| 3/1/2010 10:30:00 AM

Juez español acusa a Venezuela de amparar colaboración ETA-Farc

Un juez español acusó el lunes al gobierno venezolano de Hugo Chávez de amparar la relación entre la banda separatista vasca ETA y la guerrilla colombiana de las FARC y dijo que las dos organizaciones colaboraron para atentar contra el presidente Alvaro Uribe.

Madrid.- En un auto judicial de 26 páginas, el magistrado Eloy Velasco procesó a seis activistas de ETA, la mayoría exiliados en Cuba y Venezuela, y a siete de las FARC por distintos delitos de integración terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios. "Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA", afirmó Velasco, quien culmina con estas acusaciones una investigación iniciada en 2008.

Por ejemplo, el juez relata que en 2007, dos activistas de ETA impartieron un curso sobre manejo de explosivos a varios miembros de las FARC en algún punto de Venezuela al que accedieron con escolta militar de la inteligencia venezolana. Uno de los organizadores del entrenamiento fue el presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, señalado como la persona clave en la cooperación ETA-FARC. Según el juez, Cubillas Fontán reside en Venezuela, donde en 2005 fue nombrado por Chávez director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura.

Cubillas era responsable del colectivo de ETA en esa zona desde 1999.

El auto fecha en 1993 el arranque de los contactos entre las dos organizaciones, que se intensificaron a partir del 2000. El juez aseguró que mientras los activistas etarras se entrenaban en campos de las FARC, miembros de la guerrilla colombiana se desplazaron a España para planear atentados contra la vida del presidente colombiano Alvaro Uribe y la de su antecesor Andrés Pastrana.

Velasco aseguró que el guerrillero de las FARC Víctor Ramón Vargas Salazar, alias "Chato", viajó a España en el 2000 para vigilar los movimientos en torno a la embajada de Colombia en Madrid. Vargas Salazar informó, según el magistrado, que asesinar a Pastrana y atacar la sede consular "no sería difícil" si se contaba con la ayuda de ETA.

Posteriormente, en 2003, cuando Pastrana dejó la presidencia y vivía en Madrid, la organización etarra comunicó a las FARC que sería sencillo localizar al ex mandatario. El juez indicó que "más recientemente", aunque sin detallar una fecha, las FARC y ETA pudieron realizar seguimientos similares con la idea de planear un atentado contra Uribe, quien ha visitado la capital española en numerosas ocasiones. La más reciente, en abril del año pasado. El caso de la colaboración entre ETA y las FARC en España comenzó a finales de noviembre de 2008, cuando la Fiscalía presentó una querella en la Audiencia Nacional española. La acusación se basó, en gran parte, en los correos electrónicos incautados en el computador del jefe guerrillero Raúl Reyes, muerto en marzo de 2008 en una operación militar del Ejército colombiano.

Además de Cubillas Fontán, los presuntos etarras procesados en la causa son José Ignacio Echarte Urbieta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio _ los tres radicados en Cuba desde los años 80, según el magistrado _, Ignacio Domínguez Achalandabaso _ en paradero desconocido _ y José María Zaldúa Corta _ actualmente en México _.

El juez también acusó a la ciudadana española Remedios García Albert, no vinculada a ETA, pero considerada el enlace de las FARC en España en otro sumario instruido por el juez Baltasar Garzón. Los supuestos miembros de las FARC procesados, muchos en paradero desconocido, son Emiro del Carmen Ropero Suárez, alias "Rubén Zamora", jefe del Frente 33, Rodrigo Granda Escobar _ responsable de relaciones internacionales _, Luciano Martín Arango, alias "Iván Márquez" miembro del secretariado, Omar Arturo Zabala Padilla, alias "Lucas Gualdrón", representante de las FARC en Suiza, Víctor Ramón Vargas Salazar, "Chato", y Edgar Gustavo Navarro Morales, "Mocho".

Velasco ordenó que se traslade el auto de procesamiento a la cancillería y al ministerio del Interior españoles para que realicen las gestiones necesarias ante los gobiernos de Cuba y Venezuela en la entrega de los acusados que se refugian en estos países.

AP

 

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