arizona. Durante varios días estuvo bajo detención, antes de que los agentes lo entregaran a su madre, a quien llevaba sin ver cuatro años.

Desde entonces, Jonathan ha aprendido inglés, juega para un equipo de fútbol y se comporta como cualquier niño de secundaria en Estados Unidos. La gran diferencia: Jonathan es inmigrante ilegal y un juez podría ordenar su deportación a El Salvador el lunes 11 de septiembre.

No importa que su madre viva y resida legalmente en una localidad cercana a Los Angeles. Una ley inmigratoria le impide solicitar a su hijo para que permanezca en Estados Unidos.

"No quiero regresarme, porque estaré solo", dijo Jonathan, que ya cumplió los 10 años.
El caso de Jonathan ilustra una creciente pregunta sobre el programa inmigratorio federal de "protección temporal", que acoge a la madre de Jonathan: ¿Qué pasa con los miles de niños de Centroamérica que llegan a Estados Unidos de forma ilegal para reunirse con sus padres?

El programa federal concede la residencia legal durante varios años a inmigrantes ilegales de El Salvador, Honduras y Nicaragua, países que en los últimos tiempos se han visto afectados por desastres naturales de gran magnitud.

El programa de protección temporal, que sólo se aplica a los inmigrantes ilegales de esos países que ya estén en Estados Unidos, sostiene que tales personas no tienen a dónde regresar, por lo que les son más útiles a sus naciones trabajando aquí y enviando el dinero a sus familias.

Como muchos de ellos llegaron a Estados Unidos sin sus hijos, con la esperanza de traerlos eventualmente, éstos se ven en un vacío legal. Tal es la situación de Jonathan.
El niño vive con su madre, pero no hay ningún tipo de visa que atienda su situación, ni siquiera una especial para menores que hayan sido abandonados o abusados. Tampoco serviría la petición de asilo, ya que es difícil argumentar que el niño se enfrentaría a persecución política o religiosa.

"Ellos vienen a reunirse con sus padres y descubren que no pueden quedarse", dijo Judy London, del Consejo Público, una entidad legal en Los Angeles que representa a estos menores.

El gobierno de Estados Unidos no lleva cuenta del número de menores detenidos con al menos uno de sus padres bajo el programa de "protección especial", ni tampoco el número de deportados. Los abogados de inmigración y los defensores dicen que las cifras se han multiplicado.

La razón del incremento es que el programa, que fue creado con carácter temporal, es ahora permanente. Desde el terremoto que devastó El Salvador, el gobierno ha ido extendiendo las visas. En la actualidad 230.000 salvadoreños, y además 85.000 hondureños y nicaragüenses cuentan con dicha visa.

Muchos de los hijos de estas personas han ido creciendo y tomado la decisión de unirse a sus padres.

Las autoridades detuvieron el año pasado a casi 115.000 niños que trataban de ingresar a Estados Unidos, dijo la Patrulla Fronteriza. La mayoría proviene de México y son deportados de inmediato.

De los casi 20.000 menores detenidos cada año que no son mexicanos, el mayor número proviene de Honduras y El Salvador, mientras que Nicaragua queda bastante relegado.

El número de casos que el gobierno ha manejado _incluyendo de niños_ ha pasado de 7.800 en 2002 a 5.838 el año pasado, según datos del Departamento de Justicia.

La abogada de Jonathan, Julianne Donnelly, espera que el caso se sume a esa estadística.

La madre del niño, Rosalía Montoya, contó que su hijo le dijo en múltiples ocasiones por teléfono que quería estar con ella, pero jamás pensó que iba a emprender el viaje.

Cuando hospitalizaron a la tía con la que se estaba quedando, el niño dijo que empezó a sentirse solo y tomó una serie de buses hacia el norte con su primo. Primero pasaron por Guatemala, luego México y finalmente se toparon con la frontera con Estados Unidos.

Cuando Montoya, de 32 años, supo de la desaparición de su hijo, pensó que lo habían matado unas pandillas. Ahora su preocupación es saber qué hará con su hijo si lo deportan.

La tía que lo cuidaba se ha ido de El Salvador, dijo Montoya, sus abuelos ya son demasiado mayores para cuidarlo, y el papá desapareció hace años.

Montoya podría volverse, pero anda preocupada si ganará lo suficiente para la manutención de Jonathan y su medio hermana de 3 años, que nació en Estados Unidos.

"Estoy nerviosa y preocupada", dijo. "Yo me digo, 'Dios mío, ¿qué va a pasar cuando estemos frente al juez?"

 
FUENTE: AP
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