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Inquilinos presentan polémico proyecto de ley de arrendamientos en Venezuela

Movimientos de inquilinos afines al Gobierno de Hugo Chávez presentaron hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela un polémico proyecto de Ley de Arrendamientos que prevé, entre otros puntos, que un inquilino no pueda ser desalojado si no tiene un lugar a donde ir a vivir.

2 de marzo de 2011

Caracas - Tras un marcha integrada por diferentes movimientos de inquilinos que apoyan al presidente venezolano, los representantes de la manifestación entregaron el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios en la Asamblea Nacional con 413.000 firmas de apoyo, según medios locales.

La propuesta entregada prevé la regulación del canon de alquiler y precios de venta para todos los inmuebles para evitar la especulación, la regulación de las pensiones y habitaciones en alquiler y la protección de grupos vulnerables, informó el diario gubernamental El Correo del Orinoco.

Además, amplía de dos meses de impago a cuatro meses el tiempo necesario para que un propietario pueda demandar a un inquilino; prevé que si un inquilino no ha conseguido un lugar donde habitar no podrá ser desalojado.

La propuesta surge en momentos en que el Gobierno de Chávez se ha volcado a la tarea de reducir el déficit de inmuebles en el país y ha prometido la construcción de dos millones de viviendas en los próximos seis años.

Ana María Rodríguez, una de las integrantes del movimiento popular Red de Inquilinos, que presentó la propuesta, indicó en la Asamblea que la normativa busca eliminar las medidas de secuestro; los desalojos forzosos y arbitrarios; generar deberes, derechos y garantías en condiciones de igualdad.

El proyecto presentado hoy ha sido rechazado por el presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, quien calificó en declaraciones a Efe la propuesta de "sesgada" e "inconstitucional".

A su juicio, la nueva propuesta entregada en la Asamblea Nacional "atenta contra la propiedad privada de miles de familias" porque dificulta la recuperación de los inmuebles alquilados, promueve la expropiación de los mismos y baja el margen de rentabilidad del propietario.

Orta ha enviado a la Asamblea Nacional una petición para que se retome la discusión sobre la reforma de la Ley de Arrendamiento, que fue aprobada en primera discusión en 2007.

El representante de los propietarios, que ha solicitado una audiencia con las autoridades del Poder Legislativo, abogó por estudiar "en profundidad" la reforma de esta polémica ley.

"La Asamblea Nacional tiene que escuchar a todas las partes", aseveró Orta, quien mostró su confianza en que los representantes gubernamentales atiendan la petición de los propietarios.

En enero pasado, la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela instó a los jueces a "limitar temporalmente" toda medida judicial "de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación".

La medida fue planteada "en virtud de las calamidades y desastres naturales generados por las lluvias" al final del año pasado, que afectaron a más de 130.000 personas.

 

(Efe)