Indios y campesinos ocupan obras de polémica represa en Amazonía brasileña

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la iglesia Católica, informó de que la ocupación ha movilizado a 600 personas entre indios de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas, donde se va a levantar la represa.

Una fuente del consorcio Norte Energía, que aglutina a las empresas públicas y privadas que ejecutan el proyecto, dijo a Efe que las obras fueron ocupadas inicialmente por cerca de 100 manifestantes, aunque no pudo confirmar si ese número ha aumentado.

Los manifestantes dijeron haber cortado la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (Pará), y acamparon en el sitio de las obras, con pretensión de quedarse de forma "permanente", según un comunicado del Cimi.

La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar "el fin de las obras" de Belo Monte.

Las constructoras realizaron hoy una reunión de urgencia para definir una estrategia, negociar con los ocupantes y buscar "la mejor solución posible", según dijo una portavoz de Norte Energía.

Belo Monte se comenzó a construir el pasado marzo en Altamira, a un coste de 10.600 millones de dólares, y según el proyecto, inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 vecinos.

La central será la tercera mayor del mundo, por detrás de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay) con una potencia máxima de 11.233 megavatios.

La justicia brasileña tiene abiertas doce causas en contra del proyecto. Este miércoles un tribunal federal suspendió por segunda vez un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indios.

La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica.

El Gobierno rechazó enviar un representante a la audiencia de este miércoles en la CIDH, donde las ONG y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Dilma Rousseff, al que acusan de mantener una "actitud vergonzosa" contra ellos.


EFE