Indígenas colombianos critican en España el modelo político minero de Santos

Madrid - En una entrevista con en la sede de la ONG Almáciga, Ricardo Alberto Rojas, miembro de Casa del Pensamiento, indicó que el 60% del Cauca "está ya concesionado a 50 años a una multinacional canadiense conocida en todo el mundo por violaciones reiteradas y sistemáticas de derechos humanos".

"Todo esto lo que hace es intensificar el conflicto armado. La ofensiva minera se suma en el territorio al combate entre Ejército y guerrillas, al paramilitarismo, que sigue en la región reconvertido en bandas criminales, y al conflicto histórico de los terratenientes", dijo.

Según Rojas, cuando se cumplen 300 días la llegada de Santos al Gobierno, los cambios "están dentro de un proceso de continuidad. En las políticas de derechos humanos, de diálogo de paz, no ha cambiado nada".

"Santos se rige por un mismo Plan Nacional de Consolidación que Uribe, es decir la estrategia que el Gobierno implementa para la recuperación y control territorial, pero con el elemento adicional del modelo extractivo minero, básicamente de petróleo y oro, que supuestamente ayudará a resolver la crisis fiscal del país", apuntó.

Sin embargo, puntualizó, mientras el anterior presidente "tildaba a todo el mundo que hiciera oposición de terrorista", Santos plantea el diálogo con los sectores sociales y con la misma oposición, "aunque ese discurso no ha logrado trascender del Ejecutivo hacia abajo".

"El Ejército colombiano sigue permeado por el paramilitarismo, la corrupción, el narcotráfico y, en general, no se ven cambios sustantivos en la aplicación de una nueva política", afirmó.

En el tratamiento con los sectores sociales, "si bien ha habido un intento de Santos por establecer diálogos", Rojas aclaró que "tampoco hemos visto que se traduzca en medidas concretas de protección a los líderes y defensores de derechos humanos".

"En los 300 días de existencia del nuevo Gobierno, el pueblo Nazca ha registrado 1.250 afectados por casos de violación, asesinatos, desapariciones, amenazas, muertos por masacres o heridos, una cifra superior a la de un año antes", destacó.

Jaime Yatacue, consejero mayor de la Acin, explicó que son varios puntos los que les preocupan del gobierno de Santos, de quien dijo "cree que somos unas fichas de su dominó de consumismo".

Entre esas preocupaciones se encuentran el Plan de Desarrollo Nacional, que según Yatacue "no fue consultado con los pueblos indígenas"; la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que desde la Acin se considera simplemente de "devolución de títulos", la de Sostenibilidad Fiscal y la de Regalías Mineras.

En medio de esa lucha legal, las comunidades indígenas del Cauca siguen trabajando agrupadas en un gran tejido social que trata de combatir las violaciones de los derechos humanos de hombres y mujeres, y de proporcionar un futuro a sus hijos más allá de las guerrillas.

Según fuentes militares, las Farc siguen reclutando indígenas colombianos menores de edad, un hecho que no sorprende a Ana Deida Secue, Coordinadora del Tejido Justicia y Armonía, quien aseguró que, "acostumbrados al sonido de las balas, los niños quieren ser guerrilleros de mayores".

"Por eso trabajamos con sus madres, pero también con ellos, para que puedan crecer sabiendo que tienen otras alternativas", concluyó.

EFE